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El siguiente trabajo está basado casi exclusivamente
en investigaciones conducidas a través de internet. Se ha utilizado
principalmente (1) la biblioteca de publicaciones Dow Jones, accesible
a través de la versión interactiva del Wall Street Journal.
Dicha biblioteca pone a disposición del usuario un banco de información
integrado por 5000 publicaciones periódicas de diversas partes del
mundo, con artículos de hasta catorce años de antigüedad. Posee
un poderoso motor de búsqueda que permite encontrar los artículos
de cualquiera de las 5000 publicaciones que, a lo largo de los años
para los que cada publicación está disponible, incluyen las palabras
claves que el usuario elige.
Por ejemplo, si en el motor de búsqueda se escribe
"London and mercenaries" (Londres y mercenarios),
éste identifica los artículos de diversas fuentes en cuyo texto
figuran estas dos palabras, y pone hasta un máximo de 200 de ellos
a disposición del lector, que puede abrirlos instantáneamente e
imprimirlos. La búsqueda se puede refinar hasta el infinito, modificando
las palabras.
Esta es una tarea que hace pocos años ni la CIA
podía realizar. Un investigador que trabajara en la Biblioteca del
Congreso de Washington DC, con acceso a todas las publicaciones
incluidas en la biblioteca interactiva de Dow Jones, hubiera requerido
meses para relevar los artículos publicados a lo largo de 14 años
de un sólo periódico. Ahora, desde una casa de familia se puede
realizar esta operación, no para una sino para cinco mil publicaciones,
en apenas diez segundos. De tal modo, una poderosa arma de inteligencia
se pone a disposición del público común.
Gracias al uso de medios similares, Lord Avebury
(conocido como el lord del internet) destapó la escandalosa complicidad
del gobierno laborista británico con los mercenarios que colaboraron
con un contragolpe en Sierra Leona, restituyendo un presidente depuesto
(2). Y gracias también a este portento tecnológico, se presenta
a continuación una masa de datos que, unidos unos con otros como
en un rompecabezas que permite ir más allá de la anécdota de una
noticia puntual, incrimina gravemente las prácticas políticas informales
de Europa y Estados Unidos en el Tercer Mundo. ¿Por cuanto tiempo
estará a nuestra disposición esta posibilidad, sin censuras? No
se sabe. Pero conviene apurarse a utilizarla.
Este trabajo tiene una intención teórica y normativa.
La enorme masa de datos sobre el uso de mercenarios en el Tercer
Mundo de parte de varios de los principales Estados del planeta
nos permite conocer mucho mejor el funcionamiento del sistema internacional
y su estructura.
Específicamente, en mi libro El Realismo de
los Estados Débiles (Buenos Aires: GEL, 1995), argüí que existen
tres tipos de Estados con funciones diferentes: los que mandan -porque
tienen el poder para establecer las reglas del juego (3)-, los que
obedecen -porque carecen de ese poder-, y los que sin tener el poder
para sentar las reglas del juego, se niegan a obedecer -son los
Estados paria que se revelan contra el orden, pagando un altísimo
costo en términos de marginación y pobreza-. El sistema es básicamente
jerárquico, aunque no lo es para el pequeño número de grandes potencias
ni para los Estados paria.
Los nuevos datos me permiten enriquecer este
diagnóstico. Además de tres tipos de Estado, en el sistema internacional
tienen vigencia por lo menos tres conjuntos de reglas de juego,
para tres diferentes conjuntos de países (que no se corresponden
totalmente con la clasificación anterior). Las grandes potencias
que implícitamente establecen esas reglas integran el primer conjunto.
Además, con la creación de la Unión Europea (un incipiente super-Estado)
aun los países pequeños de Europa occidental, sin peso político
o militar propio, pasan a formar parte de ese conjunto.
El segundo está constituido por aquellos
países en que, debido a un relativo orden interno, la riqueza no
es botín de guerra. Aunque no se lo reconozca explícitamente,
este es el limitado conjunto de países para los cuales conceptos
como el de los derechos humanos universales se consideran relevantes,
especialmente después del fin de la Guerra Fría. Es frente a ellos
que, a veces, se intenta aplicar un criterio extraterritorial
de justicia euro-céntrica, como en el caso del esfuerzo anglo-español
por enjuiciar al ex-dictador chileno Augusto Pinochet en Europa.
Finalmente, hay un tercer conjunto de países
en los que, debido a la anarquía interna, la riqueza es botín de
guerra. En estos países, la política de las grandes
potencias consiste prioritariamente en no auto excluirse de una
participación en el botín. Para ello, a veces resulta perentorio
acudir al uso de mercenarios para apoyar a la parte de un conflicto
que más beneficia a sus intereses. En este proceso, los mercenarios
y todas las partes involucradas violan derechos humanos masivamente,
mientras las potencias miran para otro lado.
Para ilustrar las diferencias, volvamos al caso
Pinochet. Respecto de su pedido de extradición a España, en Londres
se alegó que si se aceptara el principio de inmunidad de jefes de
Estado, éste tendría vigencia sólo a partir del momento en que el
eventual mandatario de facto fue reconocido internacionalmente.
Según este argumento, Pinochet sería imputable por los delitos de
terrorismo de Estado cometidos en el breve lapso que medió entre
su toma del poder y su reconocimiento de parte de los Estados que
aspiran a juzgarlo en sus propios territorios (4).
Pero he aquí que (como se verá en este trabajo)
casi todos los mandatarios del África sub-saharana fueron alguna
vez rebeldes que se levantaron contra el poder establecido y lucharon,
a veces durante años, con la complicidad de Estados europeos, Estados
Unidos, y sus mercenarios, violando derechos humanos
masivamente. En esa parte del mundo, los derechos humanos se violan
antes y después de llegar al poder, con la complicidad de las grandes
potencias.
Laurent Desiré Kabila, el sanguinario dictador
del Congo, es un caso paradigmático. ¿Porqué se lo tolera? Como
veremos abajo con amplia documentación, porque en el Congo la abundante
riqueza minera es botín de guerra, y las grandes potencias no están
dispuestas a sacrificar su participación en ese botín en aras de
sus principios. En su asalto al poder, Kabila fue apoyado por los
norteamericanos a la vez que los franceses apoyaban al dictador
eventualmente depuesto, Mobutu Sese Seko, con abundantes mercenarios.
No obstante, Kabila puede visitar París sin temer ser detenido por
crímenes de lesa humanidad, y no tanto porque sea un jefe de Estado
en funciones, sino porque detenerlo significaría perder el acceso
al oro y los diamantes congoleños. Por cierto, detenerlo no significaría
nada bueno tampoco: sólo incrementaría la anarquía de su país, y
con seguridad que no sería reemplazado por alguien mejor.
Las reglas del juego impuestas por las grandes
potencias son diferentes, sin embargo, en aquellos Estados periféricos
suficientemente civilizados como para que la riqueza no sea botín
de guerra, y donde además el bienestar de la ciudadanía es demasiado
importante políticamente, como para que pueda ser sacrificado apelando
a medidas confiscatorias contra las grandes potencias, que a su
vez marginen y arruinen al país. Es el caso de Chile. Si se apresa
a Kabila se pierden los diamantes, que en el Congo pertenecen de
hecho al dictador de turno. Pero si se apresa a Pinochet no se confiscará
una sola empresa británica o española, porque ello tendría efectos
muy serios sobre el bienestar de los chilenos, y la ciudadanía es
políticamente importante en Chile.
¿Cómo se explica, si no, no sólo que numerosos
dictadores depuestos deambulen ostentosamente por Europa, sino que
sus propios mercenarios jubilados sean apañados por sus Estados?
Véase por caso al mítico "coronel" Bob Denard, bordelés
de origen, por largo tiempo radicado en Sudáfrica y siempre protegido
por los franceses. Denard manejó la política de las Islas Comores
(un archipiélago que enfrenta la costa índica africana) durante
mucho tiempo. En 1975 derrocó al presidente Ahmed Abdallah y lo
reemplazó con un joven revolucionario, Alí Solih. Cuando en 1978
éste entregó el gobierno a adolescentes armados, Denard lo derrocó,
mató, y restituyó a Abdallah, convirtiéndose en su "protector"
a través de la guardia presidencial que comandaba, y que estaba
financiada por el gobierno sudafricano del apartheid. En 1989, cuando
Abdallah quiso liberarse de la tutela de Denard, fue muerto en un
"intento de golpe" sofocado por Denard. Nadie creyó en
esta fabricación, y menos la población local. Fuerzas francesas
rescataron al mercenario, que se retiró en una flotilla llegada
para restituir el orden desde la cercana isla de Mayotte (la única
de las Comores en que la población votó a favor de la continuación
de la soberanía francesa). Denard se refugió en Sudáfrica, que lealmente
retribuyó los favores recibidos cuando desde las Comores, permitió
que el régimen del apartheid estableciera allí una estación para
el control del tráfico naval, y para espiar electrónicamente las
comunicaciones de los campos de entrenamiento de Tanzania del African
National Congress (el partido sudafricano de Nelson Mandela,
entonces preso). En 1993, en las vísperas de la caída del régimen
del apartheid que lo amparaba, negoció su regreso a Francia, donde
estaba acusado de intentar un golpe de Estado en Benin en 1977.
Fue juzgado en París y declarado culpable, pero beneficiado por
una sentencia de cinco años en suspenso, de modo que se estableció
en Bordeaux, cerca de la residencia de varias de sus siete ex-mujeres.
Allí estableció una empresa de seguridad, y en 1995 intentó su último
golpe en las Comores, localmente exitoso pero luego desbaratado
por la intervención francesa. Fue apresado por sus compatriotas,
pero en julio de 1996 una corte de apelaciones francesa le devolvió
la libertad, junto con la de sus dos lugartenientes. La decisión
judicial (ejemplo de la lealtad francesa hacia franceses leales)
era una retribución por la discreción de Denard respecto de la infinidad
de intervenciones francesas que conocía en detalle (5).
¿Globalización de la justicia? Una lección que
emerge de las pruebas que se consignan a continuación es que no
hay tal cosa. Se trata más bien de una expansión extraterritorial
selectiva de la justicia de los países centrales, que intentan
asaltar jurídicamente a algunos de los países periféricos en los
que la riqueza no es botín de guerra. Allí dónde la riqueza sí es
botín, los países centrales no sólo son cómplices de las violaciones
de derechos humanos, sino que sus mercenarios participan de esas
violaciones con el guiño de sus gobiernos.
Decir que, así las cosas, las grandes potencias
carecen de autoridad moral, vale pero es una inocentada. Por otra
parte, rebelarse contra este nuevo imperialismo de las justicias
centrales sería auto-destructivo. Si Chile confiscara bienes británicos
en represalia, se encaminaría hacia la patética situación del Congo,
por el círculo vicioso de las sanciones británicas que seguirían,
en una escalada en la que el más débil sólo puede perder.
Pero la prudencia pragmática frente a lo inicuo
no excluye un juicio moral. En este trabajo demostraremos, entre
otras cosas, que los lores británicos que pretenden ser guardianes
de los derechos humanos en Chile son cómplices de sus violadores
en el África. Para colmo (Avebury por testigo) los lores lo saben.
Poner en el banquillo al terrorista de Estado Augusto Pinochet para
su enjuiciamiento en Europa, no ha sido sino una manera
de encubrir la complicidad europea con crímenes aún más abyectos.
Quien lea este trabajo no puede pensar otra cosa.
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También se utilizaron los motores de búsqueda
de las ediciones interactivas de algunos diarios y revistas
específicos, como el Excelsior de México y el Weekly
Mail and Guardian de Johanesburgo.
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Sunday Times, "Diamond dogs of war",
10 de mayo de 1998.
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Obsérvese que incluso las Naciones Unidas son
el producto de una victoria que dio derechos, en la Segunda
Guerra Mundial.
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También se alegó que la tortura no es jamás una
función legítima de un jefe de Estado, por lo que supuestamente
Pinochet siempre sería pasible de enjuiciamiento por este delito.
Nadie recordó, sin embargo, que la tortura es legal y está reglamentada
en Israel, no obstante lo cual si un ex-ministro de justicia
de ese país viaja a Londres, no será detenido por orden de un
juez español.
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Weekly Mail and Guardian (Johanesburgo),
6 de octubre de 1995 y 26 de julio de 1996.
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