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El 18 de diciembre de 1841 el representante argentino en Londres envió una tercera nota de protesta. El 29 de diciembre se recibió la respuesta del gobierno británico. El ministro lord Aberdeen contestaba escuetamente que la nota argentina había sido enviada al departamento pertinente para ser examinada (1).
    No obstante, el gobierno de Buenos Aires no cedió en su intento. El representante argentino en Londres protestó nuevamente el 19 de febrero de 1842. El 5 de marzo del mismo año se recibió una respuesta británica más extensa. En ella, lord Aberdeen afirmaba que "el Gobierno Británico consideraba el acuerdo alcanzado con España en 1771 como final", agregando que por lo tanto no podía:

reconocer a las Provincias Unidas el derecho de alterar un acuerdo concluido, cuarenta años antes de la emancipación de éstas, entre la Gran Bretaña y España. En lo concerniente a su derecho de soberanía sobre las islas Malvinas o Falkland, la Gran Bretaña considera ese arreglo como definitivo; en ejercicio de ese derecho, acaba de ser inaugurado en esas islas un sistema permanente de colonización (2).

La réplica del ministro Moreno, fechada el 10 de marzo, fue inmediata:

El que suscribe, cumpliendo con las obligaciones impuestas a él, según instrucciones, se ve en la obligación de declarar, para evitar que el silencio de las Provincias Unidas no sea interpretado como un consentimiento tácito, que las Provincias Unidas no pueden aceptar y nunca aceptarán, la resolución del Gobierno de su Majestad Británica del 5 del corriente, dado que considera injusta y contraria a sus derechos evidentes (...) (3).

Sin embargo, en un informe enviado a Buenos Aires algún tiempo más tarde Moreno manifestó desaliento, expresando que: "mientras este gobierno niegue la soberanía de las islas a la República, como lo ha hecho hasta ahora, no hay medio de inducirlo a indemnizaciones por la cesión de aquel dominio" (4).
    Por otra parte, y vista la situación desde el punto de vista británico, las Islas Malvinas fueron incorporadas a los dominios de la Corona a través de Cartas Patentes firmadas por la Reina Victoria el 23 de junio de 1843, es decir una década después de su usurpación. Ello llevaría a dotar de un gobierno a las Islas Falkland y Dependencias (5). También en este mismo año se trasladó la capital de las islas de Puerto Egmont a Puerto Stanley (anteriormente rebautizado Puerto William). Sin embargo, el primer gobernador de las islas, George Rennie, fue designado recién en 1847. Desde 1847 hasta 1945 hubo diecisiete gobernadores británicos (6).
    Sin embargo, en esos años ocurrió algo digno de destacarse: un miembro de la Cámara de los Comunes emitió uno de los primeros juicios públicos ingleses contrarios a la posesión británica del archipiélago. El 25 de julio de 1848, durante un debate en la Cámara en el que proponía recortes presupuestarios, el parlamentario Sir William Molesworth sostuvo que, dado el nivel de gastos que insumía la estación militar de las Malvinas, lo mejor que podía hacerse era "reconocer el reclamo de Buenos Aires sobre las islas Falkland". Esta opinión se fundamentaba en las características del lugar, "desolado, árido y, ventoso, donde no pueden crecer ni granos ni árboles" (7). Obviamente, el punto de vista de Molesworth no tuvo mayor trascendencia (8). Por otra parte, las relaciones entre ambos países no pasaban por el mejor momento (9). El ministro argentino en Londres, Manuel Moreno, no gozaba de popularidad en la prensa local. De nuevo se reiteraron en los periódicos de la capital británica opiniones adversas a las Provincias Unidas. Los planteos de Buenos Aires sobre las Malvinas fueron calificados de pretenciosos, especialmente proviniendo de un Estado "de segunda". Al respecto el periódico The Times comentó: "no sabemos qué admirar más, si la insolencia del sudamericano o la resignación del ministro de la Reina que no lo lanzó a puntapiés escaleras abajo" (10).
    Poco tiempo antes, Benjamin Disraeli, en un discurso parlamentario, había fustigado a la Confederación Argentina, calificándola como "una colonia de España, rebelde y de segunda clase (...)" (11).

  1. J. Arce, op. cit., p. 101; Enrique Ferrer Vieyra, Segunda cronología legal anotada sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands). Edición ampliada, Córdoba, 1993, p. 174.

  2. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 175.

  3. J. Arce, op. cit., pp. 101-102.

  4. Moreno a Arana, 5 de abril de 1843, en J. Lynch, op. cit., p. 253.

  5. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 176.

  6. Ibid., p. 176; la lista hasta 1964 en José Luis Muñoz Azpiri, Historia Completa de las Malvinas, 3 vols., Buenos Aires, Oriente, 1966, vol. I, p. 356.

  7. House of the Commons, Parliamentary Debates, vol. 100, pp. 815-829; E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 98; J. Arce, op. cit., p. 103. Obsérvese que el orador, al igual que Samuel Johnson en 1771 y posteriormente otros, se refiere a problemas de presupuesto y no de derechos.

  8. Poco tiempo después, en 1853, durante otro debate en el Parlamento, varios parlamentarios defendieron el valor de las islas como estación marítima tanto para la guerra como para el comercio. House of the Commons, Parliamentary Debates, 20 de mayo de 1853, pp. 450-451.

  9. El puerto de Buenos Aires se hallaba sometido al bloqueo anglo-francés y existía presión para el cobro de deudas atrasadas.

  10. The Times, 14 de abril de 1849, citado por J. Lynch, op. cit., p. 273.

  11. Cámara de los Comunes, 1º de febrero de 1849, citado en ibid.

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