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Hasta principios de 1914, los recelos y desconfianzas mutuas primaron
en las relaciones entre la Argentina, Brasil y Chile, a pesar del acuerdo argentino por
negociar un tratado de alianza con Chile, que incluyó a Brasil en 1908; del alejamiento,
en ese mismo año, de Estanislao Zeballos, impulsor del armamentismo argentino frente a
Brasil; del cambio de presidentes en 1910 en la Argentina, Brasil y Chile; de la muerte,
en 1912, del barón de Río Branco, impulsor de la carrera armamentista brasileña frente
a la Argentina; y de los esfuerzos chilenos entre 1910 y 1912 por ver cristalizada una
alianza entre los tres países sudamericanos.
No obstante, a principios de 1914 se dio una situación inesperada: el
gobierno norteamericano solicitó los buenos oficios de la Argentina, Brasil y Chile para
mediar en el conflicto desatado entre la Casa Blanca y México. El sueño chileno de una entente
del ABC, por tantos años postergado, pareció convertirse en realidad impulsado por la
solicitud del gobierno norteamericano. A esto se sumó otro factor que ayudaba a disipar
los recelos entre las tres potencias subregionales: la cancelación, por parte del
gobierno de Brasil, de la compra del tercer dreadnought, actitud que establecía
una paridad de facto entre los poderes navales argentino, brasileño y chileno (1).
Luego de la ocupación de Veracruz, en abril de 1914, por las fuerzas
norteamericanas, los representantes de Chile, la Argentina y Brasil se encontraron junto a
las partes litigantes en Niagara Falls (Canadá). En un primer momento, la reunión
pareció apuntada a concretar la mediación conjunta de los tres países latinoamericanos,
estimulados por el propio presidente norteamericano Woodrow Wilson, quien había
manifestado que la diplomacia norteamericana de continuo intervencionismo había quedado
atrás. Sin embargo, dicha mediación conjunta no pasó de ser una ilusión, ya que la
administración Wilson pretendió, durante la reunión de Niagara y posteriormente,
dominar no sólo el curso de los acontecimientos políticos internos mexicanos, sino el de
los de todos los países de la región, a través de una estrategia que David Sheinin
denomina "diplomacia de control" (2).
Según Sheinin, a principios del siglo XX, el gobierno norteamericano
orquestó la mencionada "diplomacia de control", procurando integrar a los
países sudamericanos -Argentina incluida- en un sistema panamericano dominado por Estados
Unidos. Dicha estrategia reflejó el ascenso de Estados Unidos como potencia imperial en
la región, y buscó impulsar el crecimiento industrial norteamericano. Durante las
décadas de 1910 y 1920, el imperialismo norteamericano se expandió hacia los estados de
Sudamérica, cuyo mayor poder relativo respecto de las débiles naciones de América
Central y el Caribe hizo que la Casa Blanca adoptara en sus casos formas mucho más
sutiles que las utilizadas con los últimos, donde la intervención militar directa fue
moneda corriente.
En el caso argentino, el fracaso de la promesa de una economía
diversificada, y la expansión del capitalismo norteamericano como abastecedor de
productos manufacturados al mercado argentino fueron factores vinculados a esta
"diplomacia de control" y al ascenso de la influencia económica norteamericana
en la Argentina, especialmente notoria a partir de los años de la Primera Guerra. Según
Sheinin, la compra de barcos de guerra norteamericanos por parte de la Argentina en 1910,
y la Conferencia de Niagara Falls en 1914 fueron ejemplos de esta "diplomacia de
control" previos a la guerra.
Para el mencionado autor, la participación argentina, brasileña y
chilena en la mediación del conflicto norteamericano-mexicano fue una prueba contundente
de la eficacia de la "diplomacia de control" del gobierno norteamericano. Bajo
la administración de Wilson, llegado al poder en 1913, se adoptó inicialmente una nueva
variante del Corolario Roosevelt, consistente en demandar estabilidad a los gobiernos de
la región, y colocar la adopción de un régimen democrático como condición para el
reconocimiento diplomático. En este contexto, la presencia en México del régimen del
general Victoriano Huerta, llegado al poder luego de la caída del gobierno
liberal-popular de Francisco Madero y el asesinato de éste por parte de los sectores
militares, representaba un serio escollo para la administración norteamericana.
Frente al problema, el presidente Wilson planeó al principio la
intervención militar, tomando Veracruz y amenazando llegar a la propia ciudad de México.
Pero, temiendo los efectos de una prolongada aventura militar, las autoridades del
Departamento de Estado tomaron en cuenta la opinión del embajador argentino en
Washington, Rómulo S. Naón, quien ofreció como alternativa la mediación tripartita de
argentinos, brasileños y chilenos (el llamado ABC) para resolver la pugna, desatada en
México, entre el régimen militar de Victoriano Huerta y el jefe de los insurgentes
constitucionalistas, Venustiano Carranza. El propio Naón participó en la mediación del
ABC, junto a Eduardo Suárez Mugica por Chile, y Dominicio da Gama por Brasil. Contra los
deseos del embajador Naón, la mediación del ABC pronto demostró ser tan sólo una
máscara de mediación multilateral, que ayudaba a ocultar los reales planes del gobierno
norteamericano para desestabilizar el régimen de Huerta en México.
La conferencia entre las partes litigantes, los mediadores y los
representantes norteamericanos se celebró en terreno neutral, en la ciudad de Niagara
Falls, en la provincia de Ontario, Canadá, durante mayo y junio de 1914. La mediación
del ABC constituyó un medio de controlar las tensiones internas mexicanas, a través de
una fachada artificial de negociación multilateral encabezada por "poderes"
regionales, que en definitiva ocultaba la política de intervención unilateral
norteamericana en México. De hecho, el propio gobierno de Estados Unidos se encargó de
sabotear los propósitos de mediación del ABC. Durante los dos meses en que tuvo lugar la
conferencia, las autoridades norteamericanas, por un lado, mantuvieron la ficción de una
efectiva mediación multilateral y, por el otro, adoptaron una serie de esfuerzos
diplomáticos unilaterales tendientes a desestabilizar el régimen de Huerta. Entre éstos
se contaron los contactos secretos de John Lind, representante del Departamento de Estado
norteamericano, con la facción revolucionaria mexicana más aceptable para el gobierno de
Wilson, la de los constitucionalistas de Venustiano Carranza (3).
Las divergencias respecto de la mejor salida para la crisis interna
mexicana evidenciaron tanto las limitaciones del margen real de maniobra de los miembros
del ABC, como las diferencias existentes entre éstos y la óptica del gobierno
norteamericano. La primera de estas diferencias estuvo vinculada a la exigencia
norteamericana de la renuncia de Huerta, como paso previo a cualquier negociación. El
canciller argentino José Luis Murature se sintió particularmente molesto con la
insistencia norteamericana en buscar la remoción de Huerta del gobierno mexicano. Días
antes de la conferencia de Niagara Falls, Murature anticipó correctamente la
contradicción inherente a la inflexible postura de la administración Wilson, advirtiendo
al embajador Naón que el dogmatismo del presidente norteamericano socavaría los
esfuerzos de mediación del ABC en la crisis mexicana.
Sin embargo, Murature no adoptó una actitud de confrontación hacia
las autoridades norteamericanas respecto de la remoción de Huerta (4). Finalmente, hacia
fines de mayo de 1914, los delegados del ABC aceptaron la exigencia norteamericana y, a su
vez, plantearon a los representantes mexicanos que la renuncia de Huerta era la única
forma de prevenir un caos político en México. Huerta aceptó la propuesta ya que su
poder estaba evidentemente debilitado por la presión norteamericana.
Las exigencias norteamericanas de que Huerta renunciara al gobierno
mexicano, y que Carranza y los constitucionalistas asumieran al poder en su reemplazo
desvirtuaron la esencia del esfuerzo mediador del ABC, demostrando sus limitados alcances.
El gobierno de Wilson demostró, desde el inicio del proceso, su preferencia por una de
las partes en conflicto. Para Wilson, Carranza debía ser el reemplazante del régimen de
Huerta, y la utilidad del ABC debía limitarse a la consolidación de ese objetivo. Pero
en la opinión de los miembros del ABC, este candidato no era neutral, y constituía una
amenaza a la estabilidad política mexicana. Los tres delegados latinoamericanos buscaron
entonces un candidato "neutral" a las partes en conflicto, es decir no
identificado con el régimen de Huerta ni con los constitucionalistas de Carranza, para
ocupar un gobierno provisional. Este fue Pedro Lascuráin. Como era de esperarse, los
norteamericanos, identificados con Carranza, se opusieron a Lascuráin como candidato al
gobierno mexicano.
Al no lograr un respaldo efectivo de parte de los norteamericanos, ni
de los constitucionalistas mexicanos encabezados por Carranza -que nunca aceptaron el cese
del fuego exigido por los miembros del ABC como paso previo a la mediación-, los tres
diplomáticos latinoamericanos optaron por votar un receso indefinido para unas
negociaciones que nunca tuvieron el oxígeno necesario. Por cierto, la caída de Huerta se
dio más allá de la Conferencia de Niagara Falls y fue un éxito de la "diplomacia
de control" norteamericana, ejercida en forma paralela a esta conferencia. El
principal objetivo norteamericano al participar de la Conferencia no fue el de mediar
entre las partes en conflicto, como quisieron los miembros del ABC, sino el de remover del
poder a Huerta. Una vez logrado ese objetivo, las autoridades norteamericanas buscaron
digitar al futuro sucesor en el gobierno mexicano, desvirtuando la esencia del proceso
mediador del ABC.
Mientras los delegados argentino, brasileño y chileno consideraron la
conferencia de Niagara Falls como la oportunidad para un esfuerzo importante de mediación
internacional que otorgaría prestigio a cada uno de sus países, lo cierto fue que el
gobierno norteamericano se embarcó en una decidida política unilateral de acercamiento a
los revolucionarios mexicanos, demostrando que la conferencia de Niagara Falls fue un
simple espejismo funcional a los intereses norteamericanos. Al convencer a las naciones
del ABC de participar de esta conferencia, el gobierno norteamericano introdujo una nueva
táctica en su estrategia de control diplomático en la región. La mediación de Niagara
Falls fue la primera conferencia interamericana donde la hostilidad norteamericana a un
gobierno latinoamericano -el régimen de Huerta en México- fue legitimada por la acción
de otras repúblicas latinoamericanas. A través de sus esfuerzos de mediación, los
representantes del ABC otorgaron legitimidad a la intervención militar norteamericana e
indirectamente contribuyeron a la caída de Huerta y al fortalecimiento de Carranza como
su sucesor (5).
Por su parte, Ricardo Couyoumdjian señala que el recurso a la
mediación de las repúblicas del ABC -Argentina, Brasil y Chile- en el conflicto entre
los gobiernos de Estados Unidos y México fue en realidad una maniobra norteamericana para
retirarse decorosamente, luego de su desafortunada intervención al sur de Río Grande
(6).
E. Meneses C., op. cit., p. 64.
Ver al respecto la tesis doctoral de David Matthew Khazanov Sheinin, The Diplomacy of control: United States-Argentine Relations, 1910-1928, Ph. D. dissertation, The University of Connecticut, 1989.
John Lind, agente especial del Departamento de Estado norteamericano en México, coordinó esta manipulación diplomática de la conferencia de Niagara Falls, quitando contenido real a los esfuerzos de mediación del ABC. Ver al respecto D. Sheinin, op. cit., pp. 55-57.
Murature to Naón, 9 May 1914, Carpeta 17, Expediente 2, Tomo 1, Caja 7, México, Records of Political Division, MRE, fuente citada en ibid., p. 58.
Ibid., pp. 71-72.
Cristián Guerrero Yoacham, Las Conferencias del Niágara Falls: la mediación de Argentina, Brasil y Chile en el conflicto entre Estados Unidos y Méjico en 1914, Santiago, 1966, fuente citada en el artículo de Ricardo Couyoumdjian, "En torno a la neutralidad de Chile durante la Primera Guerra Mundial", en Walter Sánchez G. y Teresa Pereira L. (ed.), op. cit., pp. 185-186.
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