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La oposición del nuncio papal monseñor Mattera a la ley 1420 de educación común, laica y obligatoria.

Durante la primera presidencia de Julio Roca (1880-1886), se implantó la enseñanza laica en las escuelas costeadas por el tesoro público, de acuerdo con la ley 1420 de educación común, laica y obligatoria. Esta medida, adoptada en 1884, generó la resistencia de los ministros de la Iglesia local y terminó impactando negativamente en las relaciones con la Santa Sede (1). El nuncio papal, monseñor Luis Mattera, se opuso a la sanción. Las autoridades argentinas le respondieron que el representante pontificio podía exponer libremente sus ideas en conferencias confidenciales, pero no interferir en una cuestión que era de neta competencia del gobierno argentino. Mattera siguió en su lucha e intentó evitar que arribaran a la Argentina maestras normales contratadas por el ejecutivo en Estados Unidos para la dirección de los establecimientos de enseñanza oficiales y laicos (2).
    Mientras tanto, en distintas partes del territorio argentino tuvieron lugar demostraciones de rechazo a la medida adoptada por el gobierno de Roca: sermones en los templos; fundación de diarios que respondieron a los reclamos eclesiásticos, emisión de pastorales por parte de vicarios y obispos, y manifestaciones en clubes con asistencia de los miembros del clero.
    Estas demostraciones, en las que monseñor Mattera tuvo una participación activa pero a la vez reservada, tuvieron por objetivo perturbar el normal funcionamiento de las escuelas públicas (3).
    La lucha de la Iglesia contra las autoridades gubernamentales se inició en la ciudad de Córdoba, cuando en 1884 se estableció allí la primera Escuela Normal con instrucción laica. El canónigo Clara y los clérigos cordobeses lanzaron desde el púlpito el anatema contra la Escuela Normal. Este hecho provocó la detención y procesamiento de Clara por parte de las autoridades nacionales. Monseñor Mattera se trasladó a Córdoba y se puso en contacto con la directora de la Escuela Normal. Esta le pidió al enviado papal que levantara el anatema que pesaba sobre el establecimiento. Mattera le respondió que accedería a dicho pedido a cambio de que el ministro de instrucción pública del gobierno argentino asegurara, en documento público, el cumplimiento de tres condiciones: a) que el gobierno argentino declarara, en una nota dirigida al obispo, que su intención no era la de propagar la religión protestante; b) que dicho gobierno consintiera la enseñanza de la religión católica en la Escuela Normal de Córdoba; y c) que permitiera al obispo visitar la escuela cuando lo encontrara conveniente para constatar el cumplimento de la segunda condición (4).
    La directora de la Escuela Normal de Córdoba se dirigió a su vez al ministro de justicia, culto e instrucción pública, Eduardo Wilde, pidiéndole al gobierno argentino que aceptara las tres exigencias del enviado vaticano. Pero la postura adoptada por Mattera irritó a Wilde, pues la misma implicaba una intromisión de un ministro extranjero en leyes que el gobierno argentino juzgaba bajo la exclusiva jurisdicción del Congreso y del poder ejecutivo. También la actitud del enviado papal causó desagrado en el presidente Roca, que a través de su canciller Francisco J. Ortiz exigió explicaciones a Mattera en los siguientes términos:

Señor delegado apostólico:
La directora de la Escuela Normal de Córdoba ha dirigido al señor ministro de Instrucción Pública la nota que tengo el honor de acompañar en copia. En ellas se da cuenta de una solicitud que dicha directora dirigió a vuestra excelencia y que ha sido reprobada por el señor ministro del ramo, por salir de las facultades y atribuciones de su cargo, y al mismo tiempo se comunica la contestación dada por vuestra excelencia a esa irregular solicitud.
La alta consideración que vuestra excelencia ha merecido hasta hoy del Gobierno de la República, por la circunspección y prudencia con que ha desempeñado la misión que inviste, y el convencimiento de que vuestra excelencia es justo observador de los deberes y prácticas diplomáticas, inspira la duda acerca de la exactitud de las proposiciones que se indican emanadas de vuestra excelencia y a que se refiere la directora aludida.
La penosa impresión producida en el ánimo del señor presidente de la República por el tenor y espíritu de las proposiciones atribuidas a vuestra excelencia, sólo podría disiparse con una explicación satisfactoria respecto del alcance y propósito de ellas en caso de haber sido así expresadas.
Su excelencia el señor presidente se persuade que vuestra excelencia no ha podido tener la intención de faltar a los respetos debidos al Gobierno, exigiendo declaraciones improcedentes sobre actos que no ha ejecutado y que importarían atribuirle una violación de la Ley Fundamental; ni ha podido pretender que se infrinja por el mismo una ley del Congreso, ni suponer que era posible entregar la inspección o superintendencia de los establecimientos nacionales de educación a otras autoridades que las que la ley designa.
No puede ocultarse a vuestra excelencia cuán fuera de las leyes y conveniencias internacionales se colocaría un ministro extranjero que en el seno del país en que reside, ejerciera actos contrarios a las disposiciones del Gobierno ante quien está acreditado, incitara a la desobediencia de las leyes o se aliase con los que pretenden perturbar el cumplimiento de medidas administrativas; y como todo esto significarían las proposiciones que se dice dirigidas por vuestra excelencia a un empleado público de la Nación, espero de su elevado criterio que se ha de apresurar a explicar ese hecho de una manera que corresponda a los altos fines de la misión que representa, y conforme a los deseos que abriga mi Gobierno de no encontrar en el proceder de vuestra excelencia sino motivos de respeto y consideración (5).

El delegado de la Santa Sede, lejos de otorgar las explicaciones exigidas por el canciller Ortiz y el gobierno argentino, envió el 12 de octubre de 1884 una nota donde rechazaba los ataques de la prensa contra su persona y exigía explicaciones a las autoridades gubernamentales en los siguientes términos:

Señor ministro:
Durante mi viaje de regreso de Córdoba he leído con sorpresa y profundo disgusto el artículo publicado en "La Tribuna Nacional" del 1º de este mes bajo el epígrafe Deber del Gobierno. En ese artículo, con expresiones vulgares y esencialmente inconvenientes, notándose además la falta absoluta de aquella urbanidad y deferencia que distingue a un pueblo civilizado y a que tiene derecho un enviado extranjero, se me ataca duramente y se me señala y acusa como exclusivo provocador y causante de los disturbios que agitan al país.
La publicación del artículo mencionado hecha en lugar preferente por un diario que todos reputan oficial; los comentarios y provocaciones a que ha dado lugar en la prensa; el no haber sido desmentido como desde San Lorenzo así que tuve de él noticia se lo pedí por telégrafo al señor presidente de la República, y como aun por propia conveniencia era deber del Gobierno, han hecho creer que éste sea su verdadero autor, o cuando menos, su inspirador.
Tratándose de una ofensa lanzada innoblemente y en mi ausencia contra mi persona, ofensiva de mi honor, del carácter sagrado que invisto y de la alta dignidad de la Santa Sede que represento, me veo obligado a exigir a vuestra excelencia las más explícitas y categóricas explicaciones en el más breve espacio de tiempo, y antes de que yo me ocupe de la nota que vuestra excelencia me dirigió en 30 del pasado septiembre (6).

Al día siguiente, el canciller Ortiz respondió al delegado vaticano de manera enérgica, exigiéndole en nombre del gobierno argentino una explicación satisfactoria por los sucesos acontecidos en Córdoba:

Señor delegado apostólico:
Devuelvo a vuestra excelencia su nota de fecha de ayer por los insólitos términos en que está concebida, inconciliable con los respetos que debe al Gobierno, y con el carácter que vuestra excelencia inviste. Al mismo tiempo, debo manifestarle que he recibido terminantes instrucciones de su excelencia el señor presidente de la República para exigir de vuestra excelencia una contestación categórica, dentro del término de 24 horas, a mi nota de 30 de septiembre último (7).

En lugar de responder al canciller Ortiz, el delegado apostólico lo hizo directamente al presidente Roca, mediante carta particular fechada el mismo día 13 y que decía:

Mi distinguido general y apreciable amigo:
Ninguna dificultad tengo en dar a vuestra excelencia personalmente las explicaciones que el señor ministro de Relaciones Exteriores me pide de oficio sobre la entrevista que tuve en Córdoba con la directora del Colegio Normal y las señores que la acompañaban. (...) Sepa, pues lo que ocurrió en Córdoba. Dos señoras muy distinguidas de la sociedad de Córdoba, que vuestra excelencia conoce muy bien, me piden con una esquelita que les mande decir la hora para poderme visitar. Yo me figuré que las dos señoras venían a verme para devolverme la visita que en mi corta permanencia en esa ciudad les había hecho anteriormente y con preferencia a todas las demás; y puede su excelencia imaginarse cuál fue mi sorpresa cuando entré a la sala y me encontré con muchas señoras y señoritas y entre ellas la directora y algunas profesoras del Colegio Normal que me fueron presentadas. Una señora de más edad, que se sentó a mi lado, cuyo apellido no recuerdo, madre de una de las señoritas presentes, profesora del Colegio, empezó a exponerme la intranquilidad de conciencia en que, como buenas católicas, se encontraban con motivo de esa escuela, rogándome les diera yo algún consejo y les indicara algún modo para sosegarse. Lo mismo repitieron todas, comprendida la señora directora y las señoritas profesoras. Les manifesté luego que era para mí una sorpresa a la cual no estaba preparado. Mas, una vez que habían venido a pedirme alguna dirección para su conciencia, como madres, que eran, católicas, y para sus niñas, también católicas, me obligaban a responderles como conviene a un obispo católico, como indignamente soy, y hablarles del mismo modo que habla y explica la Iglesia católica y el jefe supremo de ella. Ahora, la Iglesia católica no aprueba que niñas y niños católicos vayan a escuelas dirigidas por directores y profesoras acatólicas por el peligro de corromper su fe y perder la religión santa en que nacieron, y exhorta a los padres y a las madres católicas a abstenerse cuanto es posible de enviar sus niñas y niños católicos a escuelas dirigidas por acatólicos. Esto, mi querido general, es tan conforme a la razón, tan evidente, que la misma directora y muchos otros protestantes residentes en el país, con quienes he tenido ocasión de hablar al respecto, me han dado la más completa razón. Vuestra excelencia mismo, como católico, no puede pensar de diverso modo. Esto, pues, fue lo que dije en conversación privada a las señoras que me visitaban, añadiendo que habría a mi parecer un medio para arreglar la cosa y sosegar las inquietudes de conciencia, y era que ellas mismas se dirigieran al Gobierno manifestándole sus dudas y pidiéndole que las sosegase declarando, como yo pensaba, que no era su intención hacer proselitismo protestante con semejantes escuelas y que, al contrario, no oponía dificultad en que el señor obispo mandase enseñar en ellas historia sagrada y catecismo católico y las visitase de tiempo en tiempo para ver si efectivamente las niñas católicas, entre las muchas otras materias a que se dedicaban y aprendían, eran instruidas en lo que pertenece a la propia religión en que nacieron.
Ni se me pasó por la cabeza que hablando yo del modo expresado ejercía actos contrarios a las disposiciones del Gobierno, incitaba a la desobediencia de las leyes, y, lo que es mucho peor, que yo me aliase con los que pretenden perturbar el cumplimiento de medidas administrativas, como de orden y en nombre de vuestra excelencia expresa el señor ministro de Relaciones Exteriores en la nota que se ha permitido dirigirme. (...)
Yo, distinguido señor general, respondiendo a las señoras del modo referido, era lo menos que podía decirles; no las incitaba a la desobediencia, las dirigía al Gobierno, (...).
Esta es la verdadera historia de la visita de las señoras de Córdoba, las cuales fueron tan discretas que ni en Córdoba mismo, mientras yo estuve, se habló de esta visita ni del objeto que tenía. Fue el ministro del ramo quien la dio a conocer publicando tan inoportunamente la carta que dirigió la directora y su respuesta que, por el estilo y la fraseología, no hace ciertamente mucho honor a su talento, ni al alto puesto que ocupa.
Espero que vuestra excelencia quede satisfecho de las explicaciones que le he dado por exclusivo acto de deferencia y amistad, y que en su consecuencia el señor ministro de Relaciones Exteriores retire su nota, pues de otro modo me veré obligado a devolvérsela oficialmente.
Perdóneme vuestra excelencia si he sido largo y si le he hablado con demasiada franqueza. No podía ser de distinto modo.

Lo saluda atentamente y reconózcame siempre como su servidor y capellán (8).

  1. Vale aclarar que las relaciones entre la Santa Sede y las autoridades de Buenos Aires distaron de ser armónicas a lo largo de la historia argentina. Desde la Revolución de Mayo de 1810 se registraron numerosos intentos de los sucesivos gobiernos de Buenos Aires por limitar las atribuciones de la Iglesia respecto del gobierno civil, entre ellos el de hacer laica la enseñanza pública, en gran medida sujeta a la influencia eclesiástica. Estas medidas, inspiradas en el espíritu liberal y laico de la mayoría de los hombres de gobierno porteños, inevitablemente generaron roces con las autoridades de la Santa Sede. Así, por un decreto del 23 de marzo de 1813 se suprimió el Tribunal de la Inquisición en todos los pueblos del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, medida que por cierto privó a ciertos sectores eclesiásticos de un poderoso instrumento de control cultural. En la sesión del 4 de junio de 1813, la Asamblea General declaró que el Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata "es independiente de toda autoridad eclesiástica que exista fuera de su territorio, bien sea de nombramiento o presentación real". Durante los primeros veinte años de vida de la Argentina embrionaria, no hubo relaciones oficiales con la Santa Sede, si bien la incomunicación entre Buenos Aires y el Vaticano no fue absoluta. Pero el Papa no quiso comprometerse con la Corte española evidenciando simpatía hacia los revolucionarios del Río de la Plata. Incluso el Papa León XII, en una encíclica de 1825, condenó la emancipación americana. Por cierto, el clima liberal, laicista y por momentos anticlerical que inspiró a algunos hombres del gobierno porteño (especialmente a Bernardino Rivadavia) no ayudó a mejorar el tenso clima existente en las relaciones con el Vaticano. Vale advertir que durante la llamada "feliz experiencia" del gobierno del general Martín Rodríguez (1820-1824), donde el entonces ministro Rivadavia tuvo un rol descollante, se presentó una ley de reforma del clero, por el que el personal eclesiástico pasaba a depender de las leyes y la magistratura civil, se suprimían los diezmos y el Estado se encargaba del mantenimiento del culto, proyecto que intentó eliminar la influencia cultural de la Iglesia en escuelas y universidades y generó resistencias en las órdenes religiosas locales y en sectores de la clase política, prensa y opinión pública porteñas más cercanos a la Iglesia. Si bien durante el gobierno de Juan José Viamonte en Buenos Aires se intentó el restablecimiento de relaciones con la Santa Sede, este acercamiento quedó abortado durante la gestión de Juan Manuel de Rosas, quien el 27 de febrero de 1837 dictó un decreto por el que resolvió que ninguna autoridad civil o eclesiástica de la provincia de Buenos Aires podía reconocer el valor ni prestar obediencia ni conformidad a ningún documento pontificio recibido después del 25 de mayo de 1810, que apareciera sin el debido pase o "exequátur" de la autoridad encargada de las relaciones exteriores de la Confederación rosista. Luego de la caída de Rosas en 1852 y de la sanción de la Constitución de 1853, la separación de Buenos Aires y la Confederación Argentina en dos entidades políticas autónomas fue un factor que también generó dificultades en las relaciones con la Santa Sede, pues los asuntos eclesiásticos en territorio confederado debían realizarse con la intervención del vicario capitular de la diócesis que residía en Buenos Aires. Deseoso, en su puja contra el Estado de Buenos Aires, de entablar relaciones diplomáticas con la Santa Sede para obtener de ella su reconocimiento, Justo José de Urquiza, al frente del gobierno de la Confederación Argentina, decidió designar en 1857 a Juan Bautista Alberdi como ministro plenipotenciario ante la Santa Sede gobernada por Pío XI, con la misión de obtener de la autoridad pontificia la creación de la diócesis del litoral para evitar la dependencia de las regiones de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes del obispado de Buenos Aires. Pero el Vaticano no aceptó el proyecto de concordato sugerido por Alberdi y presentado en 1858 por el ministro plenipotenciario Juan del Campillo. En julio de 1858 un nuevo incidente produjo roces en las relaciones entre el gobierno de Paraná y el del Vaticano, cuando el Papa dispuso el desmembramiento del distrito de Tarija de la diócesis de Salta, sin intervención de las autoridades de la Confederación Argentina. Esta medida generó la protesta de Del Campillo, quien argumentó que "podría interpretarse como que la Santa Sede reconocía la desmembración política del territorio argentino, ocurrido por un acto de sublevación que no había sido consentido". Cfr. I. Ruiz Moreno, op. cit., p. 411, 407-411; Luis Alberto Romero, La feliz experiencia: 1820-1824, Buenos Aires, La Bastilla, 1983, pp. 224-235.

  2. I. Ruiz Moreno, op. cit., p. 411.

  3. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, año 1885, p. 330, cit. en ibid., pp. 411-412.

  4. Ibid., p. 412, y C.A. Silva, op. cit., p. 470.

  5. Nota del 30 de septiembre de 1884 del canciller Francisco J. Ortiz al delegado apostólico monseñor Mattera, cit. en C.A. Silva, op. cit., pp. 470-471.

  6. Nota del 12 de octubre de 1884 del delegado apostólico monseñor Mattera al canciller Francisco J. Ortiz, cit. en C.A. Silva, op. cit., p. 471.

  7. Nota del 13 de octubre de 1884 del canciller Ortiz al delegado apostólico monseñor Mattera, cit. en ibid., p. 471.

  8. Carta particular del delegado apostólico monseñor Mattera al presidente Roca, 13 de octubre de 1884, cit. en ibid., pp. 471-473.

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