La concepción acerca de lo que hoy llamamos derechos humanos tiene antecedentes remotos en el pensamiento religioso y filosófico. Hace tres mil años en la Torah, el Pentateuco, se enfatizaba la importancia de la igualdad y de la dignidad de los seres humanos, junto con la obligación de ayudar al prójimo, como lo indican los diez mandamientos. Los Vedas, en la India, los Agamas, los Upanishads, el Confucionismo y el Budismo enseñan valores relativos a la solidaridad. 

Hace dos mil años, en el Nuevo Testamento, el amor al prójimo es elevado a la categoría de amor a Dios; sacralizando al amor como forma de relación entre los seres humanos. Seiscientos años después, el Corán precisa a través de las palabras del profeta que "no es creyente quien se satisface mientras su vecino permanece hambriento". 

Estas mismas líneas de pensamiento atraviesan los códigos de conducta dictados por Menes, Asoka, Hammurabi, Draco, Cyrus y Manu. Pero a diferencia de las aproximaciones posteriores al tema de los "derechos humanos", estas nociones no contemplan los conceptos de igualdad del ser humano en cuestiones laicas, ni conllevaban el supuesto de que el ser humano tenga derechos inalienables, que puedan invocarse ante la autoridad pública.

La primera noticia registrada en Europa sobre una reglamentación que sustenta algunos de los valores y principios que actualmente forman parte del Derecho de los derechos humanos es la "Carta Magna", firmada en Inglaterra por el Rey John (Juan Sin tierra)en 1215. Este documento es el resultado de la reacción de los súbditos contra el monarca, cuando dejó de respetar las leyes y costumbres que desde antaño regían en ese país. Es uno de los primeros documentos legales por los que específicamente se limitó el poder del gobierno sobre los ciudadanos, esto incluía al rey y a los señores feudales. Este contrato entre el Rey y sus súbditos debía ser respetado "para siempre" por los herederos del rey y los nobles, y por los descendientes de los súbditos. 

Por la Carta Magna se le otorgaba autonomía a la Iglesia Inglesa. Por otra parte, incluía una serie de cláusulas que apuntaban a proteger los derechos a la herencia de los menores; a la vez, limitaba los impuestos y garantizaba el derecho de todos los ciudadanos libres a poseer propiedades, y a heredarlas. Además se reconocían los principios de igualdad ante la ley y de juicio justo. Para garantizar estos derechos se establecieron cortes judiciales especiales para el fuero penal y civil, y se especificó que se sancionaría el robo por parte de quienes debían hacer cumplir la ley, es decir jueces y otras autoridades. Estas nociones significaron un adelanto en materia de derechos. No obstante, comparto la argumentación de aquellos que sostienen que la Carta Magna no es una expresión de democraticidad porque es la resultante de un conflicto entre pares: el rey y los nobles. Pero es una antecedente en materia de derechos humanos por el tipo de nociones sobre derechos de las personas que suscribe. 

1.2 Acerca del alcance de los derechos humanos en relación a los "derechos naturales" y a los "derechos del hombre"

La noción de derechos humanos estuvo precedida por otras más limitadas, como "derechos naturales", "derechos del hombre" (droits del l'homme) o "derechos civiles".

Se puede decir que sus orígenes se remontan a la transformación de la visión de mundo que tuvo lugar en el Renacimiento, época que inaugura un discurso racional cada vez más liberado del misticismo extremo de los siglos precedentes. Esto marcó el comienzo de una explosión de creatividad científica e intelectual. 

En la teoría política, gran parte del debate se centró en la noción de contrato social. Un antecedente temprano fue la teoría del consentimiento formulada en 1603 por el calvinista holandés Johannes Althusius. En esta se enfatiza que el consenso constituye un requisito indispensable para construir asociaciones políticas. Esta línea de pensamiento sería profundizada por otros filósofos en el transcurso de las décadas subsiguientes.

En la Europa de los siglos XVIII y XIX surgieron diversos filósofos que proponían el concepto de "derechos naturales" para designar a todos los derechos que le corresponden a las personas naturalmente, por su condición humana y no por virtud de su condición de ciudadano de un país o de miembro de un grupo religioso, o étnico. Algunos pensadores sostienen que los derechos naturales subyacen a los principios que sustentan los derechos políticos y los referidos a la libertad de culto, inherente a la condición de ciudadano. 

En el Leviathan, o La materia, forma y poder de la sociedad eclesiástica y civil (1651), Thomas Hobbes trató de elaborar una receta para construir un estado ideal en el que pudiesen garantizarse la paz y la seguridad. Siguiendo esta idea, formuló la noción de "derecho natural" en contraste con la ley natural. Hobbes tenía una visión muy pesimista del comportamiento de los seres humanos en el "estado natural", es decir, antes de haber aceptado el contrato social. Hobbes postulaba que los hombres habían establecido un contrato social entre ellos porque su razón les había indicado que el mejor modo de garantizar su autopreservación era cediendo todo el poder a un soberano. Todo hombre goza de un derecho natural a la autopreservación. Nadie está obligado a actuar de acuerdo con la ley natural si piensa que esto sería perjudicial para su propia seguridad. Dado que, por otro lado, no se puede salvaguardar la paz si no se respeta la ley natural, la solución había sido, por tanto, que cada individuo prometiese a todos los demás que acataría cualquier orden que un soberano (ya fuese una persona o una asamblea) considerara necesaria para la paz y la defensa de todos. Según Hobbes, el soberano gozaría de un poder absoluto, única garantía de que los seres humanos estuviesen protegidos unos de otros.

El principal avance llegó por vía de John Locke, quién profundizó en las ideas planteadas por Althusius. Su obra Dos tratados sobre el gobierno influyó significativamente en la Carta de Derechos de 1688. Locke hacía hincapié en la necesidad de lograr un consentimiento como base del gobierno, partiendo de la premisa que los seres humanos son iguales y, por tanto, nada puede situar a nadie bajo la autoridad de otra persona si aquélla no expresa su consentimiento. De esta manera, hacia 1680, se alejó significativamente del pesimismo de Hobbes al asumir, en contraste con éste, que en el estado natural los seres humanos habían sido libres e iguales, y que la mayoría de ellos respetaba la ley natural. En oposición a Hobbes, Locke consideraba que la ley natural protegía los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Asimismo, exigía a los hombres que mantuviesen sus promesas y que hicieran aquello que esté dentro de sus posibilidades para garantizar el bienestar de los demás.

Ahora bien, como este presupuesto es parcialmente verdadero surgieron ciertos problemas ya que no todos los hombres respetaban los derechos de los demás. En el estado natural la propiedad era particularmente vulnerable. 

Según la teoría del contrato social de Locke, los hombres habían acordado unánimemente formar una comunidad, y actuar conjuntamente con el propósito de defender los derechos de unos y otros. En segundo lugar habían acordado por voto mayoritario establecer, entre otras, una institución legislativa. Por último, los dueños de la propiedad se habían comprometido a pagar los impuestos necesarios para garantizar el bienestar común de la sociedad, siempre que dichos impuestos fueran fijados por ellos a través de sus representantes en la asamblea soberana.

El lema "No taxation without representation" -ningún impuesto sin representación-, utilizado con gran éxito en el "Tea party" de Boston, remite pues al pensamiento de John Locke. El vínculo entre los impuestos y la representación también explica el concepto limitado de democracia que defendían Locke y muchos de sus seguidores: que consideraban que sólo quienes poseían propiedades por las que pagaban impuestos tenían derecho a elegir a los miembros de la asamblea soberana. Esto ocurría antes de la revolución industrial y de la consiguiente aparición de grandes grupos de trabajadores asalariados, y por lo tanto sujetos a impuestos. El constitucionalismo moderno está en deuda con John Locke, que estableció las limitaciones del gobierno en favor de la protección del individuo. 

Alrededor de medio siglo después, en el Espíritu de las leyes (1750), Charles-Louis de Montesquieu elaboró la noción de división de la autoridad política en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. A fin de defender la libertad, estos tres poderes deberían estar en manos de individuos y de organismos diferentes que actuasen en forma independiente unos de otros. Montesquieu tomó en consideración el modelo, que ya existía en Gran Bretaña, y al hacerlo probablemente sobrestimó al sistema constitucional, bastante confuso por cierto, que existía por aquel entonces en dicho país. No obstante, al simplificar el modelo clarificó los principios constitucionales inexistentes hasta entonces. Su labor tendría repercusiones políticas de gran alcance, en especial en la evolución de las colonias americanas cuando se unieron para convertirse en los Estados Unidos.

Años más tarde, Jean Jacques Rousseau publicó su propia versión del contrato social, titulada: Du Contrat Social (1762). En esta obra sostiene que si los Estados logran instituir un contrato social genuino es decir, por el que las personas renuncian a la libertad plena de la que disfrutaban en el estado de naturaleza para recibir como contrapartida una libertad mejor: la verdadera libertad política republicana. Esta libertad se apoyaría en la obediencia a la ley, a partir de la voluntad de los propios individuos.

Su noción sobre la "voluntad general", a la que todo el mundo debe someterse como consecuencia de haber acatado el contrato social, originó un debate intenso. Algunos sostienen que las diferencias entre las concepciones de Locke y de Rousseau, de alguna manera, se relacionan con diferencias conceptuales sobre lo que actualmente denominamos derechos humanos. 

La influencia de Locke prevalece en el mundo angloamericano, adónde se enfoca a los derechos humanos básicamente como libertad respecto al Estado. En el continente Europeo y en América latina la influencia de Rousseau es preponderante. Por esto, en la mayoría de los países de estos territorios se enfoca a los derechos humanos no sólo como libertad, sino como reivindicaciones provistas por el Estado. Esta última noción conlleva una actitud más positiva respecto al Estado como instrumento que contribuye al bienestar común.

1. 3. Paine y otros actores de dos revoluciones: la interpretación e los derechos naturales en los casos de Estados Unidos y Francia 

La lucha por los derechos naturales fue el lema de las revoluciones del siglo XVIII. En las primeras declaraciones y textos revolucionarios la expresión aparece constantemente. La Declaración de Independencia Americana de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 constituyen buenos ejemplos. 

En aquellos años la interacción entre los políticos y filósofos que actuaban en los movimientos sociales entre Gran Bretaña, las colonias norteamericanas y Francia era muy estrecha. La relación entre estos actores estaba sustentada en preceptos comunes derivados de la noción de derechos naturales y de la convicción acerca de la necesidad de gobernar sobre la base del consentimiento. Como ejemplo paradigmático de esta forma de intercambio y actuación sucesiva en mapas diversos es la del inglés Thomas Paine, quien influyó en la movilización política que culminó en la revolución estadounidense, tras la que intervino en la revolución francesa, llegando a convertirse en miembro de la Asamblea de Francia.

A su vez, cuando en 1776 la mayoría de las colonias británicas de América del Norte proclamaron su independencia del Imperio Británico Thomas Jefferson se inspiró en Montesquieu y en Locke para redactar la "Declaración de la Independencia" de Estados Unidos. En este documento se sentaban las bases del nuevo estado. 

Un caso semejante al de Paine -en cuanto al modo de operar en función de ideales compartidos en múltiples escenarios- es el del francés Marqués de Lafayette, quien participó en la revolución norteamericana, alcanzando la jerarquía de general en el ejército revolucionario que luchó contra los británicos entre 1777 y 1781. Al año siguiente, en 1782 regresó a Francia donde participó en los Estados Generales que se convocaron en mayo de 1789. 

En 1789 el pueblo de Francia, después de derrocar al monarca, estableció la República Francesa. Consecuentemente, el triunfo de la revolución dio lugar a la "Declaración de los derechos del hombre" que contó entre sus autores a Lafayette, que sin lugar a dudas encontró inspiración en la Declaración de la Independencia norteamericana y en la obra de Rousseau. 

En este contexto, a diferencia de lo ocurrido después de la revolución norteamericana, el término derechos naturales se percibía negativamente mientras cobraba creciente aceptación el concepto de derechos universales.

En 1791, los Estados Unidos adoptaron la "Carta de Derechos", que se anexó a la Constitución de 1787. El Artículo I trata de los derechos humanos clásicos: la libertad religiosa, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de reunión y el derecho de exigir al gobierno la enmienda de los agravios. El Artículo IV trata sobre el derecho a la vida privada y a la libertad frente a la detención arbitraria, mientras que los Artículos V y VI abordan temas relacionados con el debido proceso y el juicio justo. 

Algunos de estos derechos se encontraban ya en la Carta de Derechos británica. Pero la Carta norteamericana fue más lejos, aunque no tan lejos como la Declaración Francesa de 1789 cuya lista de derechos es sustantivamente más amplia. Pero a diferencia de la Carta de Derechos norteamericana que formó parte de un documento constitucional y así se sostuvo, la Declaración francesa tardó 150 años en encontrar un lugar en el derechos positivo francés. Esto se debe a que en el primer momento se la añadió al preámbulo de la Constitución Francesa de 1791; pero esta desapareció en 1792, dejando paso a una nueva constitución por la que se abolió la monarquía y que no tomó en consideración los temas del Preámbulo anterior. La Declaración francesa por fin encontró un lugar concreto en el derecho positivo francés, recién cuando se aprobó una nueva Constitución en 1946.

Resumiendo, retrospectivamente puede afirmarse que Thomas Paine fue quien elaboró la visión más general de los derechos humanos en respuesta a las deficiencias que observó en la Europa de su tiempo.

En su obra Los derechos del hombre, publicada en 1791 en respuesta a la crítica de Edmund Burke respecto a los derechos naturales, fue más allá de la retórica de los derechos al analizar las causas del descontento en la sociedad europea de su tiempo hostigada por la arbitrariedad de los gobiernos, por una pobreza generalizada y por la violencia de frecuentes guerras. 

Paine argumentó a favor del republicanismo democrático, combinado con medidas tendientes a promover el bienestar y la disminución de la pobreza mediante el otorgamiento de pensiones a los ancianos y de la educación general, sin exclusiones. Además sostenía que esto se debería conseguir a través del impuesto progresivo. De donde se desprende que su intención era defender derechos que iban mucho más de los que se contemplaban en aquellos años. 

Las observaciones realizadas por Paine desde fines del siglo XVIII sobre la codificación de los derechos naturales no habían encontrado respuesta hasta que se aprobó la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. 

1. 4 La reacción conservadora ante el avance de la democracia

En los ciento cincuenta años que mediaron entre las propuestas de Paine por un lado y la Carta de la Naciones Unidas, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la noción de derechos humanos recibió ataques de diversos frentes, comenzando en los últimos años del siglo XVIII, después de la revolución estadounidense y de la francesa. Durante mucho tiempo se trató de un debate que tuvo lugar principalmente en occidente. En el resto del mundo, la libertad de expresión todavía no había alcanzado un nivel tal que permitiera instalar el debate, excepto en círculos muy reducidos.

En el mundo occidental, muchos rechazaron la noción de derechos inalienables. Otros trataron de limitarlos a una simple serie reducida que denominaron derechos civiles. Las razones de estos movimientos fueron de diversa índole. La reacción conservadora fortalecida por los excesos de la Revolución Francesa, logró que muchos se opusieran a la idea que esta impulsaba en relación a la igualdad entre los hombres. Por su parte, los reformadores sociales opinaban que los conceptos limitados de derechos civiles eran demasiado restrictivos. En el extremo más radical, la noción de derechos naturales o civiles se percibía como un instrumento utilizado por la burguesía en su conflicto con el movimiento de los trabajadores.

Contemporáneamente, en la Europa continental el Príncipe Metternich, canciller de Austria, coordinaba los esfuerzos a fin de garantizar la represión autoritaria y dinástica de los movimientos democráticos nacionales. Entre 1815 y 1848, consiguió erigir y mantener una cadena de alianzas internacionales antidemocráticas que atravesó a Europa. Para Metternich los esfuerzos a favor de un cambio político democrático que habían comenzado en Italia, España y Alemania -entre 1820 y 1840- no eran realistas ni respondían a un proceso histórico. Afirmaba que el ala liberal intentaba transplantar desde Inglaterra las nociones de libertad e igualdad y que estas carecían de raíces históricas en el Continente. Metternich se declaraba a favor de la tradición y de la jerarquías, no de la igualdad. Justificaba sus requerimientos afirmando que lo que se estaba dando no era producto de un desarrollo orgánico y ordenado, y que "un pueblo que no sabe leer ni escribir" no puede elaborar constituciones apropiadas.

Es posible definir el periodo comprendido entre 1800 y 1945 como un largo proceso de lucha entre quienes pretendían conservar poder y privilegios superiores contra quienes se oponían a ello. En Gran Bretaña, los desafíos a los derechos naturales surgieron desde distintos frentes. 

Edmund Burke reaccionó ante los cambios acaecidos en la Francia revolucionaria, poniendo en tela de juicio la propia noción de "derechos del hombre" y de soberanía popular. En sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia (primera edición en 1790) y en obras posteriores, presentó con términos oscuros los "peligros" que percibía en la democracia porque se permitía "gobernar a las masas ... sin el control y sin la tutela responsable de una aristocracia hereditaria dirigente". Declaró que el pensamiento racionalista y los esquemas especulativos de la reconstrucción política estaban causando la destrucción de los recursos materiales y espirituales de la sociedad. A su vez, Burke ensalzaba las virtudes de la Constitución inglesa, su continuidad y crecimiento desorganizado, los derechos específicos basados en la situación de las personas más que en los derechos abstractos de igualdad. Para Burke el hecho que los británicos aceptasen categorías jerárquicas constituía un factor positivo, y no negativo. 

Esta oposición crecía, a pesar que el alcance de la democracia era limitado, porque aunque John Locke consideraba que el consentimiento de los gobernados constituía una cuestión prioritaria, se refería a los dueños de la propiedad y no a las "masas". 

En esos años de la revolución industrial el proletariado creció y fue en aumento la cantidad de gente que carecía de propiedades. Por otra parte, el vertiginoso proceso de industrialización se acompañó de la expulsión de los arrendatarios de las tierras, cuando estas se cercaron; de la expansión de las minas de carbón en las que se ocupaba a niños para transportar el producto a través de fosos estrechos y de crecientes limitaciones para acceder a la educación.

1. 5 Los reclamos por la ampliación de los derechos en Europa y Estados Unidos: sus derivaciones 

Entre 1820 y 1840 las masas crecientemente empobrecidas comenzaron a reclamar cada vez con más fuerza mayor participación en el gobierno, con el fin de utilizar al Estado para producir una reforma social. Entre aquellos que todavía apoyaban las nociones de libertades fundamentales y derechos naturales surgieron dos corrientes diferentes, una a favor de la libertad con autonomía, y otra partidaria de la libertad con participación.

La autonomía respecto al Estado debía alcanzarse mediante mecanismos que lo controlasen y lo limitasen, a saber: la división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, de acuerdo con las líneas directrices propuestas por Montesquieu; la preservación de las garantías básicas de la libertad individual; el principio de no retroactividad en los asuntos criminales; la abolición de la tortura; la protección de la propiedad y, dentro de ciertos límites, también la libertad de expresión.

La libertad mediante la autonomía del Estado era conveniente para los ricos y poderosos. Quienes nada tenían excepto su trabajo y, en ocasiones no podían conseguir empleo y quienes tenían escasos o ningún tipo de estudios, y apenas contaban con un lugar adecuado adonde pernoctar no se beneficiaban mucho de estas libertades. Su esperanza estaba vinculada a la participación política porque esta podía ser el instrumento que permitiera llegar a una reforma de los derechos sindicales de tal manera que el trabajador incrementase su nivel de ingresos y las condiciones laborales mejoraran. 

Las cuestiones relativas a la ampliación del derecho a votar, del derecho a ser elegidos y del derecho a la formación, además de la participación en los sindicatos, se convirtieron en los asuntos más candentes en el marco de las contadas sociedades que poseían un mínimo de estructura democrática. 

En Inglaterra, el movimiento conocido como "Chartism" surgido de la clase trabajadora, movilizó un apoyo considerable entre 1830 y 1840, en favor de una ampliación del derecho de voto. Fue reprimido, al igual que muchos de los demás intentos de revolución democrática que emergieron en Europa entre 1848 y 1852, años de optimismo pero trágicos en última instancia. Esta represión contribuyó a que distintos sectores del movimiento de trabajadores desafiasen cada vez más el concepto de derechos civiles que regía en esos tiempos y adhirieran a las ideas de Karl Marx, que se plasmaron en el Manifiesto Comunista. Todo esto debe considerarse en el contexto del profundo sufrimiento, miseria y pobreza surgido tras la revolución industrial.

En el continente americano el problema relativo a los derechos humanos en el siglo XIX pasaba por el tema de la esclavitud. Casi un siglo después de la revolución norteamericana en cuya Declaración de Independencia se había proclamado como "verdad manifiesta" que todos los hombres eran creados iguales, la dura realidad de la esclavitud de los negros persistía y se extendía. La Corte Suprema de los Estados Unidos manchó su reputación con la tristemente célebre decisión Dred Scott pronunciada el 6 de marzo de 1857, en la que el Presidente de dicho tribunal, Roger B. Taney, declaró que un negro "no gozaba de ningún derecho que un hombre blanco estuviese obligado a respetar". La presunta "justificación" era que los esclavos constituían una propiedad y que la quinta enmienda garantizaba los derechos de propiedad a sus dueños. Mientras en Estados Unidos se justificaba la esclavitud, en Francia, el 8 de marzo de 1792 se promulgó un decreto por el que "los hombres de color y negros libres deben gozar, así como los blancos, de la igualdad de derechos políticos." 

Por su parte, Abraham Lincoln en su camino hacia la presidencia desafió enfáticamente el cinismo extremo de Dred Scott y Roger B. Taney rechazando en forma categórica las actitudes subyacentes a esta concepción. Esta toma de posición contribuyó al estallido de la Guerra de Secesión en 1861, a la abolición de la esclavitud mediante la decimotercera enmienda a la Constitución estadounidense en 1865 y a la adopción de la decimocuarta enmienda en 1886; entre otros aspectos esta enmienda introdujo la noción de igual protección ante la ley, que en la práctica no se cumplió. Hubo que esperar casi otro siglo para que la legislación sobre los derechos civiles adoptase medidas efectivas. Recién en la década de 1960 se prohibió en forma concreta la discriminación mediante la construcción de un andamiaje legal que no solo prohibía la discriminación por motivos de raza o color, sino que también fomentaba la igualdad a través de la discriminación positiva.

El tema de la esclavitud cruzó la tierra en múltiples direcciones. En España la institución de la esclavitud se prolongó a pesar de la presión de los demás gobiernos europeos para que se aboliera. Por la Real Cédula de 1789 el Rey concedió la "... libertad para el comercio de Negros con las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de Caracas, a Españoles y Extrangeros", argumentando razones económicas.

En Inglaterra, el Abolition Act de 1807 no produjo resultados en cuanto a terminar con el sistema esclavista. Recién en 1832 se aprobó concretamente la Abolición de la Esclavitud y esta prohibición alcanzó a todas las colonias inglesas. 

En el territorio de América latina la actual República Argentina fue precursora en materia de abolición de la esclavitud. En 1813, la Asamblea Constituyente promulgó la Ley de vientres por la que los hijos de los esclavos, nacidos después del decreto, serían libres. Por su parte, en 1816 Simón Bolívar decretó la abolición de la esclavitud en Venezuela y en 1888 Brasil adopta una medida semejante. 

Los países de occidente ingresaron al siglo XX con una legislación que prohibía toda forma de esclavitud tanto en el continente como en sus posesiones coloniales. No obstante, transcurridas las primeras décadas del siglo surgirían otras formas de afrenta a la dignidad y a la vida humana como el trabajo esclavo en los campos de concentración instalados por regímenes nazi-fascistas europeos. La legislación que sustentaba estas prácticas, también suponía la superioridad de una raza sobre otra. En este caso se trataba de la "superioridad" de la raza aria. Esta concepción derivó en un nuevo genocidio que atravesó gran parte del mapa europeo y adquirió proporciones inéditas. 

La matanza se desarrolló entre los pliegues de la Segunda Guerra Mundial, específicamente después de la Conferencia de Wansee, en la que se decretó la "solución final del problema judío". Como en toda situación de violación de derechos humanos las practicas concretas excedieron las más terribles previsiones, inclusive de los decisores políticos que las concibieron. Esto fue así por cuanto las prácticas genocidas se instituyeron falsificando la moral sobre la base del reglamento, oscureciendo lo legitimo tras lo legal y deponiendo el rigor ético sobre la base una "justificación" pseudo científica que no apuntaba sino a consolidar un proyecto de poder, además de ideológico- político.