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La misión Lapez-Sueyro (diciembre de 1941-abril de 1942)
El
19 de agosto de 1941 se formó, por decreto Nº 106.056, la comisión
militar-naval argentina que partiría unos meses más tarde para Washington con
el objetivo de obtener ayuda militar norteamericana. Dicha comisión estuvo
presidida por el contraalmirante Sabá H. Sueyro y el general de brigada Eduardo
T. Lapez e integrada por los capitanes de fragata Harold Cappus, Aureliano G.
Lares, Carlos Garzoni y el teniente de navío Manuel N. Bianchi; el teniente
coronel Raúl Ruiz Díaz, el mayor Emilio Loza y el capitán Luis M. A.
Terradas. De acuerdo con el decreto, también formaba parte de la comisión el
embajador argentino en la capital norteamericana, Felipe A. Espil., “para
todos los asuntos que interesen a la política internacional del país”. (1)
Pero
la comisión naval-militar argentina llegaba a Washington en mal momento. El ya
mencionado ataque japonés a la flota norteamericana del Pacífico en Pearl
Harbor, producido el 7 de diciembre de 1941, que decidió el ingreso de Estados
Unidos en la guerra, y la celebración de la Tercera Reunión de Consulta de
Cancilleres en Río de Janeiro, en enero de 1942, cambiaron el rumbo de las
relaciones argentino-norteamericanas. La actitud argentina ante uno y otro
acontecimiento contribuyó a resquebrajar las relativamente cordiales relaciones
mantenidas hasta ese momento con el gobierno de Estados Unidos. La posición de
neutralidad del gobierno de Castillo, irritante para el gobierno norteamericano,
forzó al último a utilizar métodos de presión para obtener de la Argentina
la declaración de ruptura con las fuerzas del Eje. Y esta política de presión
condicionó, por cierto, las conversaciones mantenidas en Washington entre la
comisión naval-militar argentina y los oficiales norteamericanos. El 4 de
febrero de 1942, Welles comunicaba a su embajador en la Argentina que
he
consultado al general Marshall y al almirante Stark. Ellos informarán al
almirante Sueyro y al general Lapez que, por cuanto el gobierno argentino ha
decidido mantener por el momento una posición equivalente a la neutralidad, y
que todas menos una de las repúblicas americanas han declarado la guerra o roto
relaciones con el Eje, incurriendo por ello en los peligros inherentes a tal
actitud a causa de su apoyo a los Estados Unidos, el material naval y militar
que podía ser concedido por los Estados Unidos puede ser solamente repartido
entre aquellas naciones americanas. (2)
Confirmando
la decisión, el 9 de febrero Welles notificaba al embajador argentino Espil
que, si bien “las posibilidades de proveer armamentos a los países americanos
se considerarían sin propósito alguno de discriminación”, podrían darse
circunstancias en
que por la escasez de material “hubiera que dar prioridad a aquellos países
que por razón de la ruptura de relaciones estuvieran en peligro, sobre aquellos
que no estuvieran expuestos y que las siguen manteniendo”. (3)
A
pesar de los informes negativos que el embajador Espil enviaba a Buenos Aires
mostrando la irritación de los círculos oficiales norteamericanos con la
neutralidad argentina, y de las declaraciones del embajador Armour, en el
gobierno de Castillo reinaba un sentimiento de gran optimismo respecto de la
posibilidad de adquirir armamento de Estados Unidos. Prueba de ello fueron las
instrucciones enviadas por la cancillería argentina a su embajador en
Washington el 17 de febrero de 1942, ordenándole que
de
acuerdo a lo aconsejado por los ministros de Guerra y Marina, y lo aprobado por
el Acuerdo General de Ministros, el señor Embajador gestionará y propondrá a
este Ministerio de Relaciones Exteriores un nuevo texto de acuerdo básico
encuadrado en la Ley de Préstamo y Arriendo, con las siguientes bases:
1º Las cuotas de provisiones corresponderán, en total a:
200
millones de dólares al Ejército
250
millones de dólares para la Marina,
2º Sobre el monto de los elementos transferidos, el gobierno argentino abonará
en seis cuotas anuales el 50% del valor, conforme a los costos resultantes de
las adjudicaciones. El otro 50% será abonado por el gobierno de los Estados
Unidos como compensación a la contribución que el gobierno hace al anterior en
forma de facilidades para la adquisición en la Argentina de materiales estratégicos,
y los perjuicios que redundan para las finanzas y economía argentinas por el
estado de guerra y las dificultades en su comercio exterior.
3º Las transferencias se efectuarán por mitades en los años 1942 y 1943 y
ellas corresponderán a las listas del nuevo plan de armamentos, que
complementará el presentado en 1941, y que ya resulta insuficiente, en vista
del cambio de situación. Este plan detallado y específico le será entregado
al señor Embajador por intermedio de la delegación naval-militar (...)
No es posible ceñirse estrictamente a la cuota de 66 millones asignada a
nuestro país en virtud de una Ley de Préstamo y Arriendo, sancionada cuando
las circunstancias no eran las presentes y cuando las obligaciones a asumir en
la zona de responsabilidad argentina no se habían concretado. Por ello, es
conveniente que el gobierno de Estados Unidos aprecie la necesidad de obtener,
si lo juzga preciso, la inclusión del aumento que necesitamos en un adicional o
nueva ley de Préstamos y Arriendo, cuya sanción podría proponer a su Poder
Legislativo (...). (4)
De
acuerdo con Conil Paz y Ferrari, las citadas instrucciones de la cancillería
argentina al embajador Espil reflejaban el absoluto convencimiento del gobierno
argentino del alto valor estratégico obtenido por el país debido a su posición
en la Conferencia de Río. Sólo ese convencimiento explicaría que la
diplomacia argentina no temiera una represalia de la Casa Blanca, luego de la
actitud obstruccionista sostenida en la Conferencia de Río, y que, además, con
una confianza rayana en la ingenuidad, solicitara aumentos en la entrega de
armas y mayores facilidades que antes de la citada Conferencia, hasta el punto
de aconsejar que, para el caso, el Congreso norteamericano votara una ley
adicional a la Lend-Lease Act.(5) En
contraste con el optimismo del gobierno argentino, el 17 de febrero de 1942,
Welles exigía al jefe de operaciones navales, almirante Stark, que los
representantes de Estados Unidos no firmaran ningún acuerdo con la comisión
argentina, y que el ejército norteamericano tomara similar actitud respecto de
sus colegas argentinos. (6)
El 15 de marzo de 1942, el almirante Sueyro, el embajador
Espil y el subsecretario Welles conversaron en la residencia de Espil en
Washington. Welles señaló las dificultades por las que atravesaba el gobierno
norteamericano para proveer de armamentos a los países que los necesitaban sin
demora. Recalcó la imperiosa necesidad de auxiliar a Brasil, prácticamente
envuelto en la guerra. También se refirió a la delicada situación de Chile,
con sus extensas costas casi indefensas. Respecto de la Argentina, el
subsecretario norteamericano calificó la actitud de no beligerancia del
gobierno de Castillo como un factor que incidía negativamente en el conflicto,
e insistió en la necesidad de organizar un convoy para la protección del
comercio interamericano en el cual participara la armada argentina, al menos
hasta el comienzo de la costa brasileña. Pero el almirante Sueyro contestó que
era imposible cumplir con esos requisitos, porque la marina argentina carecía
de elementos para poder colaborar en esa tarea. Por su parte, Welles insistió
en que deseaba de parte del gobierno argentino cualquier medida de colaboración
activa, por limitada que fuera, algún “gesto” destinado a cambiar en la
opinión pública norteamericana la impresión de que la Argentina se mantenía
alejada e indiferente frente al conflicto mundial. (7) Obviamente Welles tenía
mayor interés en la ruptura de relaciones de la Argentina con el Eje que en la
seguridad militar del Atlántico sur, y su exigencia de que la marina argentina
fuese responsable de convoyar buques hasta el sur de Brasil fue una forma de
boicotear el acuerdo.
La
inflexible actitud de la comisión militar-naval argentina llevó a un virtual
paréntesis en las negociaciones, que pasaron a ser discutidas directamente a
nivel de gobiernos, aunque con idéntico mal resultado. Para justificar la
posición de neutralidad, la cancillería argentina sostuvo que la obligación
del convoy creaba una situación de beligerancia que la Argentina no deseaba,
pues abría la puerta hacia la ruptura de las relaciones con el Eje y la guerra
misma. Asimismo, la cancillería argumentó que la exigencia del convoy o de
“control y protección de la navegación en la costa atlántica” aparecía
como una obligación impuesta exclusivamente al gobierno argentino y no a los de
las demás naciones latinoamericanas. Dicha exigencia, como condición para la
entrega de material bélico bajo el régimen del Préstamo y Arriendo, era para
la cancillería argentina una actitud discriminatoria del gobierno
norteamericano, exigencia que no había sido impuesta a los demás gobiernos de
la región, los cuales habían recibido dicha asistencia militar sin ninguna
clase de requisitos.
Frente
al argumento esgrimido por la cancillería argentina, el Departamento de Estado
norteamericano sostuvo que la obligación del convoy no era exclusiva para el
gobierno argentino, pues diecinueve repúblicas habían declarado la guerra o
roto relaciones con el Eje, y por lo tanto las autoridades norteamericanas
ayudarían a aquellas repúblicas que habían adoptado una firme posición en términos
de defensa continental. En estos casos, el gobierno de Estados Unidos ponía a
disposición todo el material bélico disponible, mientras que los gobiernos que
no habían contribuido a la causa americana no podían esperar tal ayuda militar
de Washington. Sólo colaborando, sostuvo Welles, “la República Argentina podía
legítimamente compartir la provisión de armamentos, que los Estados Unidos
tienen para distribuir entre las repúblicas americanas”. (8)
Ante
la exigencia del convoy, el canciller Ruiz Guiñazú telegrafió al embajador
Espil ordenándole que manifestara al gobierno de Roosevelt “la
incompatibilidad que surge entre las sugestiones (de convoyage) y la reiterada
posición argentina”. (9) Espil, obedeciendo las instrucciones de su
canciller, solicitó una audiencia con el presidente norteamericano y preparó
un memorándum historiando el proceso de las negociaciones, documento que fue
presentado el 24 de marzo. Señalaba en él que durante las conversaciones la
Argentina había ofrecido un plan de defensa que, al revelar sus preparativos
para una guerra, significaba una gran demostración de amistad hacia los Estados
Unidos. También aseveraba que el gobierno argentino había aceptado el acuerdo
propuesto con unas pocas modificaciones. El mayor desacuerdo argentino con el
convenio de Préstamo y Arriendo, anterior a la adición del requerimiento del
convoy, era que el material a entregar sería insuficiente para proveer la
defensa adecuada de las zonas bajo responsabilidad argentina. La nota también
mencionaba las medidas tomadas para la defensa, que incluían una posible
llamada a la reserva, refuerzo de ciertos puntos en el Atlántico sur y la
instalación de bases en la Patagonia. El memo concluía que:
es
obvio que la efectividad de nuestra cooperación en la defensa continental está
estrechamente ligada al equipamiento y materiales que la República Argentina
tiene probabilidad de recibir en debido tiempo para completar el valor operativo
de su Ejército y Armada. (10)
El
3 de abril, el Departamento de Estado, en la respuesta al memo argentino,
insistió en su postura, señalando que, si el gobierno argentino aceptaba la
propuesta norteamericana de control y protección de la navegación y estaba
dispuesto a llevarla a cabo, podría negociar inmediatamente con Washington el
acuerdo para obtener asistencia militar. (11)
El
23 de abril el embajador Armour tuvo una conversación con Ruiz Guiñazú. Al día
siguiente, el ministro envió una nota, señalando, en primer lugar, que el
gobierno argentino había entendido que el préstamo a obtener en base a la ley
de Préstamo y Arriendo no necesariamente dependía de las conversaciones de un
plan de defensa común. En segundo término, sin ayuda de préstamo y arriendo,
la Argentina no podría llevar adelante su parte del plan de defensa tratado en
Washington. No obstante, el gobierno argentino había autorizado a su delegación
a firmar el plan de cooperación, “en cuanto implicaba el reconocimiento de
una política de colaboración adoptada de acuerdo con las obligaciones asumidas
por el país, el cual está dispuesto a cumplir con las medidas que sus recursos
le permiten”. Sólo la inclusión de último momento de la idea del convoy por
el Departamento de Estado había evitado una conclusión satisfactoria de las
conversaciones. En tercer lugar, el gobierno argentino argumentaba que el
requerimiento del convoy no había sido hecho a otros gobiernos latinoamericanos
que estaban obteniendo asistencia de préstamo y arriendo. Esto de acuerdo con
la nota, (y
probablemente cierto acota Francis), discriminaba contra la Argentina, y además
creaba “una situación de beligerancia que el país no desea y para la cual no
está preparado”. (12)
La
respuesta de Hull no se hizo esperar y fue categórica. Señalaba que, a pesar
de las afirmaciones de que el abastecimiento de material por préstamo y
arriendo no dependían de un plan de defensa, eso había cambiado luego del
ataque a Pearl Harbor (vale aclarar que el gobierno argentino nunca fue
notificado al respecto). Repetía que la Argentina no era discriminada, porque
no había suficiente material para abastecer todos los países que necesitaban
asistencia. La idea del convoy hubiera permitido a la Argentina ser parte del
programa a pesar del hecho de no haber declarado la guerra ni roto relaciones
con el Eje. También rechazaba el argumento de que la participación en el
convoy crearía un estado de beligerancia a la Argentina. Finalmente concluía
que no había más posibilidad en las circunstancias de ese momento de proveer
material de préstamo y arriendo a la Argentina. (13)
Según
el informe de Espil, los motivos del Departamento de Estado para no firmar ni
siquiera un acuerdo de colaboración militar eran, por un lado, que la
posibilidad de una alianza entre la Argentina y los Estados Unidos contra los países
del Eje era muy remota, dado la posición internacional de la Argentina, que a
pesar de la recomendación de Río, había decidido mantenerse neutral. El
Departamento de Estado estimaba como improbable la eventualidad de un conflicto
entre la Argentina y los enemigos de los Estados Unidos, por lo cual no
justificaba un envío de armas hacia el país sudamericano. Pero principalmente
en la base de la decisión adoptada estaba el temor a la negativa repercusión
que podía tener la firma de un convenio, proveyendo a la Argentina de material
bélico en las mismas condiciones que a otros países que hubieran roto
relaciones o declarado la guerra al Eje. (14)
El
embajador Armour recibió la categórica nota de Hull, pero no la presentó al
gobierno argentino pues había obtenido la promesa del presidente Castillo de
que revisaría nuevamente el tema con el canciller. Armour sugirió entonces a
sus superiores postergar la entrega de la nota hasta comprobar si el gobierno
intentaba alguna acción. La respuesta de Hull fue terminante, instándolo a que
hiciera la presentación.
La
actitud del Departamento de Estado fue un boomerang
que fortaleció a los nacionalistas argentinos y empujó al gobierno de Castillo
más cerca de Berlín. En julio de 1942, Ruiz Guiñazú informó a la Cámara de
Diputados que los planes del gobierno para romper eventualmente con el Eje no
serían jamás llevados a cabo, en tanto las discrinaciones de Washington contra
la Argentina privaran a este país de las armas que necesitaba para su defensa.
Consecuentemente, Castillo entró en negociaciones con el gobierno alemán, a
fin de obtener una fuente alternativa de suministro de armamento, necesario para
preservar la influencia argentina en la región. (15)
NOTAS
A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., pp. 98-99.
Comunicación de Sumner Welles a su embajador en la Argentina, Norman Armour, Washington, 4 de febrero de 1942, cit. en ibid., p. 102.
Nota de Welles al embajador argentino Espil, Washington, 9 de febrero de 1942, cit. en ibid.
Instrucciones de la Cancillería argentina al embajador Espil, Buenos Aires, 17 de febrero de 1942, cit. en ibid., pp. 102-103.
Ibid., p. 104.
Ibid.
Véase ibid., pp. 104-110.
Ibid., p. 108.
Ibid.
FRUS, 1942, V, 387-90, cit. en M.J. Francis, op. cit., p. 154.
A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., p. 108; M.J. Francis, op. cit., p. 154.
FRUS, 1942, V, 393-394; 835.34/603, Memo, April 23, 1942, cit. en M.J. Francis, op. cit., pp. 154-155.
FRUS, 1942, V, 396-399, cit. en ibid., pp. 155-156.
A. Conil Paz y G. Ferrari, op. cit., pp. 109-110.
Damonte Taborda a Welles, 6 de febrero de 1942, box 96, Welles Folder, President’s Secretary’s File, Roosevelt Papers, y Armour a Hull, 18 de febrero de 1943, 835.00/1363, RG 59, DOS, cit. en C. Escudé, op. cit., pp. 103-104.
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