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Debido a que las gestiones directas entre los gobiernos de Bolivia y Paraguay para encontrar una solución al problema del Chaco habían fracasado, en 1907 el ministro Estanislao Zeballos propuso la mediación de la Argentina, la cual fue aceptada. Los países en conflicto firmaron en Buenos Aires, en enero de 1907, el tratado Pinillas-Soler, conviniendo someter la controversia al fallo arbitral del presidente argentino. Pero, debido a la ruptura de las relaciones argentino-bolivianas en 1909, el arbitraje no pudo llevarse a cabo (1).
    Durante la década de 1920, las relaciones boliviano-paraguayas atravesaron una fase de tensión, debido a la numerosa fundación de fortines en las zonas en litigio y a acusaciones recíprocas sobre concesiones a empresas extranjeras. Para evitar un conflicto, el 24 de noviembre de 1924, el canciller Angel Gallardo ofreció los buenos oficios de la Argentina, gestión que no prosperó porque los gobiernos involucrados estaban llevando a cabo negociaciones directas. Fracasadas éstas, Gallardo propuso el 5 de agosto de 1925 ofrecer nuevamente los buenos oficios junto con Brasil, pero el último país dio largas al asunto, señal de su desinterés en el mismo. Luego de varias alternativas, finalmente, el 22 de abril de 1927, los representantes de Bolivia y Paraguay firmaron en Buenos Aires el protocolo Gutiérrez-Díaz de León, aceptando los buenos oficios de la Argentina y designando plenipotenciarios a reunirse en este país (2).
    La conferencia, constituida por tres plenipotenciarios por cada parte, inició sus sesiones en Buenos Aires, a comienzos de octubre de 1927. El gobierno argentino nombró como observador a Isidoro Ruiz Moreno. Ambas delegaciones debatieron ampliamente los problemas que habían causado el conflicto, pero no lograron llegar a un acuerdo. Para superar la impasse, el observador argentino sugirió que se organizara una policía internacional que tomara a su cargo los fortines, y que Bolivia y Paraguay se obligaran a retirar sus fuerzas. La sugerencia de la cancillería argentina, presentada el 13 de diciembre de 1927, decía lo siguiente:

1º- Que el Paraguay acepte ir derechamente al arbitraje en la cuestión fundamental.

2º- Que Bolivia y Paraguay procedan a desmilitarizar todos sus fortines, o a retirar los que están frente unos de otros cada uno a cincuenta kilómetros, debiendo ser el hecho verificado por una comisión de militares de un tercer país.

3º- Que se declare que los avances que uno y otro país hubiere efectuado, han creado una situación de hecho que no da ningún derecho a aquéllos, ni podrán ser alegados ante el árbitro como base de sus pretensiones (3).

Pero, acordada en principio la desmilitarización, los inconvenientes surgidos al intentar establecer los detalles de la misma provocaron la suspensión del acuerdo y la interrupción de las sesiones de la conferencia, a fines de diciembre.
    Ruiz Moreno, no obstante, logró que las reuniones se reanudaran en mayo de 1828. Sin embargo, las partes en conflicto no alcanzaron siquiera acuerdo para un modus vivendi, por lo que la conferencia se levantó en julio de ese año. Las comisiones de ambos países informaron separadamente al gobierno argentino de las razones del disentimiento, aunque convinieron en declarar que "el litigio en que se hallan comprometidos sus respectivos países no será resuelto sino por medios pacíficos, salvo el caso de legítima defensa" (4), lo cual, a pesar del fracaso de la conferencia, pareció un hecho auspicioso. Luego de la asunción del nuevo presidente Hipólito Yrigoyen, el gobierno argentino insistiría con el ofrecimiento de buenos oficios, pero otra vez sin éxito.

  1. I. Ruiz Moreno, op. cit., p. 273.

  2. Ibid., pp. 273-274; Beatriz R. Solveira, Las relaciones argentino-paraguayas a comienzos del siglo XX, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 1995, pp. 41-44.

  3. C.A. Silva, op. cit., p. 354.

  4. Ibid.

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