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En 1909, los gobiernos argentino y boliviano interrumpieron sus relaciones diplomáticas a raíz de complicaciones derivadas de la mediación argentina en el conflicto limítrofe peruano-boliviano. Las autoridades de Lima y La Paz, al ajustar el tratado del 30 de diciembre de 1902, se comprometieron a someter todos los diferendos derivados de la cuestión limítrofe al arbitraje del presidente argentino. En 1904, los gobiernos peruano y boliviano acordaron someter sus diferencias a la decisión del árbitro, el entonces presidente argentino Manuel Quintana. El plazo para la presentación de la documentación vinculada a la cuestión limítrofe por parte de las partes en litigio se prorrogó hasta 1906, fecha de la muerte de Quintana, cuyo arbitraje pasó a manos de su sucesor en la presidencia argentina, José Figueroa Alcorta.
    Una vez agotado el plazo para la presentación de la documentación y argumentos por parte de los litigantes, cerrada la fase de estudio del conflicto limítrofe por parte del árbitro, y en momentos en que éste estaba a punto de dar su fallo, el ministro de Bolivia en Buenos Aires, José María Escalier, presentó, el 6 de julio de 1909, una nota al canciller argentino, Victorino de la Plaza, solicitando que el árbitro "suspenda el laudo, para la realización de una inspección ocular". Por cierto, el pedido del diplomático boliviano resultaba jurídicamente improcedente, por cuanto había ya expirado el plazo para presentar alegatos. Basado en estas razones, el día 8, el canciller de la Plaza respondió en forma negativa al pedido de Escalier, "por haber sido presentado fuera de tiempo, y por estar el pleito en condiciones de ser fallado" (1).
    Como reacción a la negativa argentina, el representante diplomático boliviano no asistió a la ceremonia de entrega del laudo, fijada para el día 9 de julio, ocasión en la cual los representantes de La Paz y Lima debían firmar el acta correspondiente. En nota del día 10, Escalier justificaba su actitud argumentando

que el Gobierno de Bolivia cree necesario, antes de comprometer su aceptación, conocer las razones de orden superior por las cuales se dicta el laudo, para lo que se apoya en la magnitud de los intereses de Bolivia comprometidos en esta solución y dada la excitación reinante en el país (...) (2)

Dado que el ministro Escalier ratificó en términos corteses las razones de su inasistencia al acto de entrega del fallo arbitral por nota del 15 de julio, la cuestión no hubiera llegado a mayores de no haberse producido las manifestaciones antiargentinas que tuvieron lugar en la ciudad de La Paz, protagonizadas por los medios de prensa y la opinión pública. Dos telegramas del ministro argentino en la capital boliviana, Baldomero Fonseca, del día 9, expresaban al respecto que "toda la prensa sigue atacando sin altura al árbitro" y que "en estos momentos el pueblo apedrea a la Legación, dando mueras a nuestro país y a nuestro presidente". Agregaba el ministro en dichos telegramas que "las fuerzas policiales bolivianas llegaron con inexplicable, casi deliberado, retardo, sin realizar esfuerzos para una eficaz protección" a la legación argentina (3).
    Si bien al día siguiente del mencionado incidente el presidente de Bolivia, Ismael Montes, envió a su edecán ante el ministro Fonseca para presentar las excusas oficiales y promesas de medidas de seguridad, en poco tiempo nuevamente fue apedreada la legación argentina. Otro telegrama del plenipotenciario Fonseca, del día 10 de julio, anunciaba que "habrá a las 12 una gran manifestación contra la República Argentina, incitada por la prensa". Ante la gravedad de la situación, el canciller de la Plaza dio instrucciones a Fonseca de publicar un comunicado en la prensa de La Paz, aclarando la situación; de abstenerse de concurrir a actos oficiales, y de exigir del gobierno boliviano explicaciones satisfactorias respecto de los incidentes. Fonseca comunicó al canciller argentino, por telegrama del día 11, que resultaba "imposible publicar el comunicado", y que tanto el presidente Figueroa Alcorta como el pueblo argentino eran objeto de epítetos denigrantes, mencionando además un intento de invasión de la legación argentina, que debió ser repelido por la violencia. También hubo manifestaciones antiargentinas en otras ciudades bolivianas, tales como Tupiza y Oruro. El cónsul Ricardo Acuña informaba desde Tupiza que había sido atacado el edificio del consulado, destruidos los vidrios y el asta, y que estos desmanes se registraban también en las propiedades de varios ciudadanos argentinos (4).
    Sin embargo, no todo el ejército y la oficialidad boliviana de guarnición en La Paz estuvieron de acuerdo con la agresiva manifestación popular en contra del gobierno y pueblo argentinos. Cabe señalar que el general Pando, jefe del ejército, prometió al ministro Fonseca el cese de los desórdenes y criticó los incidentes en un comunicado enviado a la prensa de La Paz (5).
    Pero en el momento en que las relaciones diplomáticas entre las autoridades argentinas y bolivianas parecían encauzarse por la gestión amistosa de Pando, se produjo un nuevo incidente. El presidente Montes envió una circular telegráfica a todos los prefectos provinciales, donde expresaba que el laudo "es de una completa parcialidad contra nosotros, y que él importa una desgracia nacional" (6).
    Comprobada previamente la autenticidad de esta circular presidencial, el canciller de la Plaza ordenó, el 20 de julio, a su representante en Bolivia, abandonar La Paz en un plazo de veinticuatro horas. Ese mismo día, el ministro de relaciones exteriores argentino dirigió al ministro boliviano en Buenos Aires una nota en la que, luego de analizar el laudo del 9 de julio de 1909 y el grave contenido de la circular del presidente Montes, terminaba diciendo:

En presencia de estos hechos que constituyen una conducta tan inexplicable, este Gobierno no encuentra compatible con su dignidad continuar manteniendo relaciones amistosas con el Gobierno de Bolivia, y ha ordenado, en consecuencia, con esta fecha, el retiro de su ministro en La Paz, e intima a vuestra excelencia a salir del territorio dentro del término de veinticuatro horas, a contar desde la entrega de esta nota. Autoridades de policía acompañarán a vuestra excelencia hasta dejar el país (7).

Finalmente, el ministro Fonseca abandonó La Paz, dejando los archivos al embajador de Estados Unidos. Por su parte, el ministro plenipotenciario de Bolivia, José María Escalier, notificó su renuncia al cargo, con lo cual quedaron rotas las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Bolivia. Debido a esto, el gobierno de Bolivia no concurrió a la Cuarta Conferencia Panamericana que tuvo lugar en Buenos Aires en 1910.
    No obstante, pasado un tiempo, como respuesta a gestiones de otros países para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, el gobierno boliviano delegó en el ex presidente José Manuel Pando la misión de entablar un puente de aproximación entre Buenos Aires y La Paz. En negociaciones con el nuevo presidente Roque Saénz Peña y el canciller interino Epifanio Portela, se llegó finalmente a un acuerdo, firmándose, el 13 de diciembre de 1910, un protocolo que expresaba:

El señor Pando manifestó: Que el Gobierno de Bolivia reconoce la sinceridad y el espíritu de rectitud del presidente de la Nación Argentina, al pronunciar en calidad de árbitro entre Bolivia y Perú, el laudo de 9 de julio de 1909; y que, al formular ciertas observaciones de orden jurídico conservó sus tradicionales sentimientos de afecto a la Nación Argentina.

El señor Portela declaró: Que concordaba con la fórmula, que lealmente restablece, con la verdad en la apreciación de los actos del Gobierno argentino, la cordialidad de las relaciones entre ambos países (8).

Una vez aprobado el protocolo por los gobiernos argentino y boliviano, el primero, por decreto del 9 de enero de 1911, declaró restablecidas las relaciones diplomáticas con Bolivia.

  1. C.A. Silva, op. cit., p. 517.

  2. Ibid., p. 518.

  3. Ibid.

  4. Informe del cónsul argentino en Tupiza, Ricardo Acuña, respecto de los incidentes antiargentinos ocurridos en esa ciudad, citado en C.A. Silva, op. cit., pp. 518-519. También referencias a este informe en I. Ruiz Moreno, op. cit., p. 270.

  5. C.A. Silva, op. cit., p. 519; I. Ruiz Moreno, op. cit., p. 270.

  6. Idem nota anterior.

  7. Nota del ministro de relaciones exteriores argentino al ministro boliviano en Buenos Aires, Buenos Aires, 20 de julio de 1909, citada en C.A. Silva, op. cit., p. 519.

  8. Texto del protocolo argentino-boliviano del 13 de diciembre de 1910, citado en ibid., p. 520.

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