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Luego de la guerra de la Triple Alianza, la influencia económica argentina en el Paraguay fue incrementándose paulatinamente. Buenos Aires funcionaba como centro proveedor, a la vez que los capitales invertidos en el Paraguay alcanzaban montos considerables, orientándose a la cría de ganado, a la cosecha de tabaco y yerba, y a la explotación de bosques para extraer maderas y tanino. Antes de la Primera Guerra, sesenta y ocho compañías anglo-argentinas eran dueñas de 10 millones de hectáreas en el Chaco boreal dedicadas a la cría de ganado y a la explotación maderera, y los primeros frigoríficos eran subsidiarios de los establecidos en la Argentina. La participación de este país en el comercio exterior paraguayo ascendía al 90%. Comenzada la guerra europea en 1914, la imposibilidad de recibir productos europeos para los paraguayos se hizo casi absoluta, lo cual profundizó su dependencia económica de la Argentina (1). Dada esta situación, ambos gobiernos consideraron factible firmar un convenio comercial.
    El enviado plenipotenciario argentino, Mario Ruiz de los Llanos, y el canciller paraguayo, Manuel Gondra, celebraron, el 8 de julio de 1916, un tratado que, estatuyendo un régimen de liberalidades aduaneras sobre la base de recíprocas franquicias y exenciones, contribuyera a fomentar el tráfico entre ambos países. Todos los artículos de producción, cultivo o industria de una de las partes contratantes, que se introdujeran en el territorio de la otra, estarían libres de todo derecho de importación; tanto en su tránsito como en su exportación serían considerados de producción nacional a los efectos del tratamiento fiscal. Durante los primeros cinco años de vigencia, quedarían fuera del régimen del tratado y por lo tanto sujetos al pago de los respectivos derechos de importación, el azúcar, fósforos, velas, calzado, artículos de talabartería, muebles y trajes hechos. Vencido dicho término, todos esos artículos gozarían de las franquicias que el convenio establecía. Además, ambas repúblicas se obligaban a permitir el libre tránsito por sus puertos y a través de sus territorios de artículos y efectos de fabricación extranjera, procedentes de un tercer país con destino a una de ellas. Al procederse al canje de ratificaciones, ambos gobiernos dispondrían que sus autoridades aduaneras reglamentaran, de común acuerdo, el procedimiento para su ejecución, cuidando de prevenir el contrabando. Ambas partes se otorgaban la cláusula de nación más favorecida. El tratado tendría una duración de diez años y era renovable (2).
    El tratado fue muy cuestionado en los círculos políticos paraguayos, donde se consideraba que, dada la asimetría económica entre los dos países, el convenio favorecería mucho más a la Argentina que al Paraguay. Se temía por la suerte de la agricultura y de la industria paraguaya. Incluso un sector de la clase dirigente paraguaya prefería acordar un tratado semejante con Brasil, a fin de impulsar la conexión con el sistema ferroviario brasileño. Consecuentemente el tratado no fue ratificado. No obstante, en los años siguientes, la necesidad del convenio sería subrayada por sectores interesados en el comercio bilateral en uno y otro país, e inclusive el gobierno paraguayo recobraría interés por el mismo, pero no fue posible concretarlo (3).

  1. B. R. Solveira, op. cit., pp. 65 y 79.

  2. República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria de Relaciones Exteriores y Culto presentada al Honorable Congreso Nacional correspondiente al año 1915-1916, Buenos Aires, De Martino, 1916, pp. 253-255.

  3. B.R. Solveira, op. cit., pp. 78-79 y 81-85.

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