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En 1885, una ley brasileña que elevaba los derechos de importación sobre el tasajo y sebo argentinos provocó el reclamo del gobierno de Roca, invocando la cláusula de nación más favorecida, según el artículo 6º del tratado de 1856, pero el gobierno brasileño sostuvo que no había habido ningún propósito de violar el tratado. Agregó además que para que la cláusula invocada por las autoridades de Buenos Aires fuera aplicable, debían existir tres condiciones: igualdad, reciprocidad y compensación. Debido a que, según la opinión oficial brasileña, el gobierno argentino no había cumplido ninguno de esos tres requisitos, no tenía derecho a reclamo (1).
    Facilitado en gran medida por las aún no delimitadas fronteras de los ríos Paraná y Uruguay, el contrabando fluvial desde Uruguay, Paraguay y Brasil, destinado al mercado argentino, había registrado un importante incremento. El gobierno argentino adoptó entonces un conjunto de medidas, entre ellas la prohibición del comercio entre los puertos argentinos y los puertos ribereños de las naciones limítrofes, por medio de embarcaciones sin cubierta y sin arboladura, cuya capacidad fuese menor de diez toneladas de registro. Esta medida extrema generó, en 1891, un reclamo del representante de Brasil en Buenos Aires, por considerar que la misma violaba la plena libertad de navegación de los ríos, garantida al Brasil desde los tiempos del gobierno de Urquiza. El reclamo brasileño no prosperó, dado que realmente estas embarcaciones en ríos angostos eran el vehículo del contrabando. Las autoridades argentinas replicaron a las brasileñas que reglamentar policialmente el comercio no implicaba impedir la libre navegación y alterar el contenido del tratado, sino limitar y combatir el contrabando (2).
    El tercer problema, de carácter sanitario-comercial, estalló en 1891, cuando apareció la fiebre amarilla en el puerto de Santos y se propagó desde allí a otras regiones del Brasil. Ante esta epidemia, el gobierno argentino resolvió declarar como afectado dicho puerto y como sospechosos los demás. Las autoridades brasileñas protestaron contra esta medida, declarando que la misma violaba una convención sanitaria vigente y que afectaba el comercio bilateral. Pero la propagación de la fiebre amarilla en territorio argentino demostró que las medidas adoptadas eran correctas (3).

  1. Isidoro Ruiz Moreno, Historia de las relaciones exteriores argentinas (1810-1955), Buenos Aires, Perrot, 1961, p. 82.

  2. Ibid., p. 84.

  3. Ibid., p. 83.

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