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Ruptura de relaciones entre los gobiernos de la Argentina y Paraguay (enero-febrero de 1912)
En el año 1911, una serie de incidentes desembocaron en la ruptura de
relaciones entre los gobiernos de la Argentina y Paraguay. En dicho año el administrador
de la aduana de Encarnación detuvo al vapor argentino Iberá con el argumento de
que llevaba artículos de contrabando. Ante los insistentes reclamos de las autoridades
argentinas, el ministro de relaciones exteriores paraguayo hizo saber al representante
argentino en Asunción, el 5 de diciembre de 1912, que se había ordenado la instrucción
de un sumario para castigar al empleado que resultara culpable, y que se habían dado
instrucciones especiales a las autoridades del litoral para que ajustasen estrictamente su
conducta a las leyes aduaneras y de policía fluvial, con la notificación de que todo
procedimiento contrario sería desaprobado y castigado por el gobierno de Asunción. El
canciller paraguayo proponía someter la reclamación argentina a la decisión de un
tribunal arbitral (1).
En 1911 el canciller argentino Ernesto Bosch había instruido a su
ministro en Asunción para que reuniera al cuerpo diplomático con el objetivo de impedir
el bombardeo de la capital paraguaya o de cualquier otra plaza indefensa. El teniente de
navío Segundo Storni, comandante de la cañonera argentina Rosario, y un jefe
brasileño fueron los encargados de comunicar a las autoridades revolucionarias paraguayas
la voluntad del cuerpo diplomático para el cese del fuego. Pero estas autoridades no
aceptaron lo resuelto, considerando que era un acto que no se correspondía con el derecho
internacional.
Los incidentes se originaron debido a que el gobierno paraguayo
instaló una pieza de artillería dentro de la ciudad de Asunción, que bombardeó los
barcos revolucionarios por encima de los buques argentinos. Ante los tiroteos al torpedero
Torne y a otro barco, ambos de origen argentino, las autoridades de Buenos Aires
presentaron una enérgica reclamación a Asunción, sosteniendo que si el gobierno
paraguayo no frenaba esos atropellos, las fuerzas militares argentinas contestarían con
elementos propios.
Un nuevo incidente tuvo lugar cuando una serie de ciudadanos
paraguayos, huyendo de las tropas del gobierno, obtuvieron asilo en la cañonera argentina
Paraná y otro grupo de revolucionarios se refugió en el vapor Lambaré,
actitud que las fuerzas paraguayas consideraron un apoyo a los insurrectos y que mereció
el tiroteo de varios barcos mercantes argentinos. El gobierno paraguayo se quejó de que
no se había dado cumplimiento a los principios de derecho internacional porque el barco Lambaré,
sin comunicar la lista de los asilados, los había admitido en territorio argentino. Por
su parte, el almirante O'Connor, en nombre de las autoridades de Buenos Aires, replicó a
las de Asunción que los refugiados eran revolucionarios que habían buscado asilo, que
los que traían armas fueron desarmados y que entre ellos había hombres distinguidos del
partido opositor. Agregó que el jefe de la división brasileña también recibió
asilados en buques de guerra y los despachó hacia la ciudad de Corrientes, tomando su
misma actitud.
Pero a pesar de estas explicaciones, los incidentes entre fuerzas
argentinas y paraguayas se exacerbaron. Las autoridades argentinas fueron acusadas de
permitir el contrabando de materiales o elementos bélicos para los revolucionarios. Los
buques argentinos Aimará e Iguazú fueron detenidos por las autoridades de
Asunción y obligados a cambiar de rumbo para transportar fuerzas del gobierno. El vapor
argentino Paso de la Libertad fue obligado a detenerse y sufrió la ocupación
militar de fuerzas del gobierno paraguayo. Un destacamento gubernamental invadió el
establecimiento de la sociedad anónima "Quebrachales Fusionados" de Puerto
María, y obligó a la peonada a seguirlo para incorporarse al ejército paraguayo.
Atropellos similares tuvieron lugar en establecimientos de Puerto Sastre.
El 22 de enero de 1912, la cancillería paraguaya contestó los
reclamos de la legación argentina en Asunción, negando que las fuerzas leales al
gobierno hubieran hecho fuego contra embarcaciones argentinas. Agregaba que
en el caso de que algunas balas hubieran caído cerca de dichos barcos, para poder deslindar responsabilidades era preciso poner en claro si el jefe de la escuadra argentina había observado las costumbres marítimas evitando ponerse en la zona de peligro, "o si ha habido imprudencias o abusos de la hospitalidad que se le brinda".
La nota de la cancillería paraguaya sostenía que el gobierno no
cedería a la presión de la fuerza y que si el gobierno argentino no estuviese conforme
con las estipulaciones y se prevaliera de su superioridad material, el gobierno de
Asunción enviaría sus antecedentes a la comisión del Congreso de La Haya y a todas las
naciones amigas, esperando que en la Argentina no se formasen "las revoluciones que
destruyen al Paraguay". (2)
El gobierno argentino reaccionó enérgicamente al contenido de la nota
paraguaya. Por el telegrama del 23 de enero de 1912, comunicó al representante argentino
en Asunción la resolución del presidente Roque Sáenz Peña de que, si en el plazo de
veinticuatro horas el gobierno paraguayo no rectificaba el irritante contenido de la nota,
el personal de la legación argentina debía abandonar Asunción. Al expirar el plazo, el
ministro Martínez Campo se embarcó con el personal de la legación a bordo de la
cañonera Paraná, después de entregar el archivo al cónsul general argentino.
El 10 de febrero de 1912 el presidente paraguayo, Liberato Rojas,
designó a Federico Codas como ministro de relaciones exteriores con el expreso objetivo
de reanudar las interrumpidas relaciones con Buenos Aires. El canciller paraguayo firmó
el 17 de febrero con el representante argentino un protocolo, por el cual el primero
aclaraba que la polémica nota del 22 de enero emitida por la cancillería no había
tenido el propósito de ofender a las autoridades argentinas, y retiraba los conceptos que
pudieran considerarse ofensivos para la dignidad argentina. El ministro Codas agregaba que
los disparos efectuados a los buques argentinos provenían de fuerzas irregulares que no
pertenecían al ejército nacional y que no estaban bajo su control. Las autoridades
argentinas aceptaron las explicaciones del ministro de relaciones exteriores paraguayo,
paso tras el cual, el 19 de febrero, se declararon restablecidas las relaciones
diplomáticas entre las autoridades de Buenos Aires y Asunción.
Ibid., pp. 139-143.
Ibid., p. 142.
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