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En el año 1911, una serie de incidentes desembocaron en la ruptura de relaciones entre los gobiernos de la Argentina y Paraguay. En dicho año el administrador de la aduana de Encarnación detuvo al vapor argentino Iberá con el argumento de que llevaba artículos de contrabando. Ante los insistentes reclamos de las autoridades argentinas, el ministro de relaciones exteriores paraguayo hizo saber al representante argentino en Asunción, el 5 de diciembre de 1912, que se había ordenado la instrucción de un sumario para castigar al empleado que resultara culpable, y que se habían dado instrucciones especiales a las autoridades del litoral para que ajustasen estrictamente su conducta a las leyes aduaneras y de policía fluvial, con la notificación de que todo procedimiento contrario sería desaprobado y castigado por el gobierno de Asunción. El canciller paraguayo proponía someter la reclamación argentina a la decisión de un tribunal arbitral (1).
    En 1911 el canciller argentino Ernesto Bosch había instruido a su ministro en Asunción para que reuniera al cuerpo diplomático con el objetivo de impedir el bombardeo de la capital paraguaya o de cualquier otra plaza indefensa. El teniente de navío Segundo Storni, comandante de la cañonera argentina Rosario, y un jefe brasileño fueron los encargados de comunicar a las autoridades revolucionarias paraguayas la voluntad del cuerpo diplomático para el cese del fuego. Pero estas autoridades no aceptaron lo resuelto, considerando que era un acto que no se correspondía con el derecho internacional.
    Los incidentes se originaron debido a que el gobierno paraguayo instaló una pieza de artillería dentro de la ciudad de Asunción, que bombardeó los barcos revolucionarios por encima de los buques argentinos. Ante los tiroteos al torpedero Torne y a otro barco, ambos de origen argentino, las autoridades de Buenos Aires presentaron una enérgica reclamación a Asunción, sosteniendo que si el gobierno paraguayo no frenaba esos atropellos, las fuerzas militares argentinas contestarían con elementos propios.
    Un nuevo incidente tuvo lugar cuando una serie de ciudadanos paraguayos, huyendo de las tropas del gobierno, obtuvieron asilo en la cañonera argentina Paraná y otro grupo de revolucionarios se refugió en el vapor Lambaré, actitud que las fuerzas paraguayas consideraron un apoyo a los insurrectos y que mereció el tiroteo de varios barcos mercantes argentinos. El gobierno paraguayo se quejó de que no se había dado cumplimiento a los principios de derecho internacional porque el barco Lambaré, sin comunicar la lista de los asilados, los había admitido en territorio argentino. Por su parte, el almirante O'Connor, en nombre de las autoridades de Buenos Aires, replicó a las de Asunción que los refugiados eran revolucionarios que habían buscado asilo, que los que traían armas fueron desarmados y que entre ellos había hombres distinguidos del partido opositor. Agregó que el jefe de la división brasileña también recibió asilados en buques de guerra y los despachó hacia la ciudad de Corrientes, tomando su misma actitud.
    Pero a pesar de estas explicaciones, los incidentes entre fuerzas argentinas y paraguayas se exacerbaron. Las autoridades argentinas fueron acusadas de permitir el contrabando de materiales o elementos bélicos para los revolucionarios. Los buques argentinos Aimará e Iguazú fueron detenidos por las autoridades de Asunción y obligados a cambiar de rumbo para transportar fuerzas del gobierno. El vapor argentino Paso de la Libertad fue obligado a detenerse y sufrió la ocupación militar de fuerzas del gobierno paraguayo. Un destacamento gubernamental invadió el establecimiento de la sociedad anónima "Quebrachales Fusionados" de Puerto María, y obligó a la peonada a seguirlo para incorporarse al ejército paraguayo. Atropellos similares tuvieron lugar en establecimientos de Puerto Sastre.
    El 22 de enero de 1912, la cancillería paraguaya contestó los reclamos de la legación argentina en Asunción, negando que las fuerzas leales al gobierno hubieran hecho fuego contra embarcaciones argentinas. Agregaba que

en el caso de que algunas balas hubieran caído cerca de dichos barcos, para poder deslindar responsabilidades era preciso poner en claro si el jefe de la escuadra argentina había observado las costumbres marítimas evitando ponerse en la zona de peligro, "o si ha habido imprudencias o abusos de la hospitalidad que se le brinda".

La nota de la cancillería paraguaya sostenía que el gobierno no cedería a la presión de la fuerza y que si el gobierno argentino no estuviese conforme con las estipulaciones y se prevaliera de su superioridad material, el gobierno de Asunción enviaría sus antecedentes a la comisión del Congreso de La Haya y a todas las naciones amigas, esperando que en la Argentina no se formasen "las revoluciones que destruyen al Paraguay". (2)
    El gobierno argentino reaccionó enérgicamente al contenido de la nota paraguaya. Por el telegrama del 23 de enero de 1912, comunicó al representante argentino en Asunción la resolución del presidente Roque Sáenz Peña de que, si en el plazo de veinticuatro horas el gobierno paraguayo no rectificaba el irritante contenido de la nota, el personal de la legación argentina debía abandonar Asunción. Al expirar el plazo, el ministro Martínez Campo se embarcó con el personal de la legación a bordo de la cañonera Paraná, después de entregar el archivo al cónsul general argentino.
    El 10 de febrero de 1912 el presidente paraguayo, Liberato Rojas, designó a Federico Codas como ministro de relaciones exteriores con el expreso objetivo de reanudar las interrumpidas relaciones con Buenos Aires. El canciller paraguayo firmó el 17 de febrero con el representante argentino un protocolo, por el cual el primero aclaraba que la polémica nota del 22 de enero emitida por la cancillería no había tenido el propósito de ofender a las autoridades argentinas, y retiraba los conceptos que pudieran considerarse ofensivos para la dignidad argentina. El ministro Codas agregaba que los disparos efectuados a los buques argentinos provenían de fuerzas irregulares que no pertenecían al ejército nacional y que no estaban bajo su control. Las autoridades argentinas aceptaron las explicaciones del ministro de relaciones exteriores paraguayo, paso tras el cual, el 19 de febrero, se declararon restablecidas las relaciones diplomáticas entre las autoridades de Buenos Aires y Asunción.

  1. Ibid., pp. 139-143.

  2. Ibid., p. 142.

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