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La expulsión de monseñor Mattera por parte del gobierno argentino (octubre de 1884)

El contenido de la nota de Mattera citada anteriormente disgustó profundamente al presidente Roca, quien decidió poner punto final a la controversia con el representante de la Santa Sede al notificarle a través del canciller Ortiz el día 14 de octubre de 1884 la siguiente decisión:

En vista de la actitud asumida por vuestra excelencia en sus relaciones con el Gobierno de la República, el señor presidente me ordena enviar a vuestra excelencia sus pasaportes, fijándole el término de veinticuatro horas para dejar el territorio de la Nación.
Saludo a vuestra excelencia atentamente (1).

El mismo día 14, el canciller Ortiz, después de notificar la entrega de sus pasaportes al delegado papal, dirigió una circular a los representantes diplomáticos argentinos en el exterior, narrando los hechos producidos y explicando la grave medida adoptada, en los siguientes términos:

Señor ministro:
Por los documentos adjuntos se impondrá vuestra excelencia de los motivos que han determinado al Gobierno de la República a adoptar la resolución de expedir en esta fecha sus pasaportes al delegado apostólico y enviado extraordinario de la Santa Sede, monseñor Luis Mattera. El estilo agresivo y violento de los documentos emanados de la Legación pontificia, las aseveraciones inusitadas que contienen y el lamentable olvido de las conveniencias y prácticas diplomáticas, tanto más notable en un eclesiático de elevada jerarquía, sorprenderán indudablemente a vuestra excelencia como han sorprendido al Gobierno y al país; y para darse cuenta exacta de los hechos es necesario referirse a causas anteriores de un orden superior que hayan podido inducir al delegado apostólico a producir actos tan extraordinarios.
La República Argentina, cuyos elementos de prosperidad sólo necesitan para desarrollarse ampliamente, al amparo de sus leyes protectoras y liberales, del goce inapreciable de la paz interior y exterior de que disfruta, ha emprendido la reforma y perfeccionamiento de sus leyes administrativas dando, como es natural, una importancia decisiva al mejoramiento y difusión de la educación pública, base primordial de prosperidad y bienestar en las naciones modernas.
Entre estas leyes figura la de la enseñanza laica que, despojando a las escuelas costeadas por el Tesoro público del espíritu estrecho de secta, permite, sin embargo, a los ministros de diverso culto, la enseñanza de sus doctrinas, en días determinados y en el local mismo de las escuelas, a los alumnos de su respectiva comunión. La discusión de este proyecto, nacido en una de las Cámaras del Congreso Nacional y su definitiva sanción contra la opinión manifestada en conferencias confidenciales, aceptadas por deferencia, al delegado apostólico monseñor Mattera; sus pretensiones, de igual modo manifestadas, para impedir la venida al país de las maestras normales contratadas por el Poder Ejecutivo en Estados Unidos para la dirección de esos establecimientos de enseñanza; y por fin, el convencimiento adquirido de que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar todas aquellas medidas tendentes a levantar la educación pública al nivel que tiene en los países más civilizados, son indudablemente las causas remotas que han ido preparando en el ánimo del señor delegado apostólico la explosión de una mala voluntad contra el Gobierno, reprimida sin embargo, hasta el 12 del corriente, bajo las formas respetuosas y cultas que habían caracterizado hasta entonces las relaciones oficiales y personales mantenidas por el señor Mattera con los miembros del Poder Ejecutivo.
Coincidía con la presencia del señor delegado apostólico en esta Capital, el comienzo de una época de agitaciones producidas por la intolerancia religiosa y traducidas en manifestaciones de clubes religiosos en los que figuraban siempre algunos miembros importantes del clero, en sermones intemperantes en los templos; en la fundación de diarios con iguales objetos y en la emisión de pastorales de vicarios y obispos, destinadas a introducir la perturbación en el mantenimiento y dirección de las escuelas públicas fundadas hacía algunos años y que funcionaban con aplauso público y aun con el de los mismos que hoy las condenan.
Esta coincidencia empezó a despertar en la opinión pública el convencimiento de que el señor delegado apostólico no era extraño a estos actos de retroceso que ninguna razón amparaba; no obstante que su prudente reserva no daba ocasión al Gobierno para dar formal crédito a esas deducciones. La prensa diaria emitió sus juicios desfavorables y aun irrespetuosos respecto al señor Mattera, sin que el Gobierno pudiera intervenir ni evitar esas publicaciones en un país donde la libertad de imprenta es un dogma consagrado por la Ley Fundamental, y un derecho inapreciable arraigado en las costumbres públicas.
En estas circunstancias, el señor delegado apostólico se trasladó a la ciudad de Córdoba y fue allí que un grupo de señoras, entre las que se hallaba la directora de la Escuela Normal, se presentó en su casa particular solicitando una entrevista. El señor Mattera recibió la diputación, cuyo objeto era pedirle que hiciera levantar el anatema lanzado por el ex vicario Clara contra la Escuela Normal, contestando que accedería a esa solicitud a condición de que el ministro de Instrucción Pública declarase en un documento oficial:
1º- Que la intención del Gobierno no era propagar la religión protestante;
2º- Que permitiera la enseñanza del catecismo católico en la Escuela Normal; y
3º- Que se permitiera al obispo visitar la escuela cuando lo juzgara conveniente, para convencerse de que se cumplía la segunda condición.
Al tener conocimiento este ministerio de ese acto impropio en un ministro extranjero, que acusaba una intromisión indebida en asuntos de carácter interno regidos por las leyes del Congreso y por medidas administrativas del Poder Ejecutivo; que significaba, además, una imposición ofensiva, como la de atribuirle el propósito de propagar una religión extraña, y que envolvía, finalmente, incitaciones irrespetuosas y vejatorias; creyó de su deber imprescindible pedir la explicación de este acto, como lo hizo en nota de fecha 30 de septiembre, en términos comedidos, dando lugar así a una aclaración que restableciese las respectivas posiciones bajo el pie de la cordialidad hasta entonces no alterada por ningún hecho ostensible de parte del señor Mattera. Su contestación fue la nota de 12 de octubre, cuyos insólitos términos obligaron a este ministerio a devolvérsela, pues no era aceptable una nota en la que atribuía al Gobierno la inspiración de artículos de un diario, concebidos, según él, en estilo vulgar y conteniendo innobles injurias contra su persona, lo que equivalía a decir que el Gobierno era capaz de tales producciones, y terminándola con un ultimátum o aplazamiento irrespetuoso e inusitado.
La devolución de este documento singular era el más moderado expediente que el decoro marcaba en semejante caso, y fue lo que se hizo, esperando todavía de la prudencia del delegado apostólico un paso reflexivo y conciliador. En vez de esto, un nuevo acto sin precedentes en la historia diplomática vino a demostrar evidentemente el propósito deliberado de producir un rompimiento absoluto. El delegado apostólico, sin contestar las notas del ministerio que se habían mantenido reservadas, hace públicas al día siguiente por la prensa, no solamente su nota devuelta de fecha 12, sino también una carta privada que con esa misma fecha se había permitido dirigir al excelentísimo señor presidente de la República, conteniendo ofensas tan extraordinarias y calumniosas contra el primer magistrado de la Nación y algunos de sus ministros, que no era dable suspender por un día más el envío de sus pasaportes. Enviados éstos, el señor delegado apostólico dirigió a este ministerio un nuevo oficio que le fue devuelto cerrado, y cuyo contenido, dado a la prensa al día siguiente por el señor Mattera, era una protesta no solamente contra el acto de su expulsión sino contra todas las doctrinas emitidas y todas las medidas recientemente adoptadas en perjuicio de la libertad y de los derechos propios de la Iglesia católica y contra todas aquellas que se amenazan adoptar en lo porvenir.
Este último documento lanzado al público bajo la firma del señor Mattera, enviado de la Santa Sede, reagrava la irregular conducta del delegado apostólico y revela una vez más en él un interés singular e inexplicable de crear obstáculos a las relaciones de la Santa Sede con la República Argentina.
En efecto, el señor Mattera que ha presenciado la emisión de todas las doctrinas y la adopción de todas las medidas recientes (en lo que indudablemente se refiere a las discusiones parlamentarias y a las leyes del Congreso) sin reclamar oficial y oportunamente de ellas, si se creía con derecho, no ha podido tener a última hora instrucciones de la Santa Sede cuyo nombre invoca para lanzar una protesta así concebida, instrucciones que importarían el desconocimiento de la soberanía nacional, y harían imposible, por otra parte, el ejercicio de una misión revestida de propósitos de esa naturaleza. No es dable suponer que en el ánimo paternal del sumo pontífice encuentre justificación la conducta observada por el monseñor Mattera en la República, que ha presenciado por primera vez el espectáculo de un ministro diplomático ofendiendo en notas y en cartas privadas que él mismo hace publicar, al primer magistrado de la Nación y a sus ministros y lanzando después protestas universales contra las leyes del país presentes y futuras.
El Gobierno tiene la creencia de que este incidente no ha de interrumpir las buenas relaciones existentes con la Santa Sede, que es de recíproca conveniencia para la Iglesia y el Estado mantener con sincera cordialidad.(...) (2)

Luego de decidir la expulsión del representante de la Santa Sede Mattera, el gobierno argentino decidió informar las razones de tan extrema medida al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Jacobini, a través de una nota de 22 de octubre de 1884, que encomendó presentar al ministro plenipotenciario argentino en Francia, Mariano Balcarce, designado al efecto en misión oficial ante la Santa Sede. Pero Balcarce, convencido de que una acción directa en Roma no daría resultado, solicitó la mediación del nuncio en París para hacer llegar al cardenal Jacobini el pliego del gobierno argentino.

  1. Nota del 14 de octubre de 1884 del canciller Ortiz al delegado apostólico monseñor Mattera, cit. en ibid., p. 473.

  2. Circular del canciller Ortiz a los representantes diplomáticos argentinos en el exterior, 14 de octubre de 1884, cit. en ibid., pp. 474-475, subrayado en el original.
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