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Capítulo 47: Las relaciones con los países vecinos (1930-1943)

La cuestión del Chaco y sus orígenes  

Antes de comenzar con el análisis de las relaciones entre la Argentina y Bolivia en la década de 1930, resulta conveniente hacer mención, aunque sea brevemente, de los orígenes del litigio boliviano-paraguayo en torno al Chaco Boreal, tema clave en la agenda de este período. (1) El Chaco es un área de 297.000 kilómetros cuadrados, limitada al sur y al oeste por el río Pilcomayo, al este por el río Paraguay, y que se extiende por el noroeste hasta el río Parapetí en Bolivia. Debido a que el Chaco no tenía metales preciosos, ni mano de obra indígena, ni tierras ricas para la explotación agrícola, durante la época colonial los españoles nunca delimitaron claramente la región. El litigio sobre el Chaco apareció por primera vez durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), que enfrentó a los gobiernos de la Argentina, Brasil y Uruguay contra el de Paraguay. En el tratado previo a la guerra firmado entre los aliados, el gobierno argentino dejó sentado su reclamo del Chaco Boreal hasta Bahía Negra.
   
Terminada la guerra, y luego de largas negociaciones, se llegó a un acuerdo argentino-paraguayo por el cual el Chaco Boreal fue dividido en dos partes: la zona comprendida entre el río Verde y Bahía Negra era otorgada al Paraguay; la sección entre los ríos Pilcomayo y Verde sería sometida al arbitraje del presidente de Estados Unidos. En la última se encontraba ubicada la localidad de Villa Occidental pretendida por el gobierno argentino. El presidente norteamericano Rutherford Hayes falló en favor del Paraguay, otorgando a este país toda la última zona, incluida la villa, que pasó a llamarse Villa Hayes.
   
El fallo Hayes se convirtió en un argumento fuerte para las autoridades paraguayas en las tensas negociaciones sobre la cuestión del Chaco mantenidas con el gobierno de Bolivia entre 1927 y 1933.  Con dicho fallo parecieron cesar los reclamos argentinos en el Chaco, pero no los bolivianos. A consecuencia de ello, las autoridades bolivianas y paraguayas hicieron varios intentos por llegar a un acuerdo: el tratado Quijarro-Decoud de 1879, el tratado Tamayo-Hicual de 1887 y el tratado Benítez-Ichazo de 1894, pero todos fracasaron.
   
En 1906 el gobierno de Bolivia construyó puestos militares en el Chaco para fortalecer sus reclamos territoriales. En 1907 se firmó el protocolo Pinilla-Soler, que contó con la mediación del canciller argentino Estanislao Zeballos. No obstante, las autoridades bolivianas demandaron una revisión del protocolo, acusando al gobierno argentino de parcialidad en favor de los paraguayos. El protocolo Ayala-Mujía de 1915 canceló el protocolo Pinilla-Soler, pero obligaba a las partes a mantener el statu quo en el Chaco. Entre 1916 y 1918 las diplomacias boliviana y paraguaya firmaron una serie de protocolos extendiendo el período para llegar a un acuerdo directo sobre la disputa territorial.
   
Tras dos fracasados intentos de acercamiento diplomático en 1919 y 1921, las relaciones entre ambos países sufrieron un serio desgaste, que se reflejó en enfrentamientos militares. El 5 de diciembre de 1928, fuerzas paraguayas atacaron y destruyeron el fortín boliviano Vanguardia, y el 14 del mismo mes, el ejército boliviano atacó y capturó el fortín paraguayo de Boquerón. El recurso a las armas se volvió una alternativa inevitable para los gobiernos de Bolivia y Paraguay, debido al descubrimiento de petróleo en la región de Camiri, que hizo suponer a las autoridades y agentes económicos bolivianos la existencia de otras zonas petrolíferas en el Chaco.  
   
A la vez, el descubrimiento de petróleo en el sudoeste boliviano aceleró el viejo interés argentino por la construcción de un ferrocarril que conectara esa región con el norte argentino. El ministro argentino en La Paz, Horacio Carrillo, insistió además en la necesidad de una salida para los productos del Oriente boliviano a través del norte argentino. Las negociaciones del gobierno argentino en este sentido despertaron recelos en las autoridades bolivianas, que temían que el estrechamiento de los vínculos económicos entre el Oriente boliviano y el norte argentino contribuyesen a exacerbar los movimientos separatistas contra el gobierno de La Paz, sobre todo en la región de Santa Cruz. 
    Por otro lado, los envíos de materias primas del Oriente boliviano a la Argentina no beneficiaban a la gente del Altiplano. A menos que el gobierno boliviano instalase un sistema de transportes que conectara el Altiplano con el Oriente, el primero recibiría sólo una pequeña proporción de la riqueza derivada del desarrollo de la región oriental. Pero aun con la existencia de tal sistema de transporte, la no industrializada región del Altiplano no podía competir con el menor costo y la mayor calidad de los productos manufacturados provenientes del mercado argentino. Por cierto, las autoridades de Buenos Aires adoptaron medidas que afectaron la economía boliviana y generaron buena parte del sentimiento antiargentino imperante en La Paz. Entre ellas figuraban la elevación de los aranceles sobre las exportaciones de petróleo boliviano en 1927 -lo cual frustró los planes del gobierno del Altiplano de pagar sus deudas con las divisas obtenidas por la venta de este producto-, y la negativa a garantizar el privilegio de la construcción de oleoductos a la Standard Oil. La salida del Oriente vía la Argentina era obviamente la ruta más ventajosa, pero las autoridades argentinas decidieron mantener el petróleo boliviano fuera del mercado hasta que lograran controlar su transporte y comercialización. (2)  
   
Al mismo tiempo, para la Argentina, la posesión paraguaya de los yacimientos petrolíferos del Chaco podía ser una buena solución a la escasez que sufría en el aprovisionamiento de petróleo, elemento esencial para la industrialización argentina. Dada la influencia económica de la Argentina en el Paraguay, era probable que el gobierno argentino prefiriera que el Chaco Boreal perteneciera al Paraguay y no a Bolivia, ya que la primera opción implicaba mayor facilidad de acuerdos para obtener el petróleo y suministrarlo a las industrias argentinas. (3)  
    Estas razones económicas, y su potencial vinculación a los endémicos movimientos separatistas de Santa Cruz, despertaron en el gobierno de La Paz un profundo sentimiento antiargentino. El ministro argentino en la capital boliviana, Horacio Carrillo, subraya que la guerra del Chaco contribuyó a exacerbar aún más este sentimiento. Los bolivianos estaban convencidos de que las autoridades argentinas ayudaban a las paraguayas. (4)

  1. John F. Bratzel, A political portrait of Carlos Saavedra Lamas, Ph.D., Michigan State University, 1974, pp. 39-42; y Leslie B. Rout, Jr., Politics of the Chaco Peace Conference, Institute of Latin American Studies, Austin, University of Texas Press, 1970, pp. 3-16.

  2. Argentina, Archivo, Box 20, Folio 38, Memorándum sobre informaciones y consideraciones, p. 2; Box 20, Estado Mayor General de Marina. Consideraciones de orden logístico y estratégico que afectan la solución del conflicto boliviano-paraguayo, pp. 19-20, fuentes citadas en L.B. Rout, Jr., op. cit., p. 58.

  3. Roberto Querejazu Calvo, Masamaclay. Historia política, diplomática y militar de la Guerra del Chaco, La Paz, Novedades, 1965, p. 415. 

  4. Ver al respecto el memorándum titulado La posible colaboración de la Argentina, para contribuir a descongestionar el problema de la guerra boliviano-paraguaya: Informe del Ministro Doctor Horacio Carrillo, del 9 de enero 1934, p. 88, cit. en ibid., p. 415. 

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