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El 19 de agosto de 1941 se formó, por decreto Nº 106.056, la comisión militar-naval argentina que partiría unos meses más tarde para Washington con el objetivo de obtener ayuda militar norteamericana. Dicha comisión estuvo presidida por el contraalmirante Sabá H. Sueyro y el general de brigada Eduardo T. Lapez e integrada por los capitanes de fragata Harold Cappus, Aureliano G. Lares, Carlos Garzoni y el teniente de navío Manuel N. Bianchi; el teniente coronel Raúl Ruiz Díaz, el mayor Emilio Loza y el capitán Luis M. A. Terradas. De acuerdo con el decreto, también formaba parte de la comisión el embajador argentino en la capital norteamericana, Felipe A. Espil., “para todos los asuntos que interesen a la política internacional del país”. (1)  
    Pero la comisión naval-militar argentina llegaba a Washington en mal momento. El ya mencionado ataque japonés a la flota norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor, producido el 7 de diciembre de 1941, que decidió el ingreso de Estados Unidos en la guerra, y la celebración de la Tercera Reunión de Consulta de Cancilleres en Río de Janeiro, en enero de 1942, cambiaron el rumbo de las relaciones argentino-norteamericanas. La actitud argentina ante uno y otro acontecimiento contribuyó a resquebrajar las relativamente cordiales relaciones mantenidas hasta ese momento con el gobierno de Estados Unidos. La posición de neutralidad del gobierno de Castillo, irritante para el gobierno norteamericano, forzó al último a utilizar métodos de presión para obtener de la Argentina la declaración de ruptura con las fuerzas del Eje. Y esta política de presión condicionó, por cierto, las conversaciones mantenidas en Washington entre la comisión naval-militar argentina y los oficiales norteamericanos. El 4 de febrero de 1942, Welles comunicaba a su embajador en la Argentina que

he consultado al general Marshall y al almirante Stark. Ellos informarán al almirante Sueyro y al general Lapez que, por cuanto el gobierno argentino ha decidido mantener por el momento una posición equivalente a la neutralidad, y que todas menos una de las repúblicas americanas han declarado la guerra o roto relaciones con el Eje, incurriendo por ello en los peligros inherentes a tal actitud a causa de su apoyo a los Estados Unidos, el material naval y militar que podía ser concedido por los Estados Unidos puede ser solamente repartido entre aquellas naciones americanas. (2)

Confirmando la decisión, el 9 de febrero Welles notificaba al embajador argentino Espil que, si bien “las posibilidades de proveer armamentos a los países americanos se considerarían sin propósito alguno de discriminación”, podrían darse circunstancias en  que por la escasez de material “hubiera que dar prioridad a aquellos países que por razón de la ruptura de relaciones estuvieran en peligro, sobre aquellos que no estuvieran expuestos y que las siguen manteniendo”. (3)  
    A pesar de los informes negativos que el embajador Espil enviaba a Buenos Aires mostrando la irritación de los círculos oficiales norteamericanos con la neutralidad argentina, y de las declaraciones del embajador Armour, en el gobierno de Castillo reinaba un sentimiento de gran optimismo respecto de la posibilidad de adquirir armamento de Estados Unidos. Prueba de ello fueron las instrucciones enviadas por la cancillería argentina a su embajador en Washington el 17 de febrero de 1942, ordenándole que

de acuerdo a lo aconsejado por los ministros de Guerra y Marina, y lo aprobado por el Acuerdo General de Ministros, el señor Embajador gestionará y propondrá a este Ministerio de Relaciones Exteriores un nuevo texto de acuerdo básico encuadrado en la Ley de Préstamo y Arriendo, con las siguientes bases:
1º Las cuotas de provisiones corresponderán, en total a:
   
200 millones de dólares al Ejército
   
250 millones de dólares para la Marina,
2º Sobre el monto de los elementos transferidos, el gobierno argentino abonará en seis cuotas anuales el 50% del valor, conforme a los costos resultantes de las adjudicaciones. El otro 50% será abonado por el gobierno de los Estados Unidos como compensación a la contribución que el gobierno hace al anterior en forma de facilidades para la adquisición en la Argentina de materiales estratégicos, y los perjuicios que redundan para las finanzas y economía argentinas por el estado de guerra y las dificultades en su comercio exterior.
3º Las transferencias se efectuarán por mitades en los años 1942 y 1943 y ellas corresponderán a las listas del nuevo plan de armamentos, que complementará el presentado en 1941, y que ya resulta insuficiente, en vista del cambio de situación. Este plan detallado y específico le será entregado al señor Embajador por intermedio de la delegación naval-militar (...)
No es posible ceñirse estrictamente a la cuota de 66 millones asignada a nuestro país en virtud de una Ley de Préstamo y Arriendo, sancionada cuando las circunstancias no eran las presentes y cuando las obligaciones a asumir en la zona de responsabilidad argentina no se habían concretado. Por ello, es conveniente que el gobierno de Estados Unidos aprecie la necesidad de obtener, si lo juzga preciso, la inclusión del aumento que necesitamos en un adicional o nueva ley de Préstamos y Arriendo, cuya sanción podría proponer a su Poder Legislativo (...). (4)

De acuerdo con Conil Paz y Ferrari, las citadas instrucciones de la cancillería argentina al embajador Espil reflejaban el absoluto convencimiento del gobierno argentino del alto valor estratégico obtenido por el país debido a su posición en la Conferencia de Río. Sólo ese convencimiento explicaría que la diplomacia argentina no temiera una represalia de la Casa Blanca, luego de la actitud obstruccionista sostenida en la Conferencia de Río, y que, además, con una confianza rayana en la ingenuidad, solicitara aumentos en la entrega de armas y mayores facilidades que antes de la citada Conferencia, hasta el punto de aconsejar que, para el caso, el Congreso norteamericano votara una ley adicional a la Lend-Lease Act.(5) En contraste con el optimismo del gobierno argentino, el 17 de febrero de 1942, Welles exigía al jefe de operaciones navales, almirante Stark, que los representantes de Estados Unidos no firmaran ningún acuerdo con la comisión argentina, y que el ejército norteamericano tomara similar actitud respecto de sus colegas argentinos. (6)
    El 15 de marzo de 1942, el almirante Sueyro, el embajador Espil y el subsecretario Welles conversaron en la residencia de Espil en Washington. Welles señaló las dificultades por las que atravesaba el gobierno norteamericano para proveer de armamentos a los países que los necesitaban sin demora. Recalcó la imperiosa necesidad de auxiliar a Brasil, prácticamente envuelto en la guerra. También se refirió a la delicada situación de Chile, con sus extensas costas casi indefensas. Respecto de la Argentina, el subsecretario norteamericano calificó la actitud de no beligerancia del gobierno de Castillo como un factor que incidía negativamente en el conflicto, e insistió en la necesidad de organizar un convoy para la protección del comercio interamericano en el cual participara la armada argentina, al menos hasta el comienzo de la costa brasileña. Pero el almirante Sueyro contestó que era imposible cumplir con esos requisitos, porque la marina argentina carecía de elementos para poder colaborar en esa tarea. Por su parte, Welles insistió en que deseaba de parte del gobierno argentino cualquier medida de colaboración activa, por limitada que fuera, algún “gesto” destinado a cambiar en la opinión pública norteamericana la impresión de que la Argentina se mantenía alejada e indiferente frente al conflicto mundial. (7) Obviamente Welles tenía mayor interés en la ruptura de relaciones de la Argentina con el Eje que en la seguridad militar del Atlántico sur, y su exigencia de que la marina argentina fuese responsable de convoyar buques hasta el sur de Brasil fue una forma de boicotear el acuerdo.
   
La inflexible actitud de la comisión militar-naval argentina llevó a un virtual paréntesis en las negociaciones, que pasaron a ser discutidas directamente a nivel de gobiernos, aunque con idéntico mal resultado. Para justificar la posición de neutralidad, la cancillería argentina sostuvo que la obligación del convoy creaba una situación de beligerancia que la Argentina no deseaba, pues abría la puerta hacia la ruptura de las relaciones con el Eje y la guerra misma. Asimismo, la cancillería argumentó que la exigencia del convoy o de “control y protección de la navegación en la costa atlántica” aparecía como una obligación impuesta exclusivamente al gobierno argentino y no a los de las demás naciones latinoamericanas. Dicha exigencia, como condición para la entrega de material bélico bajo el régimen del Préstamo y Arriendo, era para la cancillería argentina una actitud discriminatoria del gobierno norteamericano, exigencia que no había sido impuesta a los demás gobiernos de la región, los cuales habían recibido dicha asistencia militar sin ninguna clase de requisitos.
   
Frente al argumento esgrimido por la cancillería argentina, el Departamento de Estado norteamericano sostuvo que la obligación del convoy no era exclusiva para el gobierno argentino, pues diecinueve repúblicas habían declarado la guerra o roto relaciones con el Eje, y por lo tanto las autoridades norteamericanas ayudarían a aquellas repúblicas que habían adoptado una firme posición en términos de defensa continental. En estos casos, el gobierno de Estados Unidos ponía a disposición todo el material bélico disponible, mientras que los gobiernos que no habían contribuido a la causa americana no podían esperar tal ayuda militar de Washington. Sólo colaborando, sostuvo Welles, “la República Argentina podía legítimamente compartir la provisión de armamentos, que los Estados Unidos tienen para distribuir entre las repúblicas americanas”. (8) 
   
Ante la exigencia del convoy, el canciller Ruiz Guiñazú telegrafió al embajador Espil ordenándole que manifestara al gobierno de Roosevelt “la incompatibilidad que surge entre las sugestiones (de convoyage) y la reiterada posición argentina”. (9) Espil, obedeciendo las instrucciones de su canciller, solicitó una audiencia con el presidente norteamericano y preparó un memorándum historiando el proceso de las negociaciones, documento que fue presentado el 24 de marzo. Señalaba en él que durante las conversaciones la Argentina había ofrecido un plan de defensa que, al revelar sus preparativos para una guerra, significaba una gran demostración de amistad hacia los Estados Unidos. También aseveraba que el gobierno argentino había aceptado el acuerdo propuesto con unas pocas modificaciones. El mayor desacuerdo argentino con el convenio de Préstamo y Arriendo, anterior a la adición del requerimiento del convoy, era que el material a entregar sería insuficiente para proveer la defensa adecuada de las zonas bajo responsabilidad argentina. La nota también mencionaba las medidas tomadas para la defensa, que incluían una posible llamada a la reserva, refuerzo de ciertos puntos en el Atlántico sur y la instalación de bases en la Patagonia. El memo concluía que:  

es obvio que la efectividad de nuestra cooperación en la defensa continental está estrechamente ligada al equipamiento y materiales que la República Argentina tiene probabilidad de recibir en debido tiempo para completar el valor operativo de su Ejército y Armada. (10)

 El 3 de abril, el Departamento de Estado, en la respuesta al memo argentino, insistió en su postura, señalando que, si el gobierno argentino aceptaba la propuesta norteamericana de control y protección de la navegación y estaba dispuesto a llevarla a cabo, podría negociar inmediatamente con Washington el acuerdo para obtener asistencia militar. (11)
   
El 23 de abril el embajador Armour tuvo una conversación con Ruiz Guiñazú. Al día siguiente, el ministro envió una nota, señalando, en primer lugar, que el gobierno argentino había entendido que el préstamo a obtener en base a la ley de Préstamo y Arriendo no necesariamente dependía de las conversaciones de un plan de defensa común. En segundo término, sin ayuda de préstamo y arriendo, la Argentina no podría llevar adelante su parte del plan de defensa tratado en Washington. No obstante, el gobierno argentino había autorizado a su delegación a firmar el plan de cooperación, “en cuanto implicaba el reconocimiento de una política de colaboración adoptada de acuerdo con las obligaciones asumidas por el país, el cual está dispuesto a cumplir con las medidas que sus recursos le permiten”. Sólo la inclusión de último momento de la idea del convoy por el Departamento de Estado había evitado una conclusión satisfactoria de las conversaciones. En tercer lugar, el gobierno argentino argumentaba que el requerimiento del convoy no había sido hecho a otros gobiernos latinoamericanos que estaban obteniendo asistencia de préstamo y arriendo. Esto de acuerdo con la nota,  (y probablemente cierto acota Francis), discriminaba contra la Argentina, y además creaba “una situación de beligerancia que el país no desea y para la cual no está preparado”. (12)  
    La respuesta de Hull no se hizo esperar y fue categórica. Señalaba que, a pesar de las afirmaciones de que el abastecimiento de material por préstamo y arriendo no dependían de un plan de defensa, eso había cambiado luego del ataque a Pearl Harbor (vale aclarar que el gobierno argentino nunca fue notificado al respecto). Repetía que la Argentina no era discriminada, porque no había suficiente material para abastecer todos los países que necesitaban asistencia. La idea del convoy hubiera permitido a la Argentina ser parte del programa a pesar del hecho de no haber declarado la guerra ni roto relaciones con el Eje. También rechazaba el argumento de que la participación en el convoy crearía un estado de beligerancia a la Argentina. Finalmente concluía que no había más posibilidad en las circunstancias de ese momento de proveer material de préstamo y arriendo a la Argentina. (13)  
    Según el informe de Espil, los motivos del Departamento de Estado para no firmar ni siquiera un acuerdo de colaboración militar eran, por un lado, que la posibilidad de una alianza entre la Argentina y los Estados Unidos contra los países del Eje era muy remota, dado la posición internacional de la Argentina, que a pesar de la recomendación de Río, había decidido mantenerse neutral. El Departamento de Estado estimaba como improbable la eventualidad de un conflicto entre la Argentina y los enemigos de los Estados Unidos, por lo cual no justificaba un envío de armas hacia el país sudamericano. Pero principalmente en la base de la decisión adoptada estaba el temor a la negativa repercusión que podía tener la firma de un convenio, proveyendo a la Argentina de material bélico en las mismas condiciones que a otros países que hubieran roto relaciones o declarado la guerra al Eje. (14)  
    El embajador Armour recibió la categórica nota de Hull, pero no la presentó al gobierno argentino pues había obtenido la promesa del presidente Castillo de que revisaría nuevamente el tema con el canciller. Armour sugirió entonces a sus superiores postergar la entrega de la nota hasta comprobar si el gobierno intentaba alguna acción. La respuesta de Hull fue terminante, instándolo a que hiciera la presentación.  
    La actitud del Departamento de Estado fue un boomerang que fortaleció a los nacionalistas argentinos y empujó al gobierno de Castillo más cerca de Berlín. En julio de 1942, Ruiz Guiñazú informó a la Cámara de Diputados que los planes del gobierno para romper eventualmente con el Eje no serían jamás llevados a cabo, en tanto las discrinaciones de Washington contra la Argentina privaran a este país de las armas que necesitaba para su defensa. Consecuentemente, Castillo entró en negociaciones con el gobierno alemán, a fin de obtener una fuente alternativa de suministro de armamento, necesario para preservar la influencia argentina en la región. (15) 

  1. A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., pp. 98-99.

  2. Comunicación de Sumner Welles a su embajador en la Argentina, Norman Armour, Washington, 4 de febrero de 1942, cit. en ibid., p. 102. 

  3. Nota de Welles al embajador argentino Espil, Washington, 9 de febrero de 1942, cit. en ibid.

  4. Instrucciones de la Cancillería argentina al embajador Espil, Buenos Aires, 17 de febrero de 1942, cit. en ibid., pp. 102-103. 

  5. Ibid., p. 104.

  6. Ibid. 

  7. Véase ibid., pp. 104-110.

  8. Ibid., p. 108.

  9. Ibid.

  10. FRUS, 1942, V, 387-90, cit. en M.J. Francis, op. cit., p. 154.

  11. A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., p. 108; M.J. Francis, op. cit., p. 154.

  12. FRUS, 1942, V, 393-394; 835.34/603, Memo, April 23, 1942, cit. en M.J. Francis, op. cit., pp. 154-155.

  13. FRUS, 1942, V, 396-399, cit. en ibid., pp. 155-156.

  14. A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., pp. 109-110.

  15. Damonte Taborda a Welles, 6 de febrero de 1942, box 96, Welles Folder, President’s Secretary’s File, Roosevelt Papers, y Armour a Hull, 18 de febrero de 1943, 835.00/1363, RG 59, DOS, cit. en C. Escudé, op. cit., pp. 103-104.

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