Tras la devastadora Segunda Guerra Mundial y la acción genocida, legalizada por las leyes raciales dictadas en vastos territorios del mapa europeo en la década de 1940, la Carta de la Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyeron un intento para crear un nuevo orden mundial mediante un marco que normalizara las relaciones internacionales y las políticas nacionales. De esta manera parecía romperse con la Realpolitik tradicional, que había constituido la base de las relaciones intergubernamentales desde el tratado de Westfalia en 1648.

La significación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe considerarse e interpretarse en el contexto más amplio del orden mundial previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Los objetivos para su establecimiento se exponen en el Artículo 1 de la Carta y son fundamentalmente tres:

• el mantenimiento de la paz internacional, que incluye la protección de la integridad territorial de los Estados frente a la agresión y la intervención externas;
• el fomento entre las naciones de relaciones de amistad, teniendo en cuenta los principios de igualdad de soberanía y de libre determinación de los pueblos. (Este último principio dio origen a un proceso general de descolonización que cambió sustancialmente la configuración del sistema internacional, incrementando de manera extraordinaria el número de Estados soberanos y acabando con los imperios de toda índole);
• la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, incluido el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

La Declaración Universal está directamente relacionada con este último objetivo, precisa la noción de derechos humanos a los que la Carta sólo hace una referencia vaga.

Mientras que el objetivo primordial consignado en la Carta de las Naciones Unidas es el mantenimiento y el fomento de la paz mundial, en la Declaración Universal se afirma abiertamente que la paz sólo puede construirse sobre la base del respeto de los derechos humanos. A su vez, el Preámbulo precisa que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".

En ocasión de la Declaración Universal, los representantes de la comunidad mundial se reunieron por primera vez para llegar a un acuerdo sobre los derechos y libertades de todos los miembros de la familia humana y para articularlos. El proceso de aprobación de la Declaración duró cerca de seis años, entre 1942 y 1948. Entre los participantes se encontraban representantes de distintas culturas del mundo entero. Todas las propuestas versaban sobre la libertad y la igualdad, y sobre temas relacionados con la dignidad de la condición humana.

Hasta 1948, los conceptos de "derechos naturales" o "derechos civiles" figuraban en la legislación de unos pocos Estados occidentales y con un alcance restringido en comparación con el que se les da en la Declaración. Además estos conceptos y los derechos derivados eran con mucha frecuencia conculcados en la práctica, como había ocurrido en los países del Eje Roma- Berlín y sus satélites.

De otro lado, gran parte del territorio mundial se hallaba aún bajo control colonial, un control que los países colonialistas mantenían con medios que a veces violaban claramente los ideales de dignidad humana que profesaban en la metrópoli.

Tras la aprobación de la Declaración en 1948, el concepto de derechos humanos se amplió considerablemente y se incorporó a los regímenes constitucional y jurídico de muchos Estados. La mayoría de los Estados que obtuvieron su independencia o revisaron su constitución después de ese año incorporaron la noción de derechos humanos en su régimen constitucional, sin que esto implicara necesariamente que se tomaran las medidas necesarias para garantizar en la práctica la aplicación y observación de los compromisos asumidos.

El término "derechos humanos" ha sido enarbolado como estandarte de movimientos mundiales y nacionales que procuran mayores condiciones de respeto para la persona y la dignidad humana. Cuando se habla de "derechos humanos", se alude a exigencias éticas derivadas de la dignidad del hombre,

y no exclusivamente a normas jurídicas. En el uso cotidiano esta noción tiene una fuerte carga emotiva y reivindicativa. Con frecuencia se los asocia a las denuncias por "violaciones de los derechos humanos" exclusivamente, perdiendo de vista la orientación teleológica general del Derecho de los derechos humanos en sentido estricto. Es decir, olvidando el valor de los enunciados normativo-jurídicos derivados de una determinada filosofía o concepción ética y sus potenciales implicancias para la interacción entre gobernantes y gobernados.

Con la expresión "derechos humanos" o "derechos del hombre" se hace especial referencia al sujeto. El hombre se sitúa en el centro de referencia de toda construcción jurídica. Desde un punto de vista semántico, esta importante referencia constituye una redundancia, ya que sólo el hombre puede ser titular de derechos.

En realidad, todos los derechos, fundamentales o no, son humanos; tienen un último punto de referencia, el hombre, de manera que la expresión resulta obvia ya que "todos los derechos subjetivos que no pertenecen a una persona jurídica son derechos del hombre, porque (...)sólo los hombres y sus agrupaciones, y no todos los seres vivos, son susceptibles de ostentar la titularidad de los derechos y de las obligaciones" .

El hombre y la vida humana social serán los objetos a regular por el Derecho . En relación con esto, hay que afirmar que los derechos de los grupos y de las colectividades -sin dejar de ser conscientes de su, en ocasiones, complicada articulación técnico-jurídica: piénsese en los derechos de los pueblos, en el derecho de autodeterminación, en el derecho al desarrollo- desempeñan un carácter instrumental respecto a los derechos de las personas individualmente consideradas. Son medios tendentes a facilitar los fines individuales. Más que ante nuevos derechos, estaríamos ante la dimensión colectiva de los derechos individuales, derivada de la naturaleza social del hombre.

La normativa de los Derechos Humanos es una rama autónoma del Derecho

Internacional Público que se fue gestando en el espacio-tiempo de la Segunda Guerra Mundial y cuyo sustrato conceptual esta inscripto en la "Carta de las Naciones Unidas", de 1945.

Como concepto jurídico el Derecho de los Derechos Humanos debía servir de instrumento para la prosecución de un sistema universal de seguridad y de paz, de acuerdo con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Esta voluntad de consolidar las relaciones internacionales pacíficas bajo la forma de una normativa internacional de los Derechos Humanos tuvo lugar cuando aun no se había delimitado el espacio que debía ocupar lo que quedaba del Derecho Internacional Humanitario, el derecho de la guerra.

Esta coexistencia entre el "nuevo" derecho de los Derechos Humanos y el "viejo" Derecho Humanitario dio lugar a múltiples controversias acerca de la interrelación y ubicación de ambas ramas dentro del Derecho Internacional Público. Esta tensión se mantuvo aun cuando la normativa de los Derechos Humanos contaba con instrumentos y órganos propios, además de procedimientos específicos de aplicación. (El primer catálogo metódico de la normativa de los Derechos Humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.)

En torno a esta cuestión de los espacios y las incumbencias de ambos derechos dentro del Derecho Internacional Público surgieron tres actitudes claramente diferenciadas que pueden sintetizarse en las siguientes concepciones:

Como su nombre lo indica, la escuela complementarista se desarrolla como resultado del análisis de los ámbitos de aplicación de los DDHH y del DIH. Esto se perfila con mayor nitidez a medida que se elaboran los nuevos instrumentos -Pactos Universales y Convenios regionales sobre DDHH y los Protocolos Adicionales del DIH- que van dando cuenta de las principales convergencias y diferencias, e interacciones entre ambas ramas del DIP.

Una diferencia sustantiva entre el DIH y los DDHH es que en el primer caso los titulares de los derechos son fundamentalmente los Estados. Son escasas las situaciones en las que la persona humana puede beneficiarse o verse obligada directamente. Se trata de un sistema que tiende a preservar a la persona humana y no a ofrecerle más espacio para su desarrollo. Esta normativa tiene por finalidad suprema salvaguardar la integridad personal, sobre todo física de los individuos expuestos a los gravísimos peligros del conflicto armado y de las situaciones de violencia en las que se aplica este tipo de Derecho.

En cambio, en la esfera de los DDHH los individuos poseen derechos propios y su titularidad los convierte en sujetos, al mismo nivel que a los Estados Parte.

Como se verá en los acápites siguientes el objetivo estratégico de los Derechos Humanos es garantizarle al individuo la posibilidad de desarrollarse como persona y, a la vez, ampararlo contra las arbitrariedades que pudiera cometer el Estado. Por esto Szabo habla de un "derecho promocional" a diferencia del Derecho Humanitario que es esencialmente un derecho que apunta a la supervivencia y su finalidad es salvaguardar la integridad personal de aquellos que atraviesan un conflicto armado y, en cierta medida, busca preservar la integridad de la familia. Pero entre el derecho de supervivencia al que refiere el Derecho Humanitario y el derecho al desarrollo humano propiciado por los Derechos Humanos hay una diferencia ontológica, no exenta de cierto grado de complementariedad.

La Declaración abarca una amplia variedad de derechos humanos:

1. Derecho a la integridad (derecho a la vida, sin torturas ni maltratos, sin esclavitud ni privación arbitraria de libertad),
2. Derecho a recibir un juicio justo, libertad de acción en la profesión y la práctica de la religión y las creencias, libertad de expresión e información, libertad de movimiento, libertad de asociación;
3. Derechos políticos y económicos y derechos sociales y culturales. Se trataba de la gama más amplia de derechos humanos jamás aprobada en un instrumento, nacional o internacional.

Por otra parte, la evolución de los Derechos Humanos a lo largo de las décadas posteriores a la Declaración Universal ha ampliado el carácter complementario, en cuanto a la aplicabilidad, entre ambas ramas del Derechos al mejorar la convivencia entre los individuos y las relaciones internacionales, por los menos en cuatro aspectos fundamentales, a saber:

1. Amplió y profundizó los conceptos inseparables de libertad e igualdad, así como su interrelación.
2. Amplió considerablemente el contenido de los derechos humanos en relación con las concepciones tradicionales, superando así algunas de las críticas dirigidas anteriormente a los conceptos de derechos "civiles" y "naturales".
3. Declaró que debía darse alcance universal a estos derechos, y que todas las personas de todas partes del mundo debían poder disfrutar de ellos.
4. Hizo del cumplimiento de los derechos humanos un elemento legítimo de la legislación y las relaciones internacionales.

Los Derechos Humanos contienen dos tipos de reglas: las que los Estados miembros tienen derecho a suspender en situaciones previstas por los instrumentos jurídicos mismos y las que tienen plena vigencia en todo tipo de circunstancias, es decir el "núcleo inderogable". Este "núcleo duro" tiene vigencia aun cuando el Estado esta en crisis e independientemente de la índole de la situación. Es decir que debe seguir rigiendo en casos de conflicto internacional, local o cuando emerjan tensiones y conflictos internos.

Por otra parte, el mecanismo de irrefragabilidad mantiene la vigencia de los Derechos Humanos, por lo menos de su "núcleo duro", aún en las situaciones de aplicabilidad del Derecho Humanitario.

El Pacto de 1966 y las Convenciones Europea y Americana afirman como derechos inderogables al derecho a la vida (Art. 6 del Pacto, Art. 2 de la Convención europea y 4 de la americana) ; la prohibición de la tortura (Arts. 7, 3 y 5 respectivamente) ; la prohibición de la esclavitud (Artículos 8, 4 y 6 respectivamente) y a la prohibición de la retroactividad de las medidas penales (Arts. 15, 7 y 9 respectivamente).

Además, el Pacto de 1967 sobre los derechos civiles y políticos y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 consideran inderogables al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Arts. 16 y 18 respectivamente) y a la libertad de conciencia, y de culto (Arts. 18 y 22 respectivamente). Asimismo el Pacto de San José de Costa Rica agrega a la lista de los derechos irrefragables los derechos de la familia (Art.17); los derechos del niño (Art. 19); el derecho a la nacionalidad (Art. 20) y el derecho a la participación en la vida política (Art.23).

Para que el derecho de los Derechos Humanos tenga la aplicabilidad universal que se propone en la Declaración y en los Pactos y Tratados aprobados con posterioridad, la vigencia del sistema democrático constituye un prerrequisito. Por esto desde la perspectiva axiológica la Declaración tiene validez universal pero su aplicabilidad es restringida.



2.4 Acerca de la iniciativa de convertir a los derechos humanos en una realidad universal

La primera iniciativa por hacer de los Derechos Humanos una realidad universal fue adoptada por el entonces Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en su mensaje al Congreso de los Estados Unidos en enero de 1941, inspirado por lo que estaba ocurriendo en los países nazi-fascistas de Europa. Su propuesta enfatizaba la importancia de las libertades humanas e insistía en que todos los seres humanos tienen derecho a gozar de ellas.

En agosto de 1941, en la Carta del Atlántico, el Presidente Roosevelt y el Primer Ministro Winston Churchill reiteraron los mismos compromisos. Unos meses más tarde, el 1º de enero de 1942, representantes de gobiernos de numerosos países, de Oriente y Occidente, se reunieron en Washington para aprobar la Declaración de las Naciones Unidas. Como aliados la Segunda Guerra Mundial junto a la ex Unión Soviética, su propósito era determinar los objetivos por los que estaban luchando. Los gobiernos representados declararon que los objetivos que habían impulsado la victoria sobre los regímenes nazis-fascistas de Europa, durante la Segunda Guerra, debían servir de base para construir mecanismos internacionales que sirvieran para defender la vida, la libertad, la independencia y la libertad religiosa, así como para la preservación de los derechos humanos y la justicia, tanto en el territorio de sus países como en el resto del mundo.

El tipo de crímenes cometidos durante la Segunda Guerra solo guardaba semejanza con el genocidio cometido por los "Jóvenes Turcos" contra los armenios. Desde 1914 los "Jóvenes Turcos" deportaron a seiscientos mil armenios -un tercio de la población armenia de Turquía- al desierto sirio, donde los masacraron. Estos "crímenes contra la humanidad" no recibieron sanción alguna porque no existía una instancia judicial ni una legislación aplicaba al delito de genocidio.

Sobre la base de este antecedente, en 1942, después de la Conferencia de Wansee en la que se decidió la llamada "Solución Final" del problema judío, el American Law Institute, una institución privada de los Estados Unidos especializada en cuestiones relativas a la codificación del derecho, congregó a un grupo internacional de intelectuales y diplomáticos a fin de elaborar un texto para una posible Declaración o Carta Internacional de Derechos Humanos.

Formaban parte de este grupo representadas de distintas culturas, naciones e ideologías: alemanes no nazis, árabes, ingleses, canadienses, chinos, españoles, estadounidenses, franceses, hindúes, italianos, latinoamericanos, polacos, rusos. En 1994 el grupo preparó un proyecto de Carta de Derechos Humanos, pero no prosiguió con su elaboración.

Recién en 1947 se retomó este proyecto que sirvió como principal fuente de inspiración para los miembros de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes bajo la coordinación de su Director, el Profesor John Humphrey del Canadá, preparó el primer proyecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Al término de la Segunda Guerra Mundial había otros proyectos de este tipo en marcha. Uno estos había sido elaborado por los países latinoamericanos después de la Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y de la Paz celebrada en Chapultepec, México, a principios de 1945.

Cuando en mayo de 1945 se celebró en San Francisco la conferencia en que fueron creadas las Naciones Unidas, varios Estados de América Latina pidieron que en la Carta de las Naciones Unidas se incluyera una Carta de Derechos Humanos. En esta ocasión, el representante de Panamá presentó el proyecto de Carta que había preparado el grupo establecido por el American Law Institute. Posteriormente, se decidió incluir en la Carta una disposición para la creación de la Comisión de Derechos Humanos que se encargaría de elaborar un proyecto de normativa internacional en el ámbito de los derechos humanos.

En el Artículo 55 c) de la Carta se prevé que las Naciones Unidas promoverán "el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades". En el Artículo 56 todos los miembros se comprometían a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55.

La Carta de las Naciones Unidas es un convenio internacional que vincula a todos los Estados miembros. Por consiguiente, en virtud del derecho internacional, todos estos tienen la obligación de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin hacer discriminaciones y, a la vez, deben velar por la efectividad de tales derechos y libertades.

La Comisión de Derechos Humanos inició su labor en 1947. El comité de redacción, en el que estaban representadas las diferentes regiones del mundo, se componía de las delegaciones de Australia, Chile, China, los Estados Unidos de América, Francia, el Líbano, el Reino Unido y la Unión Soviética. El proyecto inicial preparado por John Humphrey, Director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se basó, en gran medida, en la labor que habían realizado desde 1942 el grupo de representantes al que se hizo referencia anteriormente. La versión definitiva, se elaboró sobre la base de un proyecto elaborado por el jurista René Cassin, de Francia, con la colaboración del filósofo Jacques Maritain. En el verano de 1948 se presentó la versión preliminar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta se aprobó con ligeras modificaciones el 10 de diciembre de 1948.

En la Carta de las Naciones Unidas se afirma que "los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres...", palabras que se reiteran en el Preámbulo de la Declaración Universal.

Si bien es cierto que la Declaración restableció las nociones de derechos que habían estado anteriormente en vigor en ciertas zonas del mundo, corresponde señalar que fue mucho más lejos. Amplió el alcance de los derechos más allá de lo que se había reconocido incluso en las sociedades más democráticas y los proveyó de una validez universal, que trascendía el marco geográfico y la cultura política que había servido de contexto y fuente de inspiración.

El rechazo al "mal absoluto" instituido por la política nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial constituyó el detonante de un movimiento ético sin precedentes en pro de los derechos humanos. Como se afirma en el Preámbulo de la Declaración el menosprecio por los derechos humanos en la "era nazi" originaron actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. En este clima de ideas los representantes de la comunidad mundial pretendían entonces no sólo restablecer la fe perdida, sino ir aún más lejos, como se afirmó en el Preámbulo, en referencia al discurso sobre las Cuatro Libertades pronunciado por Roosevelt: "Se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias".

Mediante la Declaración se pretende consolidar lo mejor de lo que había surgido previamente y construir un orden más ético y global para el futuro.



2.5 Acerca de la interrelación entre los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos sociales y culturales

La Declaración Universal fue aprobada en 1948, como un conjunto de derechos interrelacionados e interdependientes que se refuerzan recíprocamente. En 1950, T.H. Marshall distinguió tres etapas en la evolución de los conceptos contributivos para el desarrollo de una "ciudadanía efectiva". A su vez, estudiando la dinámica del concepto de ciudadanía distinguió que los derechos civiles habían sido el logro más importante del siglo XVIII, y habían sentado las bases de la noción de igualdad de todos los miembros de la sociedad ante la ley. Los derechos políticos habían sido el principal logro del siglo XIX, y propiciaron una participación cada vez mayor en el ejercicio del poder soberano. Los derechos sociales fueron la contribución del siglo XX, al permitir que todos los miembros de la sociedad pudieran disfrutar de condiciones de vida satisfactorias.

Estos tres componentes habrían de contribuir a edificar el sistema más completo de derechos contenidos en la Declaración. A éstos se añadieron otros elementos, y todos se plasmaron en un "conjunto de derechos", en el sentido de que los diferentes derechos son interdependientes y, por ende, indivisibles. Las Naciones Unidas han reafirmado este aspecto en diferentes ocasiones, y lo precisaron en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

1. Acerca de los derechos civiles y políticos

La Declaración comienza con los derechos civiles clásicos: los derechos a la integridad, la libertad de acción y los derechos relativos a un juicio justo o el debido proceso. Los derechos a la integridad incluyen el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Se prohíben las torturas y los malos tratos, así como la esclavitud y los trabajos forzados, la detención, la prisión o el destierro arbitrarios.

La libertad de acción incluye el derecho a circular libremente y elegir la residencia en el territorio de un Estado, así como el derecho a salir de cualquier país y de regresar al propio. Incluye además el derecho a profesar la propia religión, la libertad de expresión e información, y la libertad de reunión y asociación.

La mayor parte de los derechos a la integridad son absolutos, en el sentido de que no pueden anularse. La libertad de acción, en cambio, puede en alguna medida estar limitada, para proteger los derechos de los demás. Por ejemplo, la libertad de expresión puede restringirse para impedir los discursos que inciten al odio.

Si bien esta categoría de derechos había obtenido gradualmente aceptación en algunas sociedades durante los siglos XVIII y XIX, muchas veces la realidad era diferente; aún en algunos países occidentales, la libertad de profesar la propia religión no se reconoció plenamente hasta después de haberse aprobado la Declaración. Las persecuciones religiosas emprendidas por los cristianos contra otros grupos de cristianos, contra los adeptos a otras religiones (en particular, el judaísmo) y contra los no creyentes habían sido la norma y no la excepción en la Edad Media, y lo siguieron siendo en la época moderna. La lucha por los derechos humanos fue, en gran medida, la lucha por la libertad de religión, y más tarde, también por la libertad de expresión e información.

En ninguna sociedad puede existir una libertad de acción ilimitada. En efecto, uno de los objetivos de la formación de los Estados es mantener la ley y el orden público, velar por que las personas no realicen actos que atenten contra la integridad y la libertad de los demás, o que obstaculicen las medidas adoptadas para asegurar el bienestar general de la sociedad.

Por lo tanto, el Estado debe establecer algunas restricciones e imponer algunas obligaciones, y lo hace por conducto de la legislación, incluido el derecho penal, y mediante disposiciones administrativas basadas en la ley. Ahora bien, a la hora de garantizar que el proceso penal y la ley en que se basa sean compatibles con las exigencias en materia de derechos humanos, cobran importancia las nociones del derecho a un juicio justo o al debido proceso. El derecho a un juicio justo es un aspecto fundamental, e incluso indispensable y figura también consignado en la Declaración Universal.

Con tal propósito los Estados se comprometen a designar jueces competentes para interpretar las leyes y aplicarlas a los casos individuales, a la vez, estos jueces deben ser independientes de toda injerencia externa, e imparciales en lo que respecta a las partes interesadas. Durante la redacción de la Declaración Universal no se formularon objeciones a la inclusión del principio de juicio justo, concretado por tribunales independientes e imparciales, tanto para los casos penales como de otro tipo, pero hubieron opiniones divergentes con respecto al alcance y la formulación de lo que finalmente se convertiría en el Artículo 10.

La Declaración estipula, en su Artículo 21, que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público". Esta formulación supera las concepciones sostenidas en el siglo XVIII por la mayor parte de los adherentes al contrato social, que exigía que el poder público sólo tuviera el consentimiento de los gobernados. Sólo unos pocos escogidos se consideraban adaptados para participar en el ejercicio de la autoridad.

El Artículo 21 supone el derecho a participar en el ejercicio del gobierno, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, así como el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. De esta manera consolida la noción de libertad a través de la participación. Para que el ejercicio de la autoridad se base en la voluntad del pueblo se necesita mucho más que elecciones periódicas, por libres que éstas sean. En efecto, para garantizar que los actos de la autoridad se funden en la voluntad del pueblo, cada uno de esos actos debe basarse en una ley que haya sido aprobada por la asamblea legislativa elegida por el pueblo. El preámbulo de la Declaración subraya asimismo la estrecha relación entre los derechos humanos y el gobierno, al indicar que "es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".

La Declaración hace especial hincapié en la ley y la democracia. En el Artículo 29 estipula que, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer la justa exigencia de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. La democracia y el buen gobierno requieren un marco constitucional con la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Que la constitución exista no es suficiente, y se la debe también poner en práctica; por ese motivo, debe haber mecanismos para controlar la constitución en la idea de los actos de los órganos políticos supremos. Las instituciones y procesos gubernamentales y no gubernamentales deben ajustarse al funcionamiento óptimo de una democracia integradora. La gestión pública debe ajustarse a los principios de responsabilidad, transparencia, participación de la población, descentralización, capacidad legislativa y la independencia del poder judicial.

 

2. Acerca de los derechos económicos y sociales

La principal innovación introducida por la Declaración Universal es probablemente la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos son tres componentes interrelacionados de un conjunto más general, y mantienen también vínculos estrechos con los derechos civiles y políticos.

El Artículo 22 se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad y al derecho a la seguridad social, que permite a todos acogerse a las disposiciones. Esta disposición precede a los cinco artículos que afirman el derecho al trabajo (Artículo 23), al descanso y al disfrute del tiempo libre (Artículo 24), a "un nivel de vida adecuado" (Artículo 25), a la educación (Artículo 26) y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad (Artículo 27).

Un componente esencial de los derechos sociales es el derecho a un nivel de vida adecuado (Artículo 25). El disfrute de este derecho exige, por lo menos, que todos puedan invocar los indispensables derechos a la subsistencia (derechos a una alimentación y nutrición adecuadas), al vestido, la vivienda y el requisito indispensable de los servicios de asistencia médica y social. Estrechamente ligados con este derecho pueden mencionarse el derecho de las familias a la asistencia, mencionado brevemente en el Artículo 25, y descrito con mayor detalle en las disposiciones ulteriores tales como el Artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Para disfrutar de estos derechos sociales, es también necesario disponer de determinados derechos económicos, a saber el derecho a la propiedad (Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), el derecho al trabajo y derechos conexos (Artículos 23 y 24 de la Declaración) y el derecho de seguridad social (Artículo 22 y 25 de la Declaración).

Los derechos económicos cumplen una doble función, que se pone más claramente de manifiesto en el caso del derecho a la propiedad. Por una parte, este derecho sirve de base a prestaciones que puedan garantizar un nivel de vida adecuado y, por la otra, es el fundamento de la independencia y, por ende, de la libertad. La preocupación inicial que se suscitó con respecto al derecho a la propiedad, articulada por John Locke y otros, se orientaba contra el orden feudal, en virtud del cual el control sobre la tierra y los demás recursos se basaba en un sistema jerárquico, fuente de un alto grado de desigualdad y dependencia. Por consiguiente, es comprensible que el derecho a la propiedad se convirtió en un elemento crucial en los comienzos de la lucha por la libertad y la igualdad. Este aspecto de los derechos económicos y sociales, por ende, no era nuevo cuando se aprobó la Declaración Universal.

La Declaración estipula en su Artículo 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Así pues, las relaciones de propiedad pueden ser individuales o colectivas. El derecho no es absoluto; los titulares pueden, en algunos casos, ser privados de su propiedad, pero ello no se hará arbitrariamente. Una injerencia injustificada en la propiedad privada por parte del Estado, o la privación sin indemnización, en la mayor parte de los casos constituiría una violación de los derechos humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contiene una disposición sobre el derecho de propiedad. El motivo de esta omisión no es que se niegue importancia al derecho de la propiedad, sino la dificultad de obtener un consenso sobre las modalidades de su adquisición y utilización legítima. En la transición del feudalismo a la propiedad privada surgieron profundas desigualdades. Algunos obtuvieron la propiedad de grandes extensiones de tierra mientras que otros que la habían poseído fueron despojados de una sola vez. Un problema similar se planteó en los territorios en que los inmigrantes procedentes de Europa con destino a América, Sudáfrica y Africa Meridional, Australia y, en menor medida, Nueva Zelandia, despojaron a las poblaciones indígenas, y en algunos lugares dando lugar a grandes latifundios en poder de unos pocos individuos, marginando y empobreciendo de esta manera a otros.

La propiedad, en el sentido tradicional de la palabra, no puede ser disfrutada por todos en igualdad de condiciones. Por consiguiente, el derecho a la propiedad debe estar complementado, al menos, por dos otros derechos, a saber, el derecho al trabajo, que permite obtener un ingreso que garantice un nivel de vida adecuado, y el derecho a la seguridad social que puede completar y, de ser necesario, sustituir íntegramente, el ingreso insuficiente derivado de la propiedad o del trabajo; la noción de insuficiencia se juzga en función del disfrute de un nivel de vida adecuado.

El derecho al trabajo es también la base de la independencia, a condición de que el trabajo sea escogido libremente por el interesado, que le aporte un ingreso suficiente, y que los trabajadores puedan proteger sus intereses por conducto de sindicatos libres.

En su Artículo 23, la Declaración estipula que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El derecho al trabajo no supone que el Estado esté obligado a dar un empleo a todos. Significa, en primer lugar, que no deberá ejercerse discriminación en cuanto al acceso al empleo; las autoridades públicas, además de abstenerse de todo tipo de discriminación, estarán obligadas también a garantizar que los empleadores privados no la ejerzan en función de características como la raza, el color, la etnia, el género o las opiniones políticas. En segundo lugar, el derecho al trabajo impone a los Estados la obligación de velar por la existencia de instituciones que impartan la capacitación profesional y la educación necesarias para aspirar a un empleo, y garanticen el acceso a tales establecimientos; por último, el Estado está obligado a aplicar políticas económicas tendentes a alcanzar el máximo nivel posible de empleo y, de preferencia, el pleno empleo.

Los derechos relacionados con el derecho al trabajo, también contenidos en el Artículo 23, consolidan una evolución que había comenzado a principios del siglo, y que fue promovida en particular a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada en 1919. El derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos ("libertad de asociación") sin injerencia del Estado se incluyó como un principio básico de la constitución de la OIT. Ello representaba una victoria sobre el liberalismo económico sumamente restrictivo del siglo IX, en virtud de cuya legislación se habían prohibido o proscrito todos los acuerdos entre empleados para el aumento de sus sueldos o el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

Igualmente importante es el principio incluido en el Artículo 23, de que todos tienen derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. En muchas sociedades, pagar a las mujeres una remuneración inferior era una práctica profundamente arraigada. Al incluir este principio, la Declaración sienta las bases para tomar medidas que, en casi todos los lugares del mundo, han permitido actualmente una considerable equiparación de la remuneración de los hombres y las mujeres, si bien aún queda mucho por hacer.

El derecho a la seguridad social es fundamental, particularmente cuando una persona no dispone de los bienes necesarios o no es capaz de obtener un nivel de vida adecuado mediante su trabajo, debido al desempleo, a su edad avanzada o a una discapacidad (Artículos 22 y 25 de la Declaración).

El derecho a la educación contenido en el Artículo 26 de la Declaración es a la vez un derecho social y cultural. Impone a los Estados la obligación de establecer y mantener un sistema de escuelas y otras instituciones educativas a fin de impartir educación a todos y, si es posible, gratuitamente. El derecho a la educación es el medio por el cual el individuo puede prepararse para un trabajo útil, que le produzca un ingreso adecuado y, desde esta perspectiva, es claramente un derecho social. Este derecho, al igual que otros, deberá garantizarse a todos sin discriminación. Las obligaciones de los Estados de promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de educación están plasmadas con mayor detalle en la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 1960.

La educación, dado que enriquece el capital humano de la sociedad en su conjunto, es uno de los pocos derechos humanos que, según está aceptado universalmente, los individuos tienen el deber correlativo de ejercer. Sin embargo, es también un derecho cultural además de social, por cuanto permite que los individuos disfruten del arte y compartan los adelantos científicos, y los prepara para participar en la innovación cultural y la reproducción cultural.

La noción de derechos culturales es compleja. En virtud del Artículo 27 de la Declaración Universal, los derechos culturales contienen los siguientes elementos: el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a aprovechar de los beneficios del progreso científico, el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan al beneficiario por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor, y la libertad indispensable para la investigación científica y la actividad creativa. Estos derechos están estrechamente vinculado a otros, como por ejemplo el derecho a la educación (Artículo 26 de la Declaración Universal).

Otro aspecto importante de los derechos culturales es el derecho a la preservación de la identidad cultural de los grupos minoritarios. Esto tiene implicancias sobre los derechos civiles y políticos, así como sobre los económicos y sociales. Es preciso entonces distinguir entre dos enfoques de la cultura, el enfoque orientado a procesos y el enfoque orientado a sistemas.

Según el enfoque orientado a procesos la cultura se concibe como el logro dinámico de la creación artística y científica. Con arreglo al segundo enfoque, de tipo sistémico, la cultura se percibe como un conjunto autónomo de valores y símbolos que un grupo cultural específico reproduce a lo largo del tiempo, y que aporta a los individuos los indicadores y significados necesarios para el comportamiento y las relaciones sociales en la vida cotidiana. Según el primer enfoque, el individuo es un productor de cultura, mientras que desde la perspectiva del segundo, es un producto de la cultura, a la que reproduce a través de sus actividades.

Como productos culturales, los individuos procuran preservar la cultura que los ha configurado. La fuente básica de identidad para los seres humanos con frecuencia se sitúa en las tradiciones culturales en que han nacido y crecido. La preservación de esa identidad puede ser de importancia fundamental para el bienestar y la autoestima. Según esta óptica, los "derechos culturales" deberían dar prioridad al acceso a la propia cultura y a la enseñanza de la misma, así como el derecho a participar en la reproducción y el desarrollo ulterior de dicha cultura.

El individuo como productor de cultura cobra importancia cuando comprueba que las tradiciones existentes son inaceptables o insuficientes, ya sea en comparación con las prácticas culturales de otros lugares del mundo, o porque estima que las nuevas condiciones imponen cambios significativos en las tradiciones culturales.

Los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal están estrechamente interrelacionados entre si. En el equilibrio de la articulación entre los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, sustentados en la Carta y en la Declaración Universal, reside la posibilidad de orientar a las sociedades hacia una ética de la responsabilidad que contribuya a superar las graves inequidades que acompañan el proceso de globalización y afectan al desarrollo humano. Los valores que subyacen a los derechos inscriptos en la Declaración son aplicables a todas las personas en todo el mapa del mundo, más allá de las diferencias culturales, por esto se la denomina Universal y no Internacional.

La Declaración ha tenido una enorme influencia en los ámbitos moral, político y jurídico -lamentablemente, en más de una ocasión su gravitación se mantuvo preponderantemente en el plano discursivo. La Declaración no se limitó a proclamar los derechos sino que también hizo un llamamiento a favor de la transformación del orden social e internacional con la intención de garantizar el respeto de los derechos establecidos en la práctica concreta. Esta plataforma exige el respeto a la libertad y la dignidad de todas las personas. A su vez, constituye un proyecto orientado hacia el futuro que requiere continuos esfuerzos para que llegue a ser una realidad universal.

La Declaración se presenta como ideal común que tiene por objeto que "tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación ..." (Preámbulo).

Las medidas progresivas deberían conducir a la formación de un "orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sean plenamente efectivos". (Artículo 28 de la Declaración)

El Artículo 1 de la Declaración Universal comienza con una afirmación: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 1/4 ". Durante los últimos ciento cincuenta años, los defensores y los opositores de este principio han mantenido violentos conflictos. En los Estados Unidos hubo una guerra civil con una enorme cantidad de muertos antes de que se reconociera y se aceptaran que las personas de distinto origen racial tienen igual dignidad. En Europa, una forma grotesca de racismo centrada en el antisemitismo culminó con el Holocausto (SHOAH). Los imperios coloniales consideraban que las poblaciones indígenas no eran capaces de gobernarse a sí mismas y emplearon métodos coercitivos para reprimir los movimientos de liberación nacional que surgían.

Por esto constituyó un acontecimiento histórico sin precedentes en la evolución de la civilización cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) proclamó que la libertad y la igualdad de todos los seres humanos debía respetarse en todas las culturas y en todos los sistemas políticos, entre hombres y mujeres, así como entre los miembros de los diferentes credos, razas y nacionalidades.

No obstante, convertir este ideal en una realidad jurídica, política y cultural significó un proceso largo, complejo y lleno de escollos. Mucho es lo que se ha progresado desde la aprobación de la Declaración Universal. En la década de 1960 se obró en pro de la eliminación de la discriminación racial, y en las décadas decenios de 1970 y 1980 se lograron adelantos considerables en la conquista de la igualdad entre sexos, tanto en el plano jurídico como en la realidad concreta.

En el texto de la Declaración, la "igualdad" se asocia con la palabra "libertad". La relación entre ambas, merece un examen a fin de situar estos conceptos en el contexto jurídico de los derechos humanos, sobre el telón de fondo de la filosofía y la política.

Entre los innumerables significados de la palabra libertad se pueden tomar tres: uno es la posibilidad de tener al alcance una amplia gama de opciones (u oportunidades) significativas, otro es la independencia de cada uno para decidir sobre la utilización de las opciones, el tercero es la libertad de establecer sus propios valores y prioridades y vivir de acuerdo con ellos.

La igualdad puede entenderse en el mismo sentido: tener al alcance, como las demás personas, una gama igualmente amplia de oportunidades significativas; el mismo grado de independencia con respecto a los otros, o la misma libertad para determinar los propios valores y prioridades.

Estas consideraciones acerca de la libertad responden a un sentido individualista, tal como se entiende en el pensamiento liberal occidental del siglo XIX. El contenido de la igualdad originó grandes controversias y profundas divisiones políticas que contribuyeron al cisma ideológico y a las divisiones de Europa que comenzaron con la revolución rusa de 1917 y se prolongaron durante la guerra fría. En el plano ideológico, dio lugar a una confrontación entre varias corrientes de liberalismo por un lado y el marxismo por otro, que sólo concluyó en la década de 1990.

3.2.1 La concepción marxista

Karl Marx sostenía que la teoría de los derechos en su totalidad se basaba en el supuesto de que las personas estaban guiadas por su interés. Según Marx, el hombre egoísta de la sociedad burguesa podía concebirse a sí mismo como un átomo, es decir, como un ser libre, independiente, sin necesidades, absolutamente completo y dichoso. Pero este "ser natural" era una fantasía, porque según su opinión el hombre un zoon politicon en el más literal de los sentidos, no sólo es un animal social sino también un animal que puede convertirse en persona únicamente en sociedad. La esencia de esta crítica es un desafío a la noción de libertad como autonomía de la persona, independiente y únicamente responsable ante sí en la sociedad. Para Marx la realización humana sólo puede lograrse a través de un esfuerzo colectivo y de la dedicación a un interés común.

La combinación de estas dos críticas contribuyó a la aparición de una concepción alternativa de la propiedad y la soberanía que tuvo consecuencias de amplio alcance. En lugar de la propiedad privada debía existir la propiedad colectiva; en lugar de la preponderancia de la persona y su autonomía, debía existir la preponderancia de la sociedad y su soberanía. Según la teoría marxista, esto se lograría una vez consumada la revolución que debía realizar la clase obrera cuando la sociedad capitalista entrara en crisis. Esta teoría supone una concepción especial del desarrollo que, en los últimos años del sistema soviético, dio origen a lo que se denominó "la economía dirigida".

Con esta teoría Marx sentó las bases de una concepción totalitaria de la soberanía. La autonomía del individuo quedó invalidada, tanto con respecto al control sobre la propiedad como por lo que atañe a la base misma de su existencia. Condujo a la destrucción de la libertad en los tres sentidos mencionados anteriormente: falta de libertad de elección entre diferentes opciones, dependencia de la persona de un Estado todopoderoso, y falta de libertad para establecer sus propias prioridades y vivir de acuerdo con ellas.

3.2.2 La concepción liberal

En el mundo no marxista, en lo que se llama a grandes rasgos el pensamiento y la práctica liberales, se desarrolló una concepción que trascendió la idea de los derechos "naturales" o "civiles", que era muy limitada, para llegar a una concepción más global y completa de la libertad y la igualdad. Esta doctrina floreció en los círculos de liberales socialmente conscientes que ganaron terreno en los primeros años del siglo. Una declaración del Presidente de los Estados Unidos de aquel periodo, Franklin D. Roosevelt, puede dar un ejemplo de esta evolución. En 1944, en el discurso anual del Presidente de los Estados Unidos al Congreso, Roosevelt propugnó la adopción de una "declaración de derechos económicos" (Economic Bill of Rights), y afirmó que había que comprender claramente que la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económicas. Según Roosevelt, el hombre indigente no es un hombre libre, y las dictaduras se constituyen con el apoyo de las personas que tienen hambre y carecen de trabajo.

Como se dijo, esta línea de pensamiento influyó sustantivamente sobre los criterios y valores que subyacen a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que da substancia al principio de igualdad concebido originariamente con un sentido más formal. Esto se logró en parte agregando los derechos económicos y sociales a los civiles, y políticos. En la Declaración también se evitó refrendar el individualismo extremo dado que, en el Artículo 29, se subraya que la persona sólo puede desarrollar libre y plenamente su personalidad cuando forma parte de una comunidad y cumple sus deberes respecto a la misma. Aunque la posibilidad de disfrutar de los derechos humanos no está supeditada al cumplimiento de estos deberes, la Declaración establece claramente que el pleno desarrollo del ser humano -y de la sociedad humana- sólo es posible cuando estos deberes se cumplen.

La interpretación completamente negativa de la libertad que habían adoptado los defensores del ultraliberalismo -autonomía máxima con respecto a la comunidad y al Estado- no corresponde a la Declaración Universal. En virtud de la legislación moderna sobre derechos humanos, el Estado como agente de la comunidad nacional tiene el cometido de desempeñar funciones positivas. De conformidad con la legislación internacional, al Estado le incumbe la responsabilidad de hacer respetar los derechos humanos. Para asumirla, el Estado debe cumplir con tres clases de obligaciones que a veces es difícil armonizar:

1. respetar la libertad de la persona,
2. proteger dicha libertad y demás derechos humanos frente a terceros y, si es necesario,
3. procurar el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud.

Los términos "iguales ante la ley", "igual protección de la ley", e "igual protección contra toda discriminación" expresan ideas que están relacionadas pero que se diferencian bien unas de otras. No obstante, parecen haberse desarrollado en este orden en diferentes momentos de los siglos XVIII, XIX y XX. Estos tres conceptos están consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y en particular en la Declaración Universal (Artículo 7) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 26). Puede ser útil analizar someramente estos tres conceptos y las etapas que han atravesado.

Así como el alcance de los derechos humanos se extendió desde la noción del siglo XVIII de "derechos naturales" a los sistemas internacionales del siglo XX, también se difundió de manera correspondiente la preocupación con respecto a la igualdad ante la ley. En el siglo XVIII el alcance de la legislación estatal era bastante limitado. La igualdad ante las cortes, que interpretaban y aplicaban el derecho consuetudinario, era la prioridad inicial, conjuntamente con la preocupación de evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder por parte del rey, príncipe o quienquiera representara el poder ejecutivo del gobierno; de ahí el interés por la legalidad. Si el Estado interfiere con la libertad de la persona debe hacerlo mediante una legislación general que debe aplicarse igualitariamente a todos y de allí que sean "iguales ante la ley".

Durante el periodo de liberalismo económico de principios y mediados del siglo XIX, se suponía que el Estado no debía interferir demasiado en la esfera privada, que coincidía aproximadamente con el ámbito regido por el derecho privado. Se consideraba que la desigualdad social o material no era un asunto que incumbía al Estado. La esfera privada era amplia y se incluía en la misma la mayoría de las actividades económicas, donde la desigualdad se volvió incontrolable.

Un ejemplo paradigmático al que se hizo mención en un acápite anterior es el de Dred Scott, caundo la Suprema Corte de los Estados Unidos aún en 1857 llegó a sostener que la esclavitud correspondía a la esfera privada puesto que era una forma de propiedad. Lo cual era, empero, muy difícil de conciliar con la idea de que todas las personas nacen y deben permanecer libres. En el transcurso del siglo XIX se abolió la esclavitud, pero para aplicar esta disposición los Estados debían extender su protección a personas que en caso contrario habrían sido tratadas como esclavos. De ésta y otras preocupaciones afines surgió la noción de que todos deben tener derecho a "igual protección de la ley". La ley no sólo debe respetar a todos los seres humanos sino que debe protegerlos activamente a todos por igual.

Para aplicar esta idea se estimó que era necesario garantizar la imparcialidad del sistema judicial, lo cual resultó, sin embargo, un proceso largo y difícil. La contratación social de los jueces y jurados procedía -en cierta medida aún es así- de un sector limitado de la sociedad; en la composición racial de la judicatura de las sociedades mixtas ha habido, hasta fechas muy recientes, una mayoría abrumadora del grupo dominante, y hasta hace sólo 20 años la judicatura de la mayoría de las sociedades ha estado compuesta exclusivamente por hombres.

No obstante, la igual protección de la ley no ha bastado para garantizar la igualdad de hecho. La industrialización y la urbanización acelerada complicaron las relaciones sociales y el campo de acción de la legislación se extendió ampliamente. Hubo que crear protección para las incapacidades provocadas por los accidentes industriales, para la falta de ingresos causada por la enfermedad, la edad avanzada o el desempleo. Así pues, la igual protección de la ley cobró un significado más amplio, abarcando también los derechos económicos y sociales, que culminan con la vasta enumeración de la Declaración Universal: derecho al trabajo, a la educación, a la salud, y a la participación en la vida cultural de la sociedad.

El eje de esta concepción se encuentra en el Artículo 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

Si los Estados tienen que cumplir lo establecido en la Declaración Universal y las convenciones o convenios correspondientes, deben tomar medidas que incluyan leyes relacionadas con los derechos sociales, económicos y culturales. En la medida en que sus leyes garanticen la protección, ésta debe concederse sin discriminación. Este tipo de leyes afectan no sólo a las actividades que controla el Estado, sino también a las actividades privadas. La mayoría de las posibilidades de empleo se encuentra en el sector privado; para aplicar el derecho al trabajo, el Estado, entre otras cosas, debe prohibir las políticas de discriminación de los empleadores privados. Se podrían citar otros ejemplos.

A pesar de todo, en lo que respecta a la esfera privada, el alcance del principio de igualdad y de protección contra la discriminación -y las obligaciones correspondientes de los Estados- sigue causando controversias. A principios de la década de 1960 este tema originó polémicas considerables en las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y los sistemas nacionales, incluso en los Estados Unidos. Dos factores llevaron al desenlace. En los años 1960 y 1961, numerosos países de Africa y Asia pasaron a ser miembros de las Naciones Unidas e hicieron valer sus prioridades, que condujeron a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965). Otro factor importante fue la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, que obtuvo sus grandes éxitos en el decenio de 1960 y que culminó con la ley de derechos civiles (Civil Rights Act) de 1964. Las victorias logradas en la eliminación del racismo también tuvieron influencia en la elaboración de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979.

Estas convenciones dan un nuevo paso adelante, más allá de los dos logros del pasado -igualdad ante la ley e igual protección de la ley. Las dos nuevas convenciones exigen la eliminación de la discriminación y se inclinan por la acción afirmativa, lo que supone un llamamiento a la creación de la igualdad por vía de la ley. Con miras a cumplir las obligaciones que le imponen estas dos convenciones, el Estado debe ser activo, y quizás más de lo que algunos consideran políticamente aceptable.

América latina fue la primera región que instauró un sistema regional. En mayo de 1948 la Novena Conferencia Interamericana aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración Americana se elaboró en un momento en que ya existían los proyectos de la Declaración Universal, pero se aprobó siete meses antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara esta última. Esta Declaración contiene no sólo derechos sino también deberes.

En 1959, se creó, en el marco de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1969, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, reunida en San José (Costa Rica), aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos existente se convirtió en un órgano de ejecución de la Convención. Se adoptaron asimismo

disposiciones para el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José. La Convención Americana entró en vigor en 1978, una década signada por las dictaduras militares en los países del Cono Sur de la región. En el contexto de estos regímenes de facto emergieron cuatro características recurrentes que ayudan a explicar las violaciones masivas de los derechos humanos: dualismo ideológico, corporativismo, anomia y concentración del poder.