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La discusión diplomática por los límites con Bolivia se reinició cuando se comenzaron a advertir los errores inherentes al tratado de 1889. Para solucionar estos problemas arribó a Buenos Aires un nuevo ministro boliviano, Telmo Ichazo, quien firmó con el canciller Eduardo Costa el acta protocolizada del 26 de junio de 1894, a fin de iniciar las tareas de demarcación. Posteriormente, Ichazo firmó con el nuevo canciller, Amancio Alcorta, el acta protocolizada del 2 de junio de 1897, estableciéndose que era intención de la Argentina no retirar de la soberanía de Bolivia el pueblo de Yacuiba. Esta acta fue el único documento que retuvo su validez, luego del rechazo por el Senado argentino de los tres protocolos firmados posteriormente. Por cierto, el ministro boliviano continuó sus gestiones en relación con la situación de Yacuiba, firmando, el 14 de mayo de 1898, el protocolo Ichazo-Zeballos, que dejaba a Yacuiba dentro de territorio boliviano. Un nuevo protocolo del 23 de abril de 1902 modificó el límite desde el Pilcomayo al cerro Zapaleri, adjudicando varias localidades a Bolivia. El 28 de enero de 1904, un nuevo documento alteraba la línea convenida en 1898. Estos protocolos fueron sometidos a consideración del Congreso argentino, y rechazados, en las sesiones de 1910, cuando ya se había producido la ruptura de relaciones entre los dos países (1).
    Reanudadas las relaciones diplomáticas, Dardo Rocha fue designado plenipotenciario argentino en La Paz. Este suscribió, el 15 de septiembre de 1911, con el ministro Pinilla, un nuevo protocolo en el cual se acordaba la reanudación de los trabajos demarcatorios en base al tratado de 1889 y el protocolo de junio de 1894. No obstante, las disidencias recomenzaron al poco tiempo por los distintos puntos de vista de los peritos de una y otra parte.
    Recién en 1922, el ministro argentino en La Paz, Horacio Carrillo, en sus negociaciones con el canciller boliviano, Severo Fernández Alonso, logró resolver las dificultades y firmar un acta, el 30 de octubre de 1922, que permitiría llegar tres años más tarde al arreglo definitivo. En ella se convino la revisión del tratado de 1889, conservando todo aquello que geográfica o interpretativamente pudiera ser aplicado, con el mejor conocimiento que las comisiones demarcadoras habían obtenido de la topografía de las fronteras. Así, se acordó que el tratado podía modificarse en tres puntos: en la región del pueblo de Yacuiba; en el sector comprendido entre el pueblo del Bermejo y el río de La Quiaca, y entre el hito colocado en el abra de Huajra y el cerro Zapaleri. En cada uno de estos puntos, se alcanzaba una solución; éstas quedaban explicitadas en el acta y debían servir para redactar el tratado definitivo (2).
    No obstante, el ministro argentino Carrillo debió vencer todavía algunas dificultades. A fines de 1923, Carrillo propuso modificar la línea acordada, reiniciándose las negociaciones. En febrero de 1924, el nuevo canciller boliviano, Román Paz, a su vez formuló una nueva proposición de modificaciones a la línea del acta, en forma tal que la solución aparecía como imposible. La negociación por la cuestión de Toldos, que Bolivia deseaba retener en su jurisdicción, llevó gran parte del año 1924, hasta que el gobierno boliviano desistió de la misma. Llegado a este punto, y cuando se acercaba la solución final, el ministro Carrillo fue llamado a Buenos Aires. Con nuevas instrucciones del ministro Angel Gallardo, Carrillo volvió a La Paz. Para entonces, había asumido un nuevo canciller, Eduardo Díez de Medina, y éste no quería modificaciones en la línea. Finalmente, el presidente boliviano aceptó modificar, con alguna compensación, la línea del acta, a fin de satisfacer el criterio argentino. El tratado Carrillo-Díez de Medina fue suscripto el 9 de julio de 1925, constando de sólo dos artículos, en el primero de los cuales quedó detallada la línea de frontera acordada (3). Complicaciones posteriores demoraron las ratificaciones, llevándose a cabo el canje de las mismas en Buenos Aires el 11 de octubre de 1938.
    El ministro Carrillo también firmó con Díez de Medina, el 21 de septiembre de 1925, un convenio complementario de vías de comunicación, que daba curso a intereses comunes con Bolivia. Por un lado se producía la apertura de los ríos argentinos al comercio de las regiones sur y centro de Bolivia. Por el otro, se concretaba la aspiración de las provincias del norte argentino de utilizar el río Bermejo como una vía de transporte económico. Por este tratado las autoridades argentinas se comprometieron a realizar por su cuenta los estudios y proyectos necesarios para poner en condiciones de navegabilidad el Bermejo, desde su desembocadura en el río Paraguay hasta las juntas de San Antonio, así como la construcción de un puerto en el último punto. Además, el gobierno argentino procuraría que el ramal a Tarija, mencionado en la convención ferroviaria firmada por las autoridades de Buenos Aires y La Paz, pasara por las juntas de San Antonio para ver si era posible prolongarlo hasta el interior de Bolivia rumbo a Potosí (4).

  1. H. Carrillo, op. cit., pp. 65-68.

  2. Acta del 30 de octubre de 1922, firmada por el ministro plenipotenciario argentino, Horacio Carrillo, y el canciller boliviano, Severo Fernández Alonso, transcripta en ibid., pp. 140-155.

  3. Ibid., pp. 157-167.

  4. I. Ruiz Moreno, op. cit., pp. 272-273.

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