ARCHIVOS: Informes de las misiones diplomáticas argentinas sobre la política racista Alemania y los paises de la Europa ocupada (1933-1945)

    La política antijudía en Bulgaria (1941-1943)


[En el expediente titulado "LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE CARACTER INTERNO. LEYES DE CARACTER ANTIJUDIO. GESTION EN FAVOR DEL CIUDADANO ARGENTINO NATIVO ILIAS M. BENSUSE", se incluyen una serie de notas que José A. Caballero, Encargado de Negocios de la Argentina en Bulgaria, envía a la Cancillería Argentina para explicar el alcance de las política  anti-judía y para pedir instrucciones sobre la forma de "proteger los intereses de los ciudadanos argentinos" judíos. (N. del C.)

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Fuente: AMREC, D.P. Bulgaria, 1941, Exp. 2, Nota No. 16, Sofía, 15/08/41

[En la primera nota enviada a la Cancillería argentina sobre la política racista en Bulgaria, José A. Caballero informa al Canciller Enrique Ruiz Guiñazu, que se promulgó la "Ley para el impuesto único sobre los bienes de las personas de origen judío" y que se decretó la "Resolución del Consejo de Ministros Nº 2387 sobre movilización civil". Con respecto a este último tema  solicita instrucciones para proteger a los ciudadanos argentinos afectados. (N. del C.)

Confidencial

Nota N° 16

Sofía, 15 de Agosto de 1941

Señor Ministro:

Tengo el honor de acompañar a la presente copias traducidas por duplicado, de la “Ley para el impuesto único sobre los bienes de las personas de origen judío” y de la “Resolución del Consejo de Ministros N° 2387”, sobre movilización civil, ambas arbitrarias e inspiradas sobre el sistema nazi.

Apenas tuve conocimiento de dichas resoluciones, solicité de este Ministerio la información, sobre la forma en que aplicarían con respecto a los ciudadanos argentinos. No obteniendo contestación alguna a pesar de haberla solicitado, ayer he remitido al Ministerio, la nota verbal que en copia y por duplicado acompaño también a la presente.

En Bulgaria, en el puerto de Bourgas hay dos ciudadanos argentinos nativos. Uno de ellos ha recibido la citación de la movilización, que hasta la fecha no se ha hecho efectiva y creo no se hará, pero también ha sido invitado a pagar en el término de un mes “por el impuesto único” la suma de 90.000 levas.

Ruego a V.E. se sirva instruirme sobre la conducta a seguir en esta emergencia, para proteger los intereses de ciudadanos argentinos.

Firma: José A. Caballero

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Fuente: AMREC, D.P., Exp. No. 2, “Dictámendel Asesor Letrado del Ministerio de RREE”, 24/09/44

[Dictámen del Asesor Letrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ricardo Marcó del Pont, sobre protección diplomática. El 30 de setiembre, se envía este dictamen al Encargado de Negocios de Argentina en Bulgaria, José A. Caballero. (N. del C.)

Nota Nº 390

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1941.

Señor Ministro:

La comunicación que dirige a V.E. el Encargado de Negocios ante el Gobierno de Bulgaria informa acerca de la ley referente al impuesto único sobre los bienes de las personas de origen judío y a la resolución sobre movilización civil, puestas en vigencia en dicho Estado, con motivo de las cuales el expresado Encargado de Negocios pasó al Ministerio respectivo una nota verbal, que pone en conocimiento de V.E. pidiendo al mismo tiempo instrucciones acerca de la conducta a seguir en vista de que en el puerto de Bourgas hay dos ciudadanos argentinos nativos, uno de los cuales ha recibido citación de movilización de invitación de pagar el impuesto único.

Creo que debe contestarse la nota del señor Encargado de Negocios haciéndole presente que se toma nota de la gestión promovida y que se espera un nuevo informe con respecto al resultado de dicha gestión, que tiene en vista salvaguardar la situación de dos argentinos radicados en Bulgaria.

Sin perjuicio de aprobar la conducta del señor Encargado de Negocios, estimo que debe hacérsele presente que la doctrina argentina acerca del amparo diplomático fue enunciada en el proyecto presentado por la delegación argentina a la Octava Conferencia Internacional Americana, reunida en Lima, el año 1938. En dicho proyecto se estableció que: “1° Las Repúblicas Americanas reconocen en favor de los extranjeros las mismas obligaciones y responsabilidades establecidas para los nacionales en sus constituciones, tratados y leyes. 2° La protección diplomática sólo será procedente cuando un extranjero sea lesionado en sus derechos por una acción u omisión que provenga de las autoridades de un Estado, sus funcionarios o empleados, y siempre que tales actos puedan reputarse como contrarios a los principios comúnmente aceptados por el Derecho Internacional. 3° La protección diplomática tendrá como límite, en todos los casos, el principio definitivamente consagrado por el Derecho Internacional de que el extranjero no puede aspirar a un tratamiento más favorable que el nacional”.

En esta forma creo que debe contestarse la nota del señor Encargado de Negocios ante el Gobierno de Bulgaria.

Fdo: Ricardo Marcó del Pont - Asesor Letrado

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Fuente: AMREC, D.P. Bulgaria, 1942, Exp. 2, Nota No. 4, Sofía, 19/03/42

[José A. Caballero comunica al Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Enrique Ruiz Guiñazú, que las autoridades búlgaras no dieron respuesta a sus gestiones relacionadas con el caso de Ilias Bensuse. Caballero adjunta una carta –fechada 2 de enero de 1942,  Burgas-  en la que el ciudadano argentino, Bensunse, se refiere a las consecuencias de la aplicación de las leyes discriminatorias y a los perjuicios que estas medidas le ocasionaron. (Esta carta se publica a continuación de la nota No. 4) (N. del C.)

Confidencial

Nota N° 4

Sofía, 19 de marzo de 1942

Señor Ministro:

Refiriéndome a mi confidencial N° 16 de agosto 15 del año ppdo. y a la de V.E. N° 31 del 30 de setiembre, tengo el honor de informar a V.E. que hasta la fecha no he tenido respuesta a mi gestión. Para mejor información cúmpleme agregar a la presente la carta recibida del ciudadano argentino D. Ilia Bensuse, explicando su caso. El Señor Bensuse es el único ciudadano argentino nativo residente en Bulgaria.

He podido evitar que se le movilice, y he hecho una nueva gestión, para que se le permita seguir ejerciendo su comercio, esto último no ha sido aún resuelto.

Fdo: Caballero.

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Burgas, 2 de Enero de 1942

Señor José A. Caballero

Encargado de Negocios Argentino

Sofía.-

Señor Encargado de Negocios:

En el mes de Enero de 1941, se ha publicado una ley bajo el título “Ley para la Defensa de la Nación” con el fin principal de determinar cuáles son las personas de origen judío, sus derechos y obligaciones.

Esta Ley y todas las demás suplementarias que han sido publicadas con relación a ésta, se refieren no sólo a los ciudadanos búlgaros de origen judío, sino también y a los ciudadanos extranjeros de origen judío, es decir también a los argentinos. La ley para la defensa de la nación determina cuáles son las personas de origen judío y estas personas sin atención a su nacionalidad, quedan sometidos a restricciones y obligaciones.

En virtud de esta ley, he sido obligado dar una declaración detallada ante el Banco Nacional de Bulgaria respecto al estado de mis bienes —muebles e inmuebles— habiendo además sido sometido a muchas restricciones, comerciales e industriales y de la vida privada.

Para la aplicación del art. 25 de la ley para la defensa de la nación, se ha publicado un Reglamento con el cual se determina las profesiones, los comercios e industrias pertenecientes a personas de origen judío, que puedan existir en el país. En virtud de este Reglamento, mi negocio también tendrá que ser liquidado, debiendo además depositar el importe de la liquidación en un Banco búlgaro. De este importe puedo disponer exclusivamente con permiso del Banco Nacional de Bulgaria. Como ve V.S., estoy de esta forma, sometido a un régimen igual al de los individuos condenados por graves crímenes. La única forma que la ley permite evitar la liquidación de un negocio perteneciente a persona de origen judío, es la formación de una sociedad en la cual la participación de capital búlgaro debe ser 51% minimum con el derecho de los participantes búlgaros de la exclusividad absoluta de la administración.

De lo que precede consta que yo, ciudadano argentino, estoy sometido a un régimen que me va arruinar.

En el diario oficial N° 151 de la 14 VII de 1941, se publicó la “Ley sobre el impuesto único sobre los bienes de las personas de origen judío”. Según esta ley, todas las personas de origen judío pagarán un impuesto de 20% sobre los bienes hasta levos 3.000.000. y de 25% por los que despasan este importe. Pagarán este impuesto y los judíos de nacionalidad extranjera, es decir y los argentinos.

Considero que las personas de nacionalidad extranjera, respectivamente los argentinos, no pueden ser sometidos al pago de este impuesto, visto que dicho impuesto, según la ciencia económica y financiera no es ningún impuesto, pero confiscación de bienes de un grupo de ciudadanos. El Estado búlgaro es libre de hacer la reparticipación de sus ciudadanos en categorías: origen, religión, bienes etc. imponer impuestos, confiscar bienes, pero no puede proceder de la misma forma con los extranjeros resp. los argentinos, siendo esto un acto de infracción del derecho y de los costumbres internacionales.

Debo hacer presente, ante todo, que mi capital y mis bienes son argentinos, porque pertenecen a un argentino nativo. En el caso, según las leyes argentinas, no tiene importancia si el ciudadano es de origen latino, judío u otro. Del momento que en mi calidad de argentino poseo un capital, éste debe ser protegido como argentino, sin atención a mi origen, religión, etc. La constitución argentina no admite la discriminación de los ciudadanos según el origen y en el extranjero no hay derecho de admitir dicha discriminación.

Según lo he dicho más arriba, el impuesto en cuestión no es impuesto según la ciencia económica y financiera, sino que simplemente una confiscación oculta de capital. Que esto es así, no cabe ninguna duda. El impuesto directo se cobra por el Estado por la actitud económica, comercial etc. de las personas físicas y jurídicas y dicho impuesto se paga sobre los provechos, los beneficios que los ciudadanos tengan de esta actitud. Para que se llame un impuesto “impuesto directo” es absolutamente necesario que éste sea cobrado de todos los ciudadanos, sin privilegios o excepciones (art. 69 de la constitución búlgara). Además, el impuesto para que tenga este carácter debe ser incondicional y referirse a todos los ciudadanos, porque teóricamente todos los ciudadanos son iguales entre ellos (art. 57 de la constitución búlgara). Del momento que este impuesto no se cobra de todos los ciudadanos búlgaros, sino que solamente de una categoría de éstos, sin atención a sus profesiones, es claro que no se trata de impuesto, pero de una confiscación parcial de capital de un grupo de ciudadanos. Es indiscutible que cada país es soberano y puede proceder con sus ciudadanos según le parece, considerando sus actas como cuestión de política interior, pero cuando dadas medidas tocan a los intereses de ciudadanos extranjeros resp. argentinos, no es más cuestión interior. Debo hacer presente que en el caso es sin importancia la denominación de la ley con la que se decreta la confiscación de una parte de los bienes, sea que éste se llame “Ley para la confiscación o ley para el impuesto único. Lo importante son las estipulaciones de la ley. Del momento que esta ley no toca a todos los ciudadanos y no se refiere a la actitud comercial, no trata de impuesto sino de confiscación.

En el diario oficial N° 159 de 23 VII 1941, se publico un decretó del Consejo de Ministros, según el cual en virtud de los art. 31 y 15 al .2 de la ley para la movilización civil, movilízanse civilmente todos los ciudadanos extranjeros de origen judío. En virtud de este decreto, estos ciudadanos extranjeros serán sometidos al trabajo obligatorio para hacer carreteras, canalizaciones etc., etc. Según la Ley de la movilización civil, publicada en el diario oficial N° 100 de 4 de mayo de 1940, el art. 15 al .2 decreta que los ciudadanos extranjeros pueden ser también movilizados civilmente para las necesidades de la movilización civil conforme a las disposiciones en la materia, para los ciudadanos búlgaros. Según el art. 4º A del Reglamento respectivo; pueden ser movilizados todos los ciudadanos búlgaros de 16 hasta 70 años y los extranjeros en caso de “Necesidad”. En virtud de dicho artículo, para que sean movilizados los extranjeros, es indispensable: 1) la movilización de los ciudadanos búlgaros y 2) que sea Necesario. Las personas civilmente movilizadas tienen como objeto de reemplazar a los movilizados militarmente, en caso de calamidades —incendios, inundaciones, terremotos, etc. Las personas civilmente movilizadas no pueden ser enviados a campos (de concentración) para trabajar en las carreteras, canalizaciones etc., según ordena el dicho decreto ministerial, cuyas ordenanzas no son conformes ni a la ley búlgara ni al derecho internacional. Los extranjeros en ningún caso no pueden servir en los ejércitos extranjeros y este decreto ministerial es de todos los puntos jurídicos ilegal. Consta indiscutiblemente que los extranjeros se consideran movilizados militarmente, según el art. 4 del Decreto, en el cual se dice “que con respecto a los movilizados se aplicara la disposición N° 7 de 13 II 1941 publicado en el diario oficial N° 35 de 17 II 1941, en el cual se hace constar que los extranjeros movilizados están también sometidos a los tribunales militares por todas las infracciones, es decir considerados como haciendo parte del ejercito búlgaro.

De los que precede consta indubidablemente que se toman en este país medidas que alteran los derechos elementales de la libertad personal y de los bienes privados y esto únicamente de una parte de los habitantes, sin atención a su nacionalidad. Considero que esto es una infracción flagrante a la constitución búlgara y al derecho internacional, ademas, que mi país, la Argentina, no admite ninguna diferencia entre sus ciudadanos.

En el caso que todos estos decretos serán aplicados como para todos los extranjeros así y para los argentinos, mi situación material será arruinada.

Por este motivo ruego a V.S. se sirva hacer todo lo posible para amparar mis intereses que son intereses argentinos y dándole de antemano mis más sinceras gracias, saludo a V.S. con mi mayor y distinguida consideración.

Fdo: Ilias M. Bensuse.

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Fuente: AMREC, D.P. Bulgaria, 1942, Exp. 2, Nota No. 7, Sofía, 31/08/42

[El 31 de agosto de 1942, José A. Caballero envía una extensa nota, de carácter confidencial, donde hace referencia a tres leyes recientemente promulgadas que afectan "únicamente a personas de origen judío". Destaca que "con la Ley para la Defensa de la Nación se logra la ruina moral de todas las personas de origen judío y con la ley para el impuesto único, la ruina material". A partir de esto, insiste en la necesidad de otorgar protección diplomática a ciudadanos argentinos nativos de religión judía residentes en Bulgaria. (N. del C.)

Confidencial N° 7

con 7 hojas y un anexo

Sofía 31 de Agosto de 1942

Señor Ministro:

Hasta la fecha se han votado en este país, tres leyes principales que se refieren casi únicamente a las personas de origen judío y éstas son las siguientes:

            Ley para la Defensa de la Nación

            Ley para el impuesto único sobre los bienes de las personas de origen judío

            Ley contra la especulación de los bienes inmuebles.


            Ley para la defensa de la Nación.

Compuesta de dos secciones, la primera trata de organizaciones secretas e internacionales y la segunda, la más importante por su contenido y sentido (5 hojas de las 7 de la ley) trata las restricciones para las personas de origen judío. Dícese restricciones, pero en realidad se trata de la abolición casi completa de todos los derechos del ser humano, a pesar que estos derechos están estrictamente definidos en la Constitución del país. Según esta ley, los ciudadanos de origen judío forman parte de una categoría especial, en el sentido de esta ley. En esta categoría entran además de los ciudadanos búlgaros de origen judío, los extranjeros del mismo origen, sin consideración de su nacionalidad o su calidad de transeúnte.

Toda persona de origen judío no tiene derecho:

1) ejercer su profesión,

2) gozar de las libertades de los demás ciudadanos o habitantes,

3) salir del país sin permiso especial,

4) formar parte pasiva o activa de sociedades culturales etc. etc. etc.

Todas las personas de origen judío, quedan según esta ley sin trabajo, es decir el comerciante, sin comercio el médico, el dentista, el ingeniero etc. etc. sin trabajo, con excepción de un número muy limitado llamado “Numerus Clausus” y de trabajadores y empleados subalternos para los cuales surgen cada día nuevas dificultades. Quedan sin trabajo familias innumerables, sin la pequeña posibilidad de ganar su pan. De una categoría de ciudadanos trabajadores, que han fundado casi la mayor parte del comercio y especialmente de la industria del país, de médicos, dentistas, ingenieros, farmacéuticos, periodistas, etc. etc. se forma una categoría de sin trabajadores, sin los derechos elementales del ser humano.

Además de las restricciones de orden económico, todas las personas de origen judío están sometidas a restricciones individuales y algunas de estas son las siguientes:

“Prohibición de salir de casa desde las 21 hasta las 6 de la mañana. Prohibición de tener radio de tener teléfono en casa. Salir de la ciudad, del domicilio sin permiso especial, aun cuando se trate de los alrededores. Interdicción en los sitios de veraneo o balneario.”

La ley confiere, además, el derecho al Consejo de Ministros de trasladar de un barrio a otro, de una ciudad a otra, a las personas de origen judío. Hasta este momento, el Consejo de Ministros no ha usado de esta parte de la ley.

            Impuesto único sobre los bienes de las personas de origen judío

El resumen de esta ley es el siguiente:

“Todas las personas de origen judío, pagarán un impuesto único que se eleva a 20 % sobre los bienes hasta 3.000.000 y de 25% sobre los superiores a este importe.”

Teniendo en cuenta, no obstante, que la mayor parte de las víctimas de esta ley, no tienen y no tendrán posibilidad de pagar este impuesto en los plazos fijados y para facilitar este pago, el artículo de la misma, bajo el numero 15 dice lo siguiente:

            “En el caso de que los 75% de los bienes inmuebles o haberes sean difícilmente liquidables, el Ministro de Hacienda puede autorizar una prórroga de año y medio, para que el interesado tenga posibilidad de concluir empréstitos o de vender una parte de los bienes. Por el plazo de la prorroga se pagará 1% de interés mensual o parte del mes.

De lo que precede resulta que el deseo del legislador búlgaro ha sido sacar de las personas de origen judío el 25% de los bienes y dar al mismo tiempo a los interesados la posibilidad, en un plazo de año y medio, de cumplir con las exigencias de la ley. A primera vista y para los profanos en la aplicación, esta ley no parece ser tan grave y terrible. Pero la verdad es que con la ley para la Defensa de la Nación se logra la ruina moral de todas las personas de origen judío y con la ley para el impuesto único, la ruina material.

Ante todo hay que subrayar que el Ministro de Hacienda, con una orden general, ha negado a todos, sin excepción, el derecho de aprovechar las facilidades que el legislador en el art. 15 arriba citado ha querido dar a los interesados para permitirles cumplir con las exigencias de la ley. De modo que todos, sin excepción, deben pagar en los plazos improrrogables los impuestos.

Toda persona de origen judío dio una declaración por sus bienes muebles e inmuebles. Dicha declaración se ha examinado por los agentes del fisco y de dicho examen ha resultado casi para todos, que el impuesto se ha elevado a 50-100% sobre los bienes.

Sigue un ejemplo concreto. Fulano declaró lo siguiente:

Muebles varios             por levos            100.000.-

Joyas               por levos            50.000.-

Un inmueble                 por levos            1.500.000.-

Varios total                  por levos            20.000.-

            Total            Levos            1.670.000.-

El agente del fisco y según el caso el perito respectivo dice lo siguiente:

Muebles valen              Levos            200.000.-

Joyas               Levos            150.000

Casa                Levos            3.000.000.-

Varios              Levos            50.000.-

            Total                Levos            3.400.000

Según la declaración del interesado, él tiene que pagar 20% sobre levos 1.670.000 es decir levos 334.000 y según el fisco 25% sobre levos 3.400.000 es decir levos 850.000 y como en realidad los bienes al precio efectivo del día no valen más que el importe declarado, resulta que el impuesto a pagar se eleva a 50% y no a 20% como exige la ley.

Veremos ahora, cómo el interesado puede pagar su deuda. Lo primero, le venden en subasta los muebles y las joyas a precios muy inferiores y luego le dicen que se le otorgará posiblemente autorización para hipotecar la casa en la medida de los impuestos debidos. Estas autorizaciones no se han otorgado, con pequeñas excepciones, en espera de una otra ley, llamada “Ley contra la especulación de bienes inmuebles”. Por consiguiente, el interesado ha perdido sus muebles, sus joyas y demás y queda pendiente con su casa, a disposición del Estado.

Entretanto, publícase la nueva ley, llamada contra la especulación de bienes inmuebles y en ella se dice, que las personas de origen judío no tienen derecho a la posesión de bienes inmuebles con excepción de lo indispensable para vivir. Lo superfluo se expropia a favor del Estado, pagando éste el valor en obligaciones por 20 años y al precio declarado por el interesado en su declaración para el impuesto único, sin atención a la apreciación que los órganos del Estado han dado a este inmueble y según la cual, cobróse el impuesto.

Del inmueble en cuestión, déjase en propiedad del propietario, un departamento para vivir y esto el peor que haya, la buhardilla, sin comodidades u otro sitio de la casa. Exprópiase en general, el departamento en donde vive y los de los demás inquilinos.

Por el inmueble expropiado, menos el importe según apreciación del Estado, pagárase el importe según su declaración, es decir levos 1.500.000, a pesar que se pagó el impuesto sobre levos 3.000.000. El interesado tendrá que recibir levos en obligaciones 1.500.000 y con ello, por lo menos desearía pagar su impuesto. Sin embargo, una nueva orden del Ministro de Hacienda niega esta posibilidad y dice que no puede ser. Una nueva ley arreglará esta cuestión. Esta ley votada por Decreto, dice:

            Las personas de origen judío que no hayan pagado el impuesto en total, no podrán obtener el importe en obligaciones por el pago de los bienes inmuebles expropiados y estas obligaciones serán vendidas en subasta, por el Estado, para pagar dichos impuestos y esto, después de la liquidación completa de los demás bienes.

Como consecuencia de todo lo que precede, el resultado es el siguiente:

Fulano declaró sus bienes por valor de Levos            1.670.000

El Estado los apreció por valor de levos            3.400.000

Debe pagar impuesto según la ley    Levos            850.000

            Para pagar estos impuestos le han vendido:

los muebles “en subasta” por levos            100.000

El Estado le expropia la casa por el importe de 1.500.000 a pesar que para cobrar el impuesto el precio es de 3.000.000. Como no tiene posibilidad de pagar, las obligaciones por levos 1.500.000 serán vendidas en subasta y según las previsiones no podrán obtener ni siquiera 30/40% del valor, o sea            Levos            600.000

Total obtenido por la liquidación de todos los bienes Levos            700.000

Impuesto a pagar   Levos            850.000

Saldo menos            Levos            150.000, es decir que después de la liquidación de todos los bienes, el interesado queda deudor hacia el fisco y como no posee nada más, deberá soportar las sanciones de la Ley por el restante.

En virtud de los poderes que el Congreso búlgaro, a petición del Ministro del Interior, ha conferido al Consejo de Ministros por todo lo que se refiere a las personas de origen judío, este Consejo ha decretado una Ley, en virtud de la cual, todas las declaraciones sea por el impuesto único o por la expropiación de los inmuebles que han sido firmadas por apoderados, debían llevar adjunto, en la fecha de entonces, el poder respectivo debidamente legalizado por la autoridad pública, cuando se trata de personas extranjeras, este poder pudiendo ser no legalizado, cuando se trata de personas de la misma familia. Todos los bienes de las personas que no hayan incluido en la fecha de la declaración el poder respectivo, serán confiscados a favor del Estado. Como en las leyes respectivas no había ninguna mención de esta obligación, casi nadie incluyó el poder respectivo, y como consecuencia, todos los bienes de estas personas serán confiscados.

Las decisiones respecto a las expropiaciones en virtud de la Ley contra la especulación de bienes inmuebles son definitivas y el interesado no tiene derecho a reclamación por vía judicial.

Dicen que el Consejo de Ministros votará más decretos respecto a las personas de origen judío. Estos decretos tendrán importancia únicamente para las personas cuyos bienes, de una forma u otra, no han sido definitivamente expropiados. Estas son las que han liquidado los negocios o tendrán que liquidar, las que tienen ahorros en los bancos, bloqueados ya, según otro decreto, debiendo todos depositar los importes de las liquidaciones en el Banco del Estado, en cuentas bloqueadas.

Entretanto, al terminar este despacho, se ha publicado ya una Orden que tiene fuerza de Decreto-Ley, con la cual se pone definitivamente fin a todas las cuestiones tratadas anteriormente. Según esta orden, se confiere a una Comisaría especial, el derecho de disponer de todos los bienes y de las libertades de las personas de origen judío, sin atención a sus nacionalidades. Todas estas personas, sin excepción alguna, deben liquidar sus negocios, depositar sus bienes, si les ha quedado alguno, sus ahorros, numerario etc. etc. y en general todo lo que pudiera servir para la existencia del ser humano. El comisario podrá, a petición del interesado adelantar, si éste tiene depositados haberes, un importe mensual para su existencia, que no puede exceder en ningún caso de levos búlgaros 6.000, sin atención al número de miembros de la familia. Todas estas personas deben ser trasladadas de Sofía, a otros sitios o a campos de concentración. El presupuesto de esta comisaría especial será cobrado de los haberes bloqueados de las personas de origen judío y como primera aportación, trasládase en una cuenta especial a favor de la Comisaría, de 6 a 12 por ciento de todos estos haberes, según su importancia.

Estos casos se me han presentado personalmente y en mi carácter de representante diplomático argentino. Personalmente, me refiero al propietario de la casa que ocupa la Legación que ha sido expropiada a pesar que la renta que producía era su único recurso. En mi carácter de representante diplomático de mi país, me refiero a mi nota confidencial 16 de 15 de Agosto de 1941 y confidencial 4, del 19 marzo ultimo. Mi gestión no dando ningún resultado, el ciudadano argentino nativo Señor Ilia Bensusse, comerciante de la ciudad de Burgas, es víctima hoy de todas las disposiciones que son el objeto de la exposición que antecede.

En casi todos los países que están hoy bajo la influencia nazi existen leyes y reglamentos para los israelitas, pero sólo aquí tienen carácter brutal, sin atención al derecho internacional. En Rumania acaba de promulgarse un decreto que dice:

            “los bienes inmuebles urbanos, propiedad de judíos ciudadanos extranjeros, no son sometidos a expropiación por el Estado Rumano. Con estos inmuebles se procederá de conformidad con las leyes para los judíos de los países de sus nacionalidad respectiva; cuando éstos tienen domicilio en Rumania. Esta ley tiene como base las relaciones internacionales entre los varios países; que no pueden ser modificadas, en ningún caso, por ley interior.”

Esto ha sido publicado por el diario de Sofía “Dnevnik” del 21 de agosto p.p. Adjunto recorte y copia traducción.

Firma: José A. Caballero

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 Fuente: AMREC, D.P. Bulgaria, 1943, Exp. 2, Nota No. 5, Sofía, 1/03/43

[El 1 de marzo de 1943, en una nota a la Cancillería, Caballero hace referencia a la creciente gravedad de la situación de los ciudadanos argentinos judíos en Bulgaria.] (N del C)

 

Confidencial

Nota N° 5

Sofía, 1 de Marzo de 1943

Señor Ministro:

Tengo el honor de elevar al conocimiento de V.E. que los dos únicos ciudadanos argentinos nativos, domiciliados en Bulgaria, han sido movilizados para el trabajo obligatorio, según la resolución del Consejo de Ministros búlgaro, cuya copia ha sido remitida a ese Ministerio por nota confidencial N° 16 de 15 de agosto de 1941. 

Esta Legación realizó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, varias gestiones para liberar a los citados argentinos de este trabajo obligatorio, que es incompatible con los derechos y la dignidad del ciudadano extranjero domiciliado en país extranjero.

Llamando la atención de V.E. sobre el contenido integral de la resolución del Consejo de Ministros de Bulgaria, en virtud de la cual los extranjeros son susceptibles de movilización civil, debo subrayar el hecho que esta obligación tiene aplicación únicamente para una categoría de ciudadanos domiciliados en Bulgaria, colocando en ésta, los ciudadanos extranjeros de origen judío, al mismo nivel de los individuos sin patria/Nansen/y los que entraron en el país como desertores. Los ciudadanos búlgaros no están sometidos a esta obligación, según el mismo decreto. En los artículos 2 y 3 de esta resolución, se nota claramente que no se trata de una ayuda que los extranjeros domiciliados en el país deberían prestar en caso de necesidad para el interés nacional, pero de una simple esclavitud, adornada además con una humillación física y moral.

Los movilizados de esta categoría, constituirán grupos especiales de trabajadores, sin ningún derecho debido comúnmente a los que cumplen un deber hacia su Patria o país extranjero y no gozarán, dice el mismo decreto, de las facilidades concedidas según las estipulaciones de la ley para la movilización. Para colmar la injusticia y subrayar la humillación, éstos llevarán obligatoriamente una señal distintiva para diferenciarlos del Ejercito de trabajadores.

Adjunto remito copia de la última nota-verbal dirigida a este Ministerio de Relaciones Exteriores, en contestación a su nota, cuya copia anexo también, en la cual consta que esta Legación protestó enérgicamente por este acto arbitrario hacia los ciudadanos argentinos. El Ministerio contestó verbalmente que no puede dar satisfacción a esta intervención.

He dado cuenta en varias notas de la situación en la que se encuentran los dos ciudadanos argentinos, con respecto a las leyes especiales contra las personas de origen judío y no he recibido, hasta ahora, ninguna instrucción que me permita, además de las gestiones que se me imponen para la defensa de los intereses argentinos, realizar y de conformidad con el criterio de la superioridad sobre una materia de leyes especiales, aplicadas a individuos que gozan en nuestro país de todos los derechos e igual tratamiento ante las leyes y son considerados en este país, como personas sin defensa y a las cuales se puede imponer una esclavitud moral y material.

Los artículos 1, 2 y 3 de la doctrina enunciada en el proyecto presentado por nuestra delegación a la octava conferencia de Lima de 1938, a que se alude en la nota confidencial N° 31 de fecha 30 de setiembre de 1941, de ese Ministerio, no tiene aplicación, a mi parecer, en los casos que he citado en mis varias notas respecto al tratamiento de los ciudadanos argentinos de origen judío, porque se trata, en la ocurrencia, de un estado jurídico unilateral que impone servidumbres y obligaciones a una sola parte de los domiciliados en el país y las cuales no están sometidos los nacionales mismos. Deróganse y se alteran los principios elementales y fundamentales de la Constitución de este país, hacia los ciudadanos argentinos, principios que no permite en ningún caso hacer diferencia entre los habitantes. Todas las leyes especiales que se han votado hasta ahora y que son en detrimento de la Constitución del país, tienen aplicación únicamente contra las personas de origen judío, sin atención a su nacionalidad.

La situación de los ciudadanos argentinos, como consecuencia de estas leyes, es desesperante. Ellos han tenido que pagar un impuesto especial que los ha arruinado, no aplicable a los búlgaros, liquidar su negocio, depositar todos sus bienes en el  Banco Nacional búlgaro y cumplir una esclavitud por un plazo indeterminado.

Firma José A. Caballero

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Fuente: AMREC, D.C.A., Varios, Exp. 57/1944, IV Parte, Folios 97-101 y D.P. , Varios, Exp. S/N, 1945, folios 78-80

[El 31 de agosto de 1943, Ricardo Marcó del Pont se expide en relación al caso de  los ciudadanos argentinos judíos. El Embajador Caballero recibe instrucciones indicándole que actúe en favor de los argentinos involucrados, ya que "la libertad es uno de los atributos de la persona que no puede ser desconocido por ningún Estado".[1]

 

Nota Nº 851

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943.

Señor Ministro:

El señor Encargado de Negocios ante el Gobierno de Bulgaria se dirige nuevamente a V.E. por nota del 1° de marzo del corriente año, sobre la situación de los ciudadanos argentinos nativos, señores Ilia y Jaime Bensuse, expresando que ha realizado varias gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país, para liberar a los citados argentinos de las normas acerca del trabajo obligatorio a que han sido sometidos. El referido Ministerio respondió en nota verbal que “las autoridades competentes le han hecho conocer que los nombrados súbditos argentinos no serán llamados a cumplir con el servicio militar, dada su condición de argentinos, pero tendrán que cumplir una prestación obligatoria en el Ministerio de Trabajos Públicos”.

Dicha prestación obligatoria había sido establecida por decreto en el que se disponía la movilización civil de los ciudadanos extranjeros de origen judío, con el fin de ser sometidos al trabajo obligatorio para construir obras públicas. Ese decreto se dictó en virtud de que la ley de movilización civil disponía que los ciudadanos extranjeros podrían ser movilizados civilmente, conforme a las disposiciones que rigen para los ciudadanos búlgaros.

En vista de los antecedentes que suministra el señor Encargado de Negocios, estimo que debe dársele instrucciones para que intervenga ante las autoridades de Bulgaria a fin de obtener que los ciudadanos argentinos que han sido sometidos a trabajos forzados obligatorios sean eximidos de esa prestación, ya que ella es atentatoria a los derechos de libertad de que deben gozar. La situación especial en que se encuentran en Europa las personas de origen judío, dados los principios políticos que allí imperan en la actualidad, no es razón para privar a ciudadanos extranjeros del derecho a su libertad. Las medidas de orden económico que hayan sido tomadas por los Estados, aún con respecto a extranjeros, no dan lugar a reclamación diplomática, puesto que han sido tomadas con carácter general para los nacionales y para los extranjeros de raza judía; en cambio, las medidas que han sido dictadas contra la libertad personal de ciudadanos argentinos, autorizan una reclamación desde que la libertad es uno de los atributos de la persona que no puede ser desconocido por ningún Estado, pues el hacerlo implicaría colocarse fuera de la comunidad internacional.

La gestión del señor Encargado de Negocios ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bulgaria, debe tender a que los ciudadanos argentinos, señores Ilia y Jaime Bensuse, sean prontamente eximidos del servicio de trabajo obligatorio que se les ha impuesto.

Fdo: Ricardo Marcó del Pont - Asesor Letrado.  

NOTA

[1]- A partir de este dictamen, la Cancillería argentina resuelve "gestionar se exima a Ilia y Jaime Bensuse de trabajos obligatorios por no tratarse de medidas generales para todos los habitantes de Bulgaria sino para los judíos". El 30 de octubre de 1943, en telegrama cifrado, el Embajador Caballero informa sobre la liberación efectiva de los hermanos Bensuse. Documentos posteriores (AMREC, DCA, Varios, Exp. 57/1944, Cuarta Parte, folios 97 a 101 y AMREC, DP, Varios, Exp S/N, 1945, folios 78 a 80) dan cuenta del paradero de los Bensuse. Jaime logró llegar a la Argentina, Elías continuaba gestionando su salida de Bulgaria en 1944.

 


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