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Los roces entre 1918 y 1930

En el período de la primera posguerra, dos acontecimientos generaron inconvenientes en las relaciones entre el gobierno argentino y el de la Santa Sede. El primero tuvo lugar en 1923, al fallecer el arzobispo de Buenos Aires monseñor Espinosa. El presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear presentó a la Santa Sede al obispo de Temnos, monseñor Miguel de Andrea, como candidato a suceder a Espinosa en el cargo. Pero las autoridades pontificias consideraron que el candidato propuesto por el gobierno argentino no llenaba las condiciones necesarias, factor que obligó a monseñor de Andrea a elevar la renuncia. El gobierno de Alvear rechazó dicha renuncia, pero de Andrea insistió en ella, con el objetivo de evitar un enfrentamiento entre la Argentina y el Vaticano. Tras muchos vaivenes, el gobierno radical finalmente decidió aceptar la renuncia de su candidato (1).
    En 1924 se suscitó un nuevo problema entre Buenos Aires y la Santa Sede. El nuncio comunicó que la Santa Sede había nombrado como administrador apostólico de la arquidiócesis de Buenos Aires a monseñor Juan Agustín Boneo, obispo de Santa Fe. El canciller del gobierno de Alvear, Angel Gallardo, comunicó a Boneo que, tratándose de un cargo que se ejerce en el territorio de la República, la documentación correspondiente debía ser previamente sometida a consideración de las autoridades nacionales. Comenzó así una nueva pugna por jurisdicciones y atribuciones de poder entre el gobierno argentino y las de la Iglesia local y la Santa Sede, pues monseñor Boneo se negó a presentar la documentación exigida por las autoridades nacionales. Boneo argumentó que ninguna ley ni disposición constitucional le obligaba a presentar previamente al gobierno el nombramiento del Papa. Ante esta postura, el poder ejecutivo requirió el dictamen del procurador de la Nación, quien insistió en la presentación de los documentos. Monseñor Boneo decidió acatar la disposición del procurador y presentar la documentación a la Corte Suprema. El alto tribunal encontró que la documentación no llenaba los requerimientos legales y afectaba el derecho de patronato del Estado argentino, por cuanto el nombramiento de Boneo había sido realizado por el mismo Papa en violación del artículo 68, inciso 8º de la Constitución de 1853. Con estos argumentos, por sentencia dictada en febrero de 1925, la Corte Suprema decidió no conceder la autorización para la designación de Boneo como administrador apostólico de la arquidiócesis de Buenos Aires. Finalmente, el 17 del mismo mes, el presidente Alvear retuvo la documentación que contenía la designación de Boneo, en otras palabras, decidió que en ese momento el Vaticano no podía nombrar vicario apostólico para gobernar a los obispos argentinos (2).

  1. I. Ruiz Moreno, op. cit., p. 414.

  2. Ibid., pp. 414-415.

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