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Declarada la guerra del Pacífico en 1879, el gobierno argentino proclamó su neutralidad, tomando luego algunas decisiones que demostraran que aquélla era respetada. Dispuso, por ejemplo, la interdicción de armas en la frontera norte, medida que afectó las posibilidades de provisión bélica para las autoridades de La Paz, quienes no tardaron en hacer oír su voz de protesta. Una nota de la cancillería boliviana, fechada el 10 de agosto de 1880, expresaba que la interdicción argentina sobre el comercio de armas era una medida que se oponía al derecho internacional y a las estipulaciones del tratado de comercio celebrado en 1865 entre la Argentina y Bolivia. Señalaba además que por el tratado de 1868 estaba consagrado el principio de libre tránsito comercial sin ninguna prohibición, restricción o gravamen. Sostenía, por último, que los tratados de 1865 y 1868 debían observarse porque, por efectos de la guerra con Chile, Bolivia tenía obstruida su salida al Pacífico, no quedándole más vía de contacto comercial que la Argentina. Dada esta delicada situación, si la vía argentina le era clausurada al gobierno boliviano, "habría un acto de hostilidad contra Bolivia a quien se entregaría maniatada contra el enemigo, alterando el principio sentado por la Argentina de que la victoria no da derechos" (1).
    El 22 de diciembre de 1880, el canciller argentino Bernardo de Irigoyen respondió al reclamo de su colega boliviano, diciéndole que era exacta su apreciación acerca de la libertad de comercio, pero que

cuando las expediciones de armas son hechas por los agentes de los beligerantes y en escala considerable, al grado de convertirse en verdaderos auxiliares de la guerra, los gobiernos neutrales deben tomar las diligencias que esté en la esfera de sus facultades para impedirlas, a fin de no verse en la necesidad de concentrar operaciones iguales al otro beligerante, convirtiendo su territorio por esta tolerancia, en centro de expediciones que no están de acuerdo con una política imparcial.

Agregaba el canciller argentino que

las leyes de la República autorizaban el comercio de armas (y) que los particulares habían aprovechado esa libertad, haciendo algunas expediciones para Chile y otras para Bolivia sin que el gobierno argentino hubiera alcanzado a impedirlo, porque revistiendo todas las condiciones de negocios privados, y habiéndose verificado en escala poco importante, escapaban a la acción de las autoridades. Pero no podía desprenderse de sus facultades para impedir expediciones que apartándose de los límites de negocios exclusivamente privados o mercantiles, se propusieran beneficiar a uno solo de los beligerantes, pues ello estaría en desacuerdo con su política neutral en la lucha que desgraciadamente dividía a las otras repúblicas hermanas (2).

Sin embargo, a pesar de su neutralidad en la guerra del Pacífico, las autoridades argentinas no dejaron de jugar un rol importante en el delicado equilibrio de fuerzas del Cono Sur, y especialmente relevante en relación a las naciones "menores" en términos de poder en la subregión. Así, la cancillería argentina emprendió una serie de acciones diplomáticas apuntadas a evitar que Chile pudiera obtener grandes ganancias, sobre todo territoriales, a costa de los países vencidos, Perú y Bolivia. En la base de la actitud argentina estaba el temor a que, luego de la victoria sobre Perú y Bolivia, Chile buscara expandirse sobre territorio argentino. La percepción predominante en los hombres del gobierno argentino, durante las décadas de 1870 y 1880, respecto de su situación de inferioridad de fuerzas militares en comparación con las de Chile había contribuido a exacerbar dicho temor. Por su parte, el gobierno y la diplomacia de Bolivia percibieron en la Argentina el contrapeso al expansionismo de Chile, su poderoso vecino.
    Por cierto, en el delicado equilibrio de poder del Cono Sur, Bolivia se convirtió en un país relevante en la agenda de política exterior argentina en términos de su enfrentamiento con las autoridades chilenas. Un acercamiento entre las autoridades de Buenos Aires y La Paz fue una alternativa manejada por la diplomacia argentina como forma de presionar a las autoridades de Santiago en la dura disputa limítrofe y disputarles la influencia sobre Bolivia y la Puna de Atacama. Así, la diplomacia argentina no dudó en explotar a su favor los resentimientos de los gobiernos de Bolivia y Perú hacia el de Chile, generados por sus pérdidas territoriales en la guerra del Pacífico.
    Durante las décadas de 1880 y 1890, dos elementos del acercamiento argentino-boliviano fueron motivo de preocupación para las autoridades chilenas: los tratados de límites y el proyecto estratégico argentino de construir una línea ferroviaria a Bolivia, conectando las localidades argentinas de Buenos Aires y Jujuy con la boliviana de Oruro. Lo último resultaba un abierto desafío a la hegemonía chilena sobre el Pacífico en dos sentidos. Por un lado, era lesivo para los intereses comerciales de la localidad chilena de Antofagasta, que proyectaba un ferrocarril para consolidar su influencia económica sobre el Altiplano. Por el otro, la concreción del proyecto argentino implicaba la ruptura del aislamiento de Bolivia al otorgarle salida al Atlántico (3).

  1. Isidoro Ruiz Moreno, Historia de las relaciones exteriores argentinas (1810-1955), Buenos Aires, Perrot, 1961, p. 267.

  2. Ibid., pp. 267-268.

  3. Robert N. Burr, By Reason or Force. Chile and the Balancing of Power in South America, 1830-1905, Berkeley, University of California Press, 1965, p. 208.

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