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Hasta 1852 el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, estuvo al menos en teoría a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, dedicándose a la emisión de unas protestas periódicas y rituales. Después de Caseros, las tareas urgentes de los gobiernos de la Argentina estuvieron centradas en la construcción del Estado. Habría que esperar unas tres décadas para que el tema reapareciera en la agenda interestatal de ambos países. Mientras tanto, la Argentina estrechaba su relación comercial con Gran Bretaña. No obstante, en el ínterin se produjeron algunos pocos eventos de interés relacionados con la disputa.
    En los años de 1853 y 1854, los Estados Unidos y Gran Bretaña sostuvieron un desacuerdo diplomático por los derechos de pesca y de caza en el archipiélago de Malvinas, que demuestra la ambigüedad y falta de legitimidad de los títulos británicos a las islas. En 1853, el gobernador de las Islas Malvinas se quejó a su gobierno del nivel de depredación que alcanzaban los balleneros y cazadores de focas, especialmente norteamericanos, en las aguas y costas del archipiélago. Como consecuencia se le envió apoyo naval para controlarlos, y al mismo tiempo el gobierno inglés previno al norteamericano que no se permitirían abusos por parte de particulares en las Falkland. En mayo de 1854, unos desertores de dos buques balleneros norteamericanos denunciaron ante el juez de paz en las islas que sus otrora camaradas habían matado a varios cerdos que pertenecían a la Compañía de las Islas Falkland, y a focas de los criaderos del gobierno. Inmediatamente, el buque de guerra británico HMS Express capturó a los dos balleneros.
    En ese momento se hallaba en Puerto Stanley la corbeta norteamericana USS Germantown, al mando del comandante William F. Lynch. Tanto Lynch como el representante comercial de los Estados Unidos en las islas, W. H. Smyley, intercedieron para liberar a los buques apresados y a sus capitanes. Ante la negativa de las autoridades británicas, el comandante norteamericano se preparó para luchar. Finalmente, las autoridades británicas negociaron con él y con Smyley. Según algunos relatos, Lynch "puso en duda el derecho de los británicos a fiscalizar las aguas de Malvinas, alegando los reclamos argentinos sobre las islas" (1). No obstante, los capitanes balleneros fueron juzgados y multados por la caza de "los cerdos salvajes de Su Majestad". El asunto se elevó al nivel de ambos gobiernos, y los Estados Unidos protestaron enérgicamente a favor de su derecho "adquirido" a pescar en aquellas aguas. En el reclamo, el secretario de Estado, William L. Marcy, llegó al punto de afirmar:

nada dijimos respecto de la soberanía sobre ellas [las Malvinas]. Aunque no reclamamos derechos para los Estados Unidos, no concedimos derecho alguno a Gran Bretaña ni a ninguna otra potencia (...) (2).

Ante estas afirmaciones, el gobierno de Su Majestad exigió al de los Estados Unidos que desautorizara el lenguaje y la conducta del comandante Lynch. Respecto de las afirmaciones de Marcy, cuestionando el derecho de Gran Bretaña a la soberanía de las Islas Falkland, la comunicación sostenía que:

El Gobierno de Su Majestad no podía discutir ese derecho con ninguna otra Potencia, sino que continuaría ejerciendo en y alrededor de esas islas los derechos inherentes según el derecho internacional de la supremacía territorial; y se mantendría autorizado, si lo creía conveniente, para prevenir que extranjeros de cualquier nación, pescaran ballenas o focas dentro de las tres millas marinas de la costa, o desembarcaran en alguna parte de las costas de las Islas Falkland con el objeto de pescar o matar focas (3).

La cuestión no pasó a mayores y se resolvió diplomáticamente. No obstante, lo que este hecho tiende a demostrar es que luego de dos décadas de ocupación británica continua del archipiélago, los norteamericanos todavía pudieron poner en duda los presuntos derechos británicos de soberanía. En este caso, como lo demuestra la declaración británica, el presunto derecho estaba sostenido por la fuerza.
    Por otra parte, es interesante recordar que a estas alturas del desenvolvimiento histórico argentino, España no había reconocido aún la independencia del, hasta ese momento, anárquico país sudamericano. Gran Bretaña, que había reconocido la independencia argentina en 1825, auspició el reconocimiento español. Aunque hubo negociaciones durante la década de 1840, éstas resultaron infructuosas y recién se llegó a un acuerdo por medio de un tratado firmado en 1859 y ratificado por España en 1860. El apoyo británico a ese reconocimiento de la independencia argentina, posterior a la usurpación de las Malvinas, genera la inquietud respecto de cómo podía ser que los ingleses auspiciaran el reconocimiento español del Estado que pretendía ser el sucesor de los derechos españoles en unas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña desde 1833, a no ser que el reclamo argentino fuese percibido como un pintoresquismo indigno de tomarse en cuenta en la formulación de políticas de mayor relevancia, tanto por los británicos como por los españoles. A su vez, la aquiescencia argentina a los buenos oficios británicos frente a España también pareciera señalar el carácter poco relevante que el mismo gobierno argentino adjudicaba a esa reivindicación territorial.
    Un poco más adelante, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, el tema de las Malvinas surgió tangencialmente en las relaciones anglo-argentinas, vinculado al aluvión inmigratorio que la Argentina había comenzado a recibir a partir de la Organización Nacional. La correspondencia diplomática británica informa de los intentos por parte de colonos galeses de establecerse en la Patagonia y de la desconfianza que ello producía en el gobierno argentino, dada la potencial repercusión que podría tener por su proximidad a las Malvinas. En una carta con fecha 25 de mayo de 1865 de Edward Thornton, representante británico en Buenos Aires, a lord Russell, se informaba lo siguiente:

Una comisión de caballeros de Gales del Norte llegaron a este país en 1863 y propusieron al Gobierno argentino un plan para establecer una importante colonia de habitantes provenientes de esa región, en la Patagonia. Después de algunas conversaciones, se estipuló que para que hubiese una cesión de tierras, bienes y dar la debida protección, la comisión debería comprometerse a introducir anualmente y por diez años, de 300 a 500 familias. El acuerdo requería la aprobación del Congreso, quien lo rechazó. El principal argumento en contra fue el de la religión de los futuros colonos; y que cada vez que los anglo-sajones se habían establecido habían también pretendido adquirir propiedades en todo el país. Se agregó que en este caso particular, los colonos tendrían el apoyo (...) de nuestro establecimiento en las Islas Malvinas. Se proponía que la colonia se estableciese en la costa de la Patagonia a pocas leguas al sur de Bahía Nueva, entre los 43º y 44º de latitud Sur.

Más adelante la carta agregaba:

Mientras conversábamos sobre el tema hace pocos días, Su Excelencia [el ministro del interior, Dr. Guillermo Rawson] me expresó que la principal objeción del Congreso al establecimiento de una colonia inglesa en la Patagonia era su proximidad a nuestro establecimiento en las Islas Falkland; después de otras observaciones, en las cuales hubo una insinuación de que, aun cuando Gran Bretaña mantuviese la posesión de dichas islas, no tenía de jure títulos a las mismas. Su Excelencia me preguntó si el gobierno de Su Majestad no estaría dispuesto a tomar en consideración que las Islas fueran cedidas a la República Argentina, agregando que si pudiera poner esta posibilidad ante el Congreso, estaba convencido que los obstáculos al primer acuerdo de colonización podrían superarse...Agregué por mi parte que no había la menor posibilidad de que renunciáramos a nuestro derecho; aseguré a Su Excelencia que se equivocaría al alentar se pensase que Su Majestad escucharía cualquier propuesta para ceder las Islas Falkland, las que en razón del creciente número de barcos mercantes y de la marina real que se dirigían al Cabo de Hornos y al Estrecho de Magallanes adquirían cada vez más importancia en una ruta en la que no teníamos otra posesión (4).

En 1884, durante la presidencia de Julio A. Roca, es decir 35 años después de la última protesta, la Argentina reanudó el ciclo de reclamos a Gran Bretaña. Este nuevo ciclo duró cuatro años. Esta vez junto con la protesta se introdujo la propuesta de resolver el tema de la soberanía recurriendo a un arbitraje. El 30 de mayo, el ministro de relaciones exteriores, Francisco J. Ortiz, informó al representante inglés en Buenos Aires que su gobierno estaba "delimitando" sus territorios, por lo que intentaría actualizar el reclamo a las Islas Malvinas. Creía que la cuestión podía ser fácilmente resuelta por un arbitraje. Agregaba también que habiendo Gran Bretaña mostrado tan buen ejemplo al mundo al aceptar el principio de arbitraje, el gobierno argentino de antemano podía apelar al gobierno de Su Majestad "para que diera a esta proposición su más justa consideración" (5). El 28 de julio, el Foreign Office envió una nota al gobierno argentino reiterando la terminante posición británica de no permitir ninguna discusión sobre sus derechos a las islas (6).
    Sin embargo, hacia fin de ese año un hecho provocó la reacción británica. El 15 de diciembre, los periódicos de Buenos Aires habían publicado la noticia de que el Instituto Geográfico Argentino publicaría un mapa de la República Argentina que incluiría a las Malvinas. Cuatro días más tarde, el ministro de relaciones exteriores contestó la nota que el ministro inglés en Buenos Aires, Edmund Monson, había enviado aquel mismo 15. En ésta, el embajador preguntaba si el mapa de la República que preparaba el Instituto Geográfico incluyendo a las Malvinas como territorio argentino era considerado oficial. La respuesta del día 19 sostenía que cualquiera fuera la naturaleza del mapa, no alteraba el estado de la cuestión que debía ser considerada igual como había quedado en 1843 (7).
    El 24 de diciembre, ante un nuevo requerimiento del enviado inglés, Ortiz le respondió que "un mapa ni quita ni otorga derechos". Además declaró que:

el gobierno argentino estaba particularmente interesado en mantener sus relaciones con Gran Bretaña en pie de amistad, y que el enfriamiento de estas relaciones amistosas no podría jamás ser el resultado de una amistosa y justa discusión desde la perspectiva de la ley internacional tal como la presentada en la controversia por la soberanía de las Malvinas (8).

Sin embargo, y por toda respuesta, el 31 de diciembre el enviado Monson presentó una protesta formal en nombre de su gobierno por la inclusión de las Malvinas en un mapa de la República (9).

  1. Crónica Documental de las Malvinas, Buenos Aires, AA.VV. Biblioteca Redacción, 1982, I, p. 292.

  2. Carlos Escudé, La relatividad de los derechos argentinos a las Islas Malvinas, en Carlos Escudé, La Argentina vs. las grandes potencias. El precio del desafío, Buenos Aires, editorial de Belgrano, 1986, p. 249.

  3. Memorándum Orchard del Foreign Office, 3-!2-1928, F.O. 371/12736/136168, en E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 491.

  4. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., pp. 376-377.

  5. Ibid., p. 179.

  6. Ibid.

  7. Ibid. Como gesto de revancha, el ministro Francisco Ortiz utilizó como respuesta al gobierno británico la misma frase que lord Palmerston empleó en su momento para el representante argentino en Londres en 1849: "cualquiera sea el significado que se pudiera asignar a su declaración no importa, ésta no altera en absoluto el estado de la cuestión pendiente, el cual debe ser considerado por nosotros [argentinos] exactamente donde estaba en 1843". J. Arce, op. cit., pp. 103-104.

  8. J. Arce, op. cit., p. 104, énfasis original.

  9. E. Ferrer Vieyra, 1993, op. cit., p. 180; también en J. Arce, op. cit., p. 105.

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