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El gobierno argentino ante la guerra civil española (1936-1939)

Muy pocos fueron los hechos relevantes de la agenda diplomática hispanoargentina registrados en la primera mitad de la década del ’30.  Pueden mencionarse dos. El primero fue un frustrado intento del gobierno republicano español por mediar en el incidente surgido entre las autoridades de la Argentina y Uruguay con motivo de la visita del crucero de guerra oriental Uruguay que, rumbo a Buenos Aires para participar de la festividad de la independencia argentina en julio de 1932, había admitido a bordo a un ex jefe del ejército argentino procesado y prófugo por intentar derrocar al gobierno nacional, el general Toranzo. La inspección del Uruguay por parte de las autoridades argentinas motivó la protesta de las autoridades uruguayas y la ruptura de relaciones con el gobierno de Buenos Aires en ese mes de julio. (1)  
    El segundo hecho tuvo lugar en ocasión de firmarse en Río de Janeiro el Tratado Antibélico de no Agresión y Conciliación, entre los cancilleres argentino y brasileño, Carlos Saavedra Lamas y Afranio de Mello Franco. Los representantes de los gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay invitaron entoces al gobierno español a adherir al tratado. Este aceptó la propuesta el 27 de abril de 1934. (2)  
    Desencadenada la guerra civil española, la diplomacia argentina planteó una serie de propuestas de humanización del conflicto que no llegaron a concretarse De la misma manera, los representantes de los gobiernos de Uruguay, Cuba y Chile presentaron sus propias propuestas, con idéntico objetivo y resultado. Todos estos proyectos pretendían actuar en el marco continental americano y no en la Sociedad de las Naciones. (3)  
    Por cierto, el estallido de la guerra civil española aparejó serios conflictos entre la Argentina y España, motivados por la inclusión de ciudadanos argentinos residentes en España en los ejércitos republicanos y revolucionarios en lucha. En una nota del 15 de enero de 1941, el embajador argentino en Madrid, Adrián C. Escobar, daba testimonio de este problema al canciller Enrique Ruiz Guiñazú en los siguientes términos:

La aguda exaltación con que se manifestó este país en su pasada guerra civil y que aún perdura quizá más acentuada, llevó a las oficinas enroladoras, tanto del gobierno republicano como del nacional, a incorporar a los respectivos ejércitos a ciudadanos argentinos, omitiendo conocer los preceptos contenidos en el Tratado Hispano-Argentino de 1863 y las disposiciones legales interpretativas o aclaratorias de las cláusulas que sobre determinación de nacionalidad incluye aquel convenio. Si bien el hecho tal vez no tenga justificación de acuerdo con tales disposiciones españolas, cabría excusar aquella extralimitación provocada por la pasión del momento. Pero las circunstancias de que en la actualidad subsista el problema con la misma intensidad, hace necesario llegar a un acuerdo con este gobierno para que los hijos de españoles nacidos en la Argentina, y como tales ciudadanos argentinos, tengan una salvaguardia legal que los ampare o los prevenga cuando se propongan pisar tierra española (...). (4)

Señalaba a continuación el embajador que, en oportunidad de la presentación del agregado militar al jefe del Estado español Francisco Franco, había aprovechado la oportunidad para recordar a éste el asunto del reconocimiento de la ciudadanía argentina. Escobar mencionó que en el ejército español se encontraban prestando servicios más de quinientos argentinos, y que éstos esperaban la oportunidad de ser licenciados para regresar a su país. Insistió en llegar a una solución honorable, que debía consistir en el reconocimiento sin limitación de la ciudadanía argentina para los hijos de españoles nacidos en la Argentina. (5)  
    El gobierno de Franco prometió al embajador Escobar una solución satisfactoria al problema de los ciudadanos argentinos. Esta promesa fue concretada a través del decreto dictado el 22 de abril de 1942, que establecía:

(...) Artículo único: A los efectos de la aplicación de las leyes y reglamentos que dan normas para la prestación del servicio militar, se recuerda a todas las autoridades encargadas de su ejecución y muy especialmente a las dependientes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Gobernación, Ejército, Marina y Aire en sus diferentes grados de jurisdicción, la obligación de atemperar aquéllos a lo establecido en los arts. 7 y 9 del tratado vigente firmado el 21 de septiembre de 1863 entre España y la República Argentina, por lo que están exentos de la obligación de prestar el servicio militar en España los ciudadanos argentinos, mediante la justificación de su nacionalidad por presentación de documentos fehacientes de los que consta su inscripción en la matrícula en los registros de nacionales de dicho país, llevados por su Embajada y consulados establecidos en España. (...) (6)

Otra cuestión importante de la agenda política bilateral en esta época fue el derecho de asilo aplicado por el gobierno argentino a los perseguidos por la guerra civil española, sin distinción de bandos. Dos buques de la armada argentina, el torpedero Tucumán y el crucero 25 de Mayo, se encargaron de evacuar a los asilados que estaban en la embajada argentina, edificios anexos y consulados del territorio español. Desde agosto de 1936 hasta fines de febrero de 1937 los buques argentinos hicieron más de veinte viajes desde España hasta Marsella con el objetivo de transportar a los evacuados. Desde el inicio de la guerra civil hasta mayo de 1937 se evacuaron 1526 personas, de las cuales 553 eran argentinos, 651 españoles y el resto de distintas nacionalidades, entre las cuales se encontraban personas provenientes de países limítrofes -bolivianos, chilenos y paraguayos-. Entre los asilados españoles protegidos por las autoridades argentinas figuraron importantes personalidades, como el ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Serrano Suñer y su familia. También el gobierno argentino representó los intereses del gobierno uruguayo -que había roto relaciones diplomáticas con la España franquista- y mantuvo frecuentes contactos con el régimen de Franco para obtener de éste la evacuación de uruguayos asilados en su legación de España. (7)  
    Este derecho de asilo fue aplicado por las autoridades argentinas desde el inicio de la guerra civil, aunque tropezó con numerosas dificultades. En algunas circunstancias, el gobierno español pretendió defender la novedosa teoría jurídica de que los hijos de españoles nacidos en la Argentina, además de ser argentinos, amparaban con su nacionalidad a sus padres españoles para llevarlos a la Argentina con ellos. (8) Se dieron además casos de atentados contra la embajada argentina en Madrid realizados por particulares y amparados por la policía española, y amenazas con el fin de que el embajador argentino entregara a las autoridades españolas algunos asilados, como el periodista Jacinto Miquelarena y la duquesa de la Victoria. Estos intentos fueron rechazados por la embajada argentina. (9)

  1. Ver referencia a propuesta española de mediación en Juan Carlos Pereira Castañares y Angel Cervantes Conejo, Las relaciones diplomáticas entre España y América, Madrid, MAPFRE, 1992, p. 220. Detalles de la ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de la Argentina y Uruguay en Isidoro Ruiz Moreno, Historia de las relaciones exteriores argentinas (1810-1955), Buenos Aires, Perrot, 1961, p. 167. Ver también República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores presentada al Honorable Congreso Nacional, correspondiente a los años 1932-1933, Tomo I, Primera parte, Anexo A, III, Buenos Aires, 1934, pp. 245-263. 

  2. J.C. Pereira Castañares y A. Cervantes Conejo, op. cit., pp. 220-221.

  3. A. Marquina, Planes internacionales de mediación durante la guerra civil, Revista de Estudios Internacionales, vol. 5, 3, 1984, pp. 569-591, cit. por J.C. Pereira Castañares y A. Cervantes Conejo, op. cit., p. 230.

  4. Adrián C. Escobar, Diálogo íntimo con España. Memorias de un embajador durante la tempestad europea, Buenos Aires, Club de Lectores, 1950, pp. 279-281.

  5. Ibid., pp. 282-283.

  6. Decreto del gobierno español en acuerdo de ministros, exceptuando del servicio militar a los ciudadanos argentinos en España, Madrid, 22 de abril de 1942, cit. en ibid., p. 286.

  7. Ver República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Memoria presentada al Honorable Congreso Nacional correspondiente al período 1937-1938, Tomo I, Primera parte: Relaciones Exteriores, Sección C: Política internacional, Capítulo primero, Buenos Aires, Peuser, 1938, pp. 37-38. También A.C. Escobar, op. cit., pp. 316 -318 y 320, y Carlos E. Aguinaga y Roberto A. Azaretto, Ni década ni infame, del '30 al '43, Buenos Aires, Jorge Baudino, 1991, p. 197.

  8. A.C. Escobar, op. cit., p. 320.

  9. Ibid., p. 319.

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